| Latinoamérica - rodelu.net |
25 de diciembre de 2005
|
Brecha
de Uruguay - 23 de diciembre de 2005
La Comisión para la Paz estaba al tanto
Acerca de los cuerpos NN de Vichadero
Samuel Blixen
La sospecha de que
cuerpos de desaparecidos políticos asesinados por militares
habían sido escondidos en el cementerio de Vichadero, en
Rivera, fue comunicada a la Comisión para la Paz en marzo de
2003, por el edil socialista Robinson Silva, pero el actual
secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, desestimó la
denuncia cuando se desempeñaba como representante personal de
Tabaré Vázquez en ese organismo creado por el presidente Jorge
Batlle.
Aunque la noticia de la existencia de 35 cuerpos nn
trascendió en aquellas fechas a periódicos locales de Rivera y
de Santana do Livramento, el caso cobró notoriedad recién hace
poco más de una semana cuando la activista de derechos humanos
y dirigente del Partido Comunista Lil Caruso reveló a la
prensa los detalles de su pesquisa particular en Rivera,
temerosa de que los restos pudieran sufrir una nueva
desaparición, después de que las autoridades municipales
ordenaron el traslado de los huesos al osario común; si la
pista no se perdió en ese momento fue porque el encargado del
cementerio de Vichadero, consciente de la importancia de esos
restos, los envolvió en nailon y les adjuntó unas piezas de
cerámica en las que constaban los detalles de su ubicación
inicial en los nichos.
El impacto de la noticia –35
cadáveres no identificados en un total de 148 tumbas, y el
testimonio del hijo del enterrador en el sentido de que
vehículos militares llegaban a Vichadero con ataúdes durante
la dictadura– impulsó a Fernández a ofrecer a la justicia de
Rivera todo el apoyo necesario del cuerpo de técnicos que
trabajan en excavaciones en predios militares en Montevideo.
Pero a la vez cuestionó a los dirigentes comunistas por su
iniciativa de realizar directamente una acción de denuncia
ante el juez, en lugar de centralizar la información en la
Secretaría de la Presidencia.
Sin embargo, Fernández omitió
informar que él personalmente había sido comunicado del hecho
36 meses antes, poco después de que el edil Silva reiterara su
pedido de informes sobre las irregularidades en el cementerio
de Vichadero. Silva explicó a BRECHA que en julio de 2002, en
virtud de los rumores sobre los enterramientos clandestinos
ordenados por militares, viajó a Vichadero y logró filmar
algunos de los esqueletos en sus nichos, tras lo cual elevó un
pedido de informes. A la reiteración del pedido, en febrero de
2003, comunicó los hechos a la Comisión para la Paz, a SERPAJ
y a la Comisión de Derechos Humanos de diputados. En una
conversación personal con Fernández, Silva explicó los
detalles de su pesquisa, pero el entonces miembro de la
Comisión para la Paz fundamentó su escepticismo en que no se
manejaba ningún indicio de que se hubieran trasladado cuerpos
hasta esas zonas tan alejadas del norte. Para entonces ya
había sido identificado un cráneo de un cuerpo arrojado en el
lago de Rincón del Bonete, que pertenecía a Roberto Gomensoro
Josman, un militante del 26 de Marzo detenido en Montevideo;
el posible cuerpo correspondiente al cráneo fue ubicado hace
unos meses por el antropólogo Horacio Solla en una tumba de
Paso de los Toros que antes había sido inspeccionada por
Fernández. También se encontraron otros dos cuerpos, de un
hombre y una mujer, que permanecen en el Instituto Técnico
Forense a la espera de análisis de adn.
Durante años el
juez de Paso de los Toros, Dardo Martínez, obstinadamente se
negó a ordenar los análisis del cráneo, y más recientemente de
los esqueletos, hasta que esta semana finalmente libró la
orden.
A diferencia de este magistrado, y contrastando la
actitud prescindente del juez de Montevideo Luis Charles,
quien declinó la investigación tras recibir la denuncia de
Caruso, el juez de Rivera Federico Álvarez Petragia ordenó una
serie de diligencias para determinar el origen de los restos
nn encontrados en Vichadero. Los restos fueron trasladados a
Montevideo para su estudio, aunque el mismo ofrecerá
dificultades suplementarias porque, según trascendió, los
funcionarios de la Policía Técnica de Rivera procedieron a
juntar todos los huesos, que finalmente se mezclaron –y
perdieron la referencia de las piezas de cerámica–, salvo
aquellos que aún conservaban intactas las bolsas de
nailon.
Esta “ineficiencia” se suma a la serie de indicios
que sugiere una intención de obstaculizar la investigación de
estos restos. El miércoles 21 el magistrado inició las
citaciones a testigos y tomó declaración a Caruso y al actual
funcionario del cementerio de Vichadero, de apellido Fleitas,
quien en diversas oportunidades comentó que su padre, antiguo
enterrador, había sido requerido por militares provenientes de
Montevideo para sepultar cuerpos en el cementerio local.
Caruso refirió las conversaciones que mantuvo con los dos
hermanos Fleitas, pero uno de ellos, interrogado por el juez,
“olvidó” totalmente algunos detalles. El juez ordenó entonces
un careo entre Caruso y el funcionario municipal de Vichadero,
quien reconoció haber conversado con la militante de derechos
humanos, pero explicó que a la hora de recordar sus palabras
le venía “un aire en la cabeza”. Sin embargo, confirmó ante el
juez que desde 1986, en que asumió sus funciones en el
cementerio, no se ha producido ningún enterramiento de cuerpo
nn; proliferaron, en cambio, durante la dictadura, porque el
magistrado pudo confirmar que los panteones donde fueron
ubicados los 35 cuerpos se construyeron en 1969.
Ediles
frenteamplistas de Rivera señalaron a BRECHA que el
funcionario Fleitas tiene temor, “seguramente fue amenazado y
por lo menos tiene miedo de perder su
trabajo”.
|