El Partido Comunista del Uruguay (PCU) presentó el miércoles 7 una
denuncia penal solicitando la identificación de 35 restos NN, que se
encuentran depositados en el osario general del cementerio de la ciudad
riverense de Vichadero, y de los cuales tiene la "presunción" de que
podría tratarse de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura.
La denuncia fue presentada en primer lugar ante la fiscal Mirtha
Guianze, quien derivó el caso a la sede del juez Luis Charles. Sin
embargo, el magistrado dispuso que la investigación pase a la órbita del
juez de Rivera, lo que motivó al Partido Comunista a dar a conocer la
situación a la opinión pública, procurando que se dispongan medidas de no
innovar en el predio y se comience una rápida investigación.
Los datos fueron aportados ayer en una conferencia de prensa que tuvo
lugar en la sede central del PCU, en la avenida Daniel Fernández Crespo.
La misma estuvo a cargo de la integrante de la Secretaría de Derechos
Humanos del PCU, Lille Caruso, el senador comunista Eduardo Lorier, la
geógrafa de la Facultad de Ciencias Ofelia Gutiérrez, y familiares del
ciudadano desaparecido Washington Barrios, su madre Hilda Fernández y su
hermana Jacqueline Barrios. Los familiares no descartan que uno de los
cuerpos encontrados en Rivera pueda corresponder al ex militante del
Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
"Casi una realidad"
Caruso dijo que la existencia de restos sin identificar en el
cementerio de Vichadero es un tema conocido desde hace tiempo por los
pobladores.
Hace poco le llegó un sobre con más datos, lo que la impulsó a iniciar
una tarea de verificación.
Viajó al lugar en dos oportunidades, acompañada por Ofelia Gutiérrez.
La experta estuvo trabajando en la primera etapa en las excavaciones del
Batallón Nº 13, pero luego todo el equipo de la Facultad de Ciencias se
retiró por discrepancias con el Poder Ejecutivo.
Caruso dijo que la secretaría que integra recibe gran cantidad de
información, pero una vez comprobada la seriedad de este caso se decidió
la presentación de la denuncia penal ante la Justicia, que fue firmada por
ella y por el senador Eduardo Lorier.
"Queremos tener la certeza de que esto se va a investigar. Para
nosotros es casi una realidad que se trata de cuerpos de desaparecidos.
Los entierros datan de la época de la dictadura y hay testigos de que
fueron trasladados desde Montevideo en vehículos del Ejército".
"Amenazaron al sepulturero"
La dirigente comunista explicó que "desde la época de la dictadura los
cuerpos estuvieron enterrados en nichos, pero en el año 2002 varios ediles
frenteamplistas de Rivera propiciaron una indagatoria y, poco después, los
cuerpos comenzaron a ser depositados en bolsas de nailon en el osario
común".
"Es sospechoso que tengamos 35 tumbas NN en un pueblo chico.
Lamentablemente la persona que los enterró falleció, pero hace tiempo él
comentó que antes de sepultarlos preguntó a quiénes pertenecían los
restos, pero fue amenazado y le dijeron que si no los enterraba lo iban a
matar a él", comentó Caruso.
La presentación de la denuncia le fue comunicada en las últimas horas
al secretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández. Los
denunciantes tienen esperanzas de que el Poder Ejecutivo intervenga en el
tema y tome las medidas necesarias para preservar el lugar tal como está
actualmente.
La geógrafa Ofelia Gutiérrez dijo que se procura la inmediata
determinación del magistrado de no innovar en el cementerio. La
especialista afirmó que le llama la atención que hasta el año 2002 los
cuerpos permanecieran en los mismos nichos que se encontraban desde la
dictadura, pero a partir de la investigación de los ediles, no se sabe
quién dio la orden de que fueran trasladados al osario.
"Debemos agradecer el criterio del enterrador, que tuvo la precaución
de colocarlos en bolsas de nailon con el número correspondiente al nicho
del que fueron sacados", comentó. "Esto permitirá rastrear la fecha en la
que fueron llevados".
Gutiérrez dijo que con el paso del tiempo las bolsas se han ido
rompiendo y los huesos comenzaron a entreverarse entre sí. De todos modos,
explicó que los especialistas igualmente pueden realizar las tareas de
identificación. Dijo que en los registros del cementerio estos restos
figuran intercalados con los datos de otros fallecidos legales, que tienen
nombre, apellido y fecha de defunción. Este detalle permitirá saber en qué
fecha fueron enterrados los cuerpos sin identificar.
Ante la consulta de por qué podría pertenecer a Barrios uno de los
restos allí depositados, Gutiérrez dijo que "no hay certeza, pueden
pertenecer a cualquiera de los más de 200 uruguayos desaparecidos. Lo
importante es que el caso de Barrios está siendo investigado por la
Justicia y esto abre una posibilidad para la investigación".
Gutiérrez remarcó que el traslado de estos ciudadanos no figura en el
informe sobre el tema desaparecidos que el Ejército entregó al Poder
Ejecutivo.
Sepulturero niega versión
El sepulturero del cementerio de Vichadero, ubicado en el departamento
de Rivera, negó ayer que durante la última dictadura militar se hayan
enterrado cuerpos NN en ese terreno.
Artaganián Freitas, el actual sepulturero del cementerio de Vichadero,
dijo que él se desempeña en esa labor desde el año 1986 después de que su
padre dejara el puesto de trabajo.
Consultado ayer por Canal 12 sobre si su padre alguna vez le comentó
que durante la época de la dictadura militar se habían enterrado en el
cementerio cuerpos NN, Freitas dijo: "No señor, en ningún momento mi padre
me dijo que hubiesen traído cuerpos al cementerio, absolutamente nada de
eso dijo". Por su parte, el juez interviniente dispuso una guardia
policial especial en el lugar.