LA INFORMACIÓN DEL EJÉRCITO CUESTIONADA

Como exorcismo de circo, el truco del perdón innominado, que se saltea varios casilleros para eludir responsabilidades y ocultar complicidades, revelaba, esta semana, la ansiedad temerosa que provoca el dato de realidad elocuente, insoslayable, y a la vez lanzaba una cortina de humo: las exhumaciones de la chacra de Pando y del Batallón 13, además de demostrar el inevitable afloramiento de la verdad, subrayaban las contradicciones. Los dos hallazgos comparten el hecho primario del rescate de los restos de dos desaparecidos, que dejarán de serlo. Pero también confirmaban las sospechas que se espesan desde hace más de tres meses: en tanto que los datos concretos aportados por la Fuerza Aérea eran una contribución sincera para el hallazgo de los restos de dos prisioneros desaparecidos, cuyas identidades, circunstancias y ubicación fueron detallados en el informe elevado al presidente de la República, las “novedades” aportadas por el Ejército siguen siendo imprecisas, elusivas, y muy probablemente falsas.
La diferencia esencial entre los dos sucesos es que el hallazgo del cuerpo en el Batallón 13 no fue resultado de los trabajos orientados por el informe del Comando del Ejército, elaborado en función de los datos que habrían aportado los oficiales directamente implicados en los asesinatos. Por el contrario, el hallazgo fue posible por una comunicación anónima que incluía un croquis detallado del lugar donde fue enterrado el prisionero, cuya identidad se intenta establecer por los estudios forenses y por los exámenes de adn. Los datos aportados por el Ejército siguen demostrándose ineficaces, por decirlo de alguna manera.
Más aun: el descubrimiento de esa tumba clandestina revela, en principio, una falsedad del informe brindado por el Ejército. En el documento se afirmaba que los desaparecidos enterrados en el Batallón 13 habían sido exhumados a fines de 1984, en lo que se llamó la Operación Zanahoria. El esqueleto intacto encontrado el viernes 2 demuestra que, en todo caso, las exhumaciones no incluyeron a todos los desaparecidos enterrados en ese batallón y cuyo número es también motivo de confusión.
Raúl Olivera, miembro de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, comentó: “Es difícil plantearse sorpresa sobre estas cosas. Lo que nos podría sorprender sería que las versiones que han estado dando los militares durante este período hayan sido verdad. Y lo que demostraron los últimos acontecimientos es que continuamente se ha mentido, se ha dado información falsa y, en algunos casos, teniendo información se ha ocultado”. Olivera hizo mención al informe final de la Comisión para la Paz, “que ubica a todos los desaparecidos en el Batallón 14, y que (según afirma) posteriormente fueron incinerados y tirados al mar. Ahora, la aparición del cuerpo en la chacra de Pando nos hace acordar la versión de los chilenos. Cuando se hizo la mesa de diálogo para ver cuál había sido el destino de los desaparecidos, los militares dieron hasta las coordenadas de dónde se habían tirado al mar los cuerpos, que luego aparecieron en los cuarteles”.
La información anónima, con el croquis, fue determinante para establecer la contradicción en la que el Ejército sigue incurriendo y que, tras el impacto del hallazgo, replantea la necesidad de adoptar medidas para que los dueños de los secretos sean obligados a revelarlos de una buena vez y sin subterfugios. No es un dato menor el que dicha información fuera no sólo entregada a la Secretaría de la Presidencia sino que llegara, simultáneamente, a los despachos de algunos legisladores y a manos de algunos periodistas. La multiplicidad de destinatarios angostó las posibilidades de eventuales manipulaciones, dictadas por prioridades emergentes de negociaciones y consultas con los militares, manipulaciones que se reiteraron al comienzo de los trabajos en el Batallón 13.
Aún están por realizarse –al menos no se ha informado sobre resultados– los exámenes del conjunto de huesos hallados por los técnicos de la Facultad de Ciencias al comienzo de los trabajos en el Batallón 13, que permanecieron en una especie de limbo durante más de 45 días y que finalmente provocaron el desplazamiento del equipo que los encontró. En el conjunto de episodios poco claros que rodeó los trabajos iniciales, destaca hoy, a la distancia, la inexplicable controversia sobre la utilización de un georradar (un instrumento que permite una especie de ecografía del subsuelo) que los técnicos estimaban indispensable para la prospección. El georradar hubiera permitido la ubicación de la fosa descrita en el croquis, con su tapa de cemento, a 50 centímetros de la superficie. El georradar podría acelerar el proceso de desenmascaramiento del operativo de desinformación que los responsables de los enterramientos clandestinos siguen llevando a cabo para dilatar el desenlace; y finalmente explicar el porqué de las profundas huellas de vehículos pesados en las áreas del Batallón 14 donde se realizan búsquedas.
Afortunadamente, entre la multitud de personas que conocen los secretos hay quienes están dispuestos a dibujar nuevos croquis. Eso, sin contar con que los jueces perfectamente pueden interrogar a los oficiales y obligarlos a que aporten los datos exactos, porque en el nuevo escenario de los derechos humanos ya no se duda –ni siquiera lo cuestionan los defensores de la impunidad– de que las desapariciones no están amparadas por la ley de caducidad, en tanto son delitos continuados, y por tanto pasibles de ser investigados y castigados.