Pareció en su momento que la verdad comenzaba a surgir desde atrás de los nubarrones que la escondieron por más de dos décadas. La estrategia del gobierno progresista sumada a las promesas teniente general Angel Bertolotti y los otros dos comandantes, nos hicieron entrever una realidad que durante largos meses no pudo concretarse.

Los militares luego de tantos años de ocultamiento parecía que se abrían y decían una verdad, cargada de claros y oscuros, pero que establecía un rumbo que al emprenderse mostraba como niebla, por lo menos en su apariencia, comenzaba a desaparecer en el camino a la verdad.

Sin embargo las horas pasaron y las excavaciones en los batallones 13 y 14, en aparente lugares de presuntos cementerios clandestinos, parecieron fracasar. Primero no aparecieron los restos de María Claudia de Gelman, la muchacha de 19 años, asesinada y hecha desaparecer por los militares que arremetían contra la vida humana en defensa - decían - de los valores del "occidente cristiano".

Nadie creyó – quizás montados en la ansiedad impaciente de quienes reclamábamos resultados - que la exhaustiva investigación que continúa encontrara algo allí. Sin embargo en los estertores de la misma los primeros restos aparecieron en una chacra de Pando y unos días después en el Batallón de Blindados No 13.

El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y, también, en su medida, el secretario de la Presidencia, el doctor Gonzalo Fernández, pese al creciente desánimo general, mantuvieron hasta el último momento su decisión de continuar con los trabajos. Ellos les creyeron a los antropólogos intervinientes que dieron cuentas pormenorizadamente de las dificultades de las evacuaciones y, más que en ellos, confiaron en la acción de los comandantes de las tres armas a quienes se les ordenó averiguar el lugar de esos enterramientos.

¿Alguien habrá mentido en el marco del proceso? Es posible qué haya habido una concertación de algunos “nostálgicos” responsables de buena parte de las tropelías es contra de los derechos humanos, para provocar una frustración gigantesca.

Frustración, por supuesto, de quienes buscan la verdad y la justicia y del propio gobierno que, más allá de otras consideraciones, trató todo este tiempo de restañar la herida que fue abierta por la dictadura y que se mantiene incambiada desde hace, por lo menos, dos décadas.

Sin embargo ha habido grados distintos en la información proporcionada. La Fuerza Aérea, en una actitud responsable, entregó datos bastante ajustados – hoy lo sabemos – y el éxito del descubrimiento en Pando en un resultado de ello. Mientras tanto los restos encontrados en el Batallón Blindado No. 13, fueron el resultado de una información anónima no de los datos recabados por el comando del Ejército. ¿Es que alguien organizó una acción de "contrainteligencia" para desestabilizar al general Bertolotti dejándolo en blanco?

La verdad es que en el medio del proceso se encuentra la llamada “Operación Zanahoria”, con la cual se habrían desenterrado cuerpos de los campos del Ejército que al parecer luego se incineraron y las cenizas restantes fueron esparcidas en superficies importantes, por lo qué parece improbable que aparezca algún vestigio .

Sin embargo hay algunas más graves que otras. Si hubo mentiras o acciones de "contrainteligencia", destinadas a desestabilizar al comandante Bertolotti y, por consiguiente, dejar en blanco al gobierno, es evidente que se deben investigar esos extremos y emprenderse las acciones adecuadas para que esos grupos dejen de "jugar" con elementos de esa trascendencia para todos los uruguayos.

Claro, igualmente, la estabilidad en el cargo –para algunos- de Bertolotti estaría en juego, porque se demostraría que su mano no es todo lo firme, necesidad imperiosa para gobernar al Ejército. Dicen que un comandante no puede ser engañado de esa manera sin que haya reaseguros y consecuencias para los mentirosos.

Sin embargo no consideran que la carpeta esté cerrada, que ahora la jugada está en manos del propio Bertolotti que –eso es innegable – mantuvo una inigualable lealtad con el gobierno de Tabaré Vázquez y ello, en un país de conspiraciones y monjes grises, es mucho.

Debemos indicar otro elemento que nos afecta a todos. Obviamente, está el tema de la ansiedad. Hace demasiados años que esperamos por la verdad, por conocer sobre esos 200 desaparecidos cuyo trágico destino todavía nos oprime el corazón.

Creímos que el proceso iniciado bajo el gobierno del Encuentro Progresista nos llevaría a la verdad y, tras ella, comenzaría a resplandecer la justicia por más que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es una valla difícil de sortear. ¿Es posible que los violadores de los derechos humanos, personajes siniestros que pululan hoy en las cantinas de los clubes militares, sigan manejando sonrisas sobradoras entendiendo que su impunidad es permanente?

Pero: ¿cómo hacer justicia? ¿Cómo lograr que los represores, asesinos, torturadores, etc., sean enfrentados a algún estrado judicial uruguayo, si durante dos décadas esto no fue posible a través de ningún arbitrio legal? ¿Cómo lograr que alguno de los responsables cuyas tropelías superaron nuestras fronteras, sean extraditados?

Por eso debemos hablar del tiempo que inexorablemente transcurre. ¿Cómo es posible para una sociedad democrática como la uruguaya que un represor, eventualmente torturador o asesino, no sea juzgado por los hombres? ¿Cómo es posible que reciba mejor trato que sus víctimas, pues muchas de las que quedaron con vida – luego de la orgía de sangre de la represión dictatorial – fueron sometidas a largos años de reclusión en las peores condiciones?

Los gendarmes, funcionarios públicos al fin, quienes en nombre del Estado, agredieron al pueblo, a miles y miles de personas que pagaron con su vida o su flagelación el ser opositores de la dictadura, nunca fueron tocados. Solo han recibido el desprecio de la gente. ¿Es posible que estos señores, amparados incluso por la seguridad social – la que muchas de sus víctimas todavía no tienen – sigan impunes?

Sabemos que el transcurrir del tiempo es implacable, que su paso todo se borra, por ello es necesario replantearse el escenario y tratar de modificar en él algunos elementos fundamentales. El gobierno tiene suficiente peso en la opinión pública, como para modificar algunas cosas.

¿No sería posible replantearse la vigencia de esa “Ley de Impunidad” e intentar su derogación como plantea incluso la central obrera?

La aparición de estos restos nos ha conmovido, como a casi todos los uruguayos, pues a los testimonios desgarradores de miles de torturados se le sumaron ahora las comprobaciones de los viles asesinatos que se concretaron en una lucha en contra de todo el movimiento popular.

*Carlos Santiago es Periodista, secretario de redacción de Bitácora.

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