o puedo comentar sobre asuntos que afecten a nuestro servicio de
inteligencia''. Con estas palabras Condoleeza Rice trató de evadir, durante su
visita oficial a Alemania, la catarata de preguntas y cuestionamientos de la
prensa europea sobre la existencia de centros de inteligencia antiterroristas
financiados por la CIA y dotados de personal local. Los campos de ''internación,
interrogación y eliminación de islamistas sospechosos'' desplegados por el
gobierno de George Bush en Europa, en Irak y a lo largo y ancho del mundo,
representan un inusitado esfuerzo por establecer un ''nuevo orden
policial-judicial'', que opera al margen del derecho internacional, centrado en
el uso de instrumentos públicos y ''privados'', de terrorismo de Estado.
Como resultado aumentan las fricciones y contradicciones entre gobiernos y su
respectiva opinión pública. Considérese la centralidad que adquirió el tema de
la tortura y el uso clandestino de pistas de aterrizaje de la CIA en Alemania,
para el transporte, martirio y eliminación de presuntos terroristas. Es un
asunto espinoso ante una población que sufrió los traumas -y vergüenzas-, de los
campos de exterminio y terror nazi. Ahí es intenso el impacto psicopolítico de
un esquema como el impulsado por el triunvirato Bush-Cheney-Rumsfeld, y esto
ocurrió cuando Rice visitaba a un gobierno como el de la señora Merkel, que se
esfuerza por mejorar la relación con Estados Unidos. Los costos políticos para
Merkel si se sospecha de la más leve colaboración con Estados Unidos en materia
de represión y de centros de interrogatorio y exterminio, pueden ser
devastadores y ella lo sabe: su gobierno conservador opera en medio de una
opinión pública cuyo rechazo a la guerra en Irak persiste, junto con una
creciente e indignada irritación por las operaciones ''clandestinas''
estadunidenses, las que incluyen el uso sistemático de la tortura, práctica a la
que ahora parece adicto el triunvirato, la CIA y el Pentágono. El vicepresidente
defiende a capa y espada los ''nuevos métodos'' tipo Gestapo que se emplean
porque, dice, ''son útiles para combatir al terrorismo''. La opinión
generalizada de expertos y conocedores es precisamente la contraria: la
inutilidad de la información producida por el abuso físico y mental, por la
humillación sexual y religiosa, de ''la persona''.
El desplome de la imagen de Estados Unidos no puede ser mayor. Hace poco el
almirante Stanfield Turner, ex director de la CIA, calificó a Cheney como el
''vicepresidente para la tortura''. Mientras, el número de islamistas
''desaparecidos'' aumenta. Así se desprende de documentación proveniente de la
Cruz Roja, la misma FBI, el Ejército y los documentos oficiales, que además
muestran que el Pentágono cuenta con un contingente de 54 mil soldados
instruidos para operaciones clandestinas de infiltración, demolición, sabotaje y
capturas subrepticias, cuya ampliación promueve Rice en esta gira.
El terror de Estado por el petróleo iraquí va desde el bombardeo de civiles,
las redadas y masacres continuas, el uso de armas prohibidas, hasta la tortura y
el establecimiento en más de 40 países de centros para infligir dolor, tormento
y angustia en la mejor tradición hitleriana.
Hace poco se informó en Estados Unidos que en Irak existen ''al menos'' mil
100 centros de tortura -algunos contratados a empresas estadunidenses-. También
se sabe que operan en barcos de guerra y en aviones. Es un vasto esquema en el
que, según datos recientes (Mark Danner, "Torture and Terror: America, AbuGhraib
and the War on Terror", New York Review of Books, 2004, citado por W.
Pfaff, en su notable What We've Lost, Harpers, noviembre 2005) participan
''agentes estadunidenses, soldados y contratistas privados''.
Para América Latina el asunto no es nuevo: millones de familias han sufrido
el terror de Estado y la tortura como instrumento de ''gobierno'', como lo
ilustran las actividades de la Escuela de las Américas, donde se adiestran
decenas de miles de oficiales latinoamericanos en técnicas que, según el
Departamento de Defensa, van desde ''la censura y las operaciones de cateo y
cordón'' hasta ''el interrogatorio de prisioneros y el control del 'populacho' y
los recursos''. Esto siempre se negó. Hoy es parte de una política de Estado
intervencionista que considera ''obsoleta'' la Convención de Ginebra, que
combate a la Corte Penal Internacional y que expone a los oficiales y
responsables a la máxima pena, según la Ley Federal de Estados Unidos sobre
Crímenes de Guerra de 1996, vigente. Bush, el ''comandante en jefe'', encabeza
la lista de los ''involucrados'', por lo que su gobierno usa el término de
''enemigos combatientes'' como dispositivo lingüístico para evitar su
aplicación. Pero, como dice Pfaff, la Casa Blanca le señala a la tropa que
''...en la guerra contra el terrorismo están suspendidas no sólo las normas
internacionales y nacionales, y el comportamiento legal, sino también las normas
religiosas y seculares comúnmente aceptadas como parte de la civilidad''. (p.55)
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