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16 de diciembre de 2005
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Brecha
de Uruguay - 16 de diciembre de 2005
La hipocresía se desmorona
Más de doscientos desaparecidos
Con los 35 esqueletos ubicados en el cementerio de
Vichadero –sobre los que hay acumulados fuertes indicios de
que pueden corresponder a prisioneros desaparecidos (véase
nota central)– se desploma definitivamente la pretensión de la
Comisión para la Paz de circunscribir los “excesos” de la
dictadura a una treintena de desapariciones y reducir la
búsqueda a unos 26 cuerpos de prisioneros cuyo asesinato ha
sido implícitamente admitido por las Fuerzas
Armadas.
Samuel Blixen
La distancia entre 30 y
200 no es sólo cuantitativa. Si la responsabilidad de las
Fuerzas Armadas se extiende a todos los uruguayos capturados
en Argentina y Paraguay, y si se comprueba que esos
prisioneros fueron trasladados a Uruguay y asesinados aquí,
entonces los militares deberán abandonar la excusa de que las
muertes fueron consecuencias involuntarias de la consciente
aplicación de torturas para “salvar a la patria”. Habría que
explicar quién los secuestró en Argentina, quién ordenó actuar
en el exterior, cómo fueron trasladados al país, en qué lugar
permanecieron secuestrados, quién ordenó asesinarlos y quién
ejecutó la orden.
Este rosario de preguntas inevitables
explica el autismo del Ejército sobre el “segundo vuelo”, es
decir, la extradición clandestina, en setiembre de 1976, de
una veintena de uruguayos, que la Fuerza Aérea confirmó
inesperadamente en su informe de agosto último, junto con la
ubicación en una chacra de Pando de dos desaparecidos.
El
Ejército tiene toda la información sobre esos desaparecidos,
pero no la brinda, la secretaría de la Presidencia no se la
reclama y tampoco lo hacen los jueces. Los “desaparecidos de
Argentina” son el talón de Aquiles de la estrategia del
secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández; preferible
es, para no enfrentar situaciones delicadas con los mandos
militares, que los cuerpos que eventualmente se rescaten
correspondan a aquellas historias que los militares aceptan
que se conozcan. De ahí que la información debe estar
rigurosamente centralizada y las búsquedas deben ser en
función de la información orgánicamente aportada por el
Ejército. La única excepción a esta regla de conveniencia eran
los restos de María Claudia García de Gelman, secuestrada en
Argentina y asesinada en Uruguay. Quizás porque era muy
difícil acotar ese caso, la información que impulsó al
comandante Ángel Bertolotti a señalar el lugar exacto del
enterramiento resultó falsa.
Por otra parte, el hallazgo
del esqueleto en el Batallón 13 fue una jugada fuera de
libreto. Todavía no se sabe a quién corresponde, pero sin duda
la información anónima que condujo al hallazgo abrió puertas
hasta ahora clausuradas. Las cuentas son reveladoras: están,
por un lado, los dos cuerpos encontrados en Pando y en el
Batallón 13; está el cráneo de Roberto Gomensoro Josman,
recuperado en 2002; y hay partes de tres esqueletos
encontrados en una fosa común del cementerio de Tacuarembó,
que permanecen en depósito en el Instituto Técnico Forense, a
la espera de un análisis de adn que inexplicablemente se
demora por la reiterada omisión del juez de Paso de los Toros,
Dardo Martínez. Uno de esos cuerpos podría ser el de Gomensoro
Josman, pero ¿y los otros dos? Si a estos cinco restos se les
suman los 35 esqueletos de Vichadero, bajo la hipótesis de que
pueden ser desaparecidos, entonces inevitablemente alguno debe
corresponder a prisioneros capturados en el exterior.
Como
sea, la hipocresía se desmorona.
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