os presidentes de Estados Unidos han gozado siempre de poderes imperiales,
pero hasta George W. Bush habían guardado cierta apariencia de formas
republicanas, que el texano detesta. Ergo, su declaración del sábado 17 de
diciembre es una sonora bofetada a la legalidad y a la supuesta división de
poderes al anunciar que mantendrá la operación de la Agencia de Seguridad
Nacional para intervenir, sin autorización judicial, las comunicaciones
telefónicas y de correo electrónico de los estadunidenses. Claro, justificó la
medida como indispensable para evitar ataques terroristas.
La publicación dos días antes en The New York Times de que se estaba
llevando a cabo esta práctica desde principios de 2002 por una orden secreta del
presidente armó tal escándalo que condujo al Senado a bloquear la prórroga de la
Ley Patriota. Ello provocó la brutal declaración de Bush, quien puntualizó que
los principales líderes del Legislativo habían sido informados de esta operación
desde el principio.
El escenario político en el coloso del norte ha llegado a un grado de
descomposición que difícilmente pueda comprenderse si no es como una profunda y
acaso irreversible crisis del sistema. Aunque tenga hondas raíces desde su mismo
nacimiento como democracia esclavista y en el carácter expansionista adoptado en
el siglo XIX a partir de la anexión de la mitad del territorio mexicano, es con
el gobierno de Bush II que los síntomas de lo que parecería ser una enfermedad
terminal del sistema se han revelado en toda su magnitud.
Abandono a su suerte de millones de estadunidenses y gobierno exclusivamente
para millonarios, fusión como nunca antes de la política con los negocios de los
amigotes, enorme déficit fiscal y comercial, desfachatada práctica y
justificación de la tortura y exacerbación de la xenofobia antinmigrante. Como
telón de fondo, una inmoral política de guerra preventiva violatoria de los
principios del derecho internacional, rechazo a toda colaboración internacional
para prevenir la contaminación ambiental, así como a los tratados de armas
químicas, biológicas y de control de las nucleares. El signo que emana, en suma,
de las altas esferas de poder en Estados Unidos, muy a tono con su
fundamentalismo cristiano, es el del apocalipsis.
Cabe preguntarse si las instituciones estadunidenses, bajo creciente presión
de la opinión pública para poner fin a la ocupación de Irak, serán capaces de
cumplir con su obligación de salvar a la nación del más humillante y traumático
de sus trances después de la derrota de Vietnam. Sectores del
establishment rechazan la permanencia indefinida de las tropas en Irak
desde que percibieron que es una guerra perdida y han iniciado una campaña
contra Bush, como se aprecia en el cambio de línea editorial de los más
influyentes diarios, y se escuchan censuras de políticos, aún aisladas y
esporádicas. "La guerra de Irak", tronó en la Cámara de Representantes el
legislador demócrata John Murtha, "es una política envuelta en ilusión. El
público estadunidense está muy delante de nosotros... es tiempo de cambiar.
Nuestros militares están sufriendo. El futuro de nuestro país está en riesgo. Es
evidente que la continuación de la acción militar en Irak no está en el mejor
interés de Estados Unidos, del pueblo de Irak o de la región del golfo Pérsico".
Murtha es un conservador catalogado como halcón que sirvió muchos años
en el cuerpo de marines y goza de gran prestigio en el liderazgo y la
oficialidad de las fuerzas armadas, por lo que sus palabras se han interpretado
como un mensaje de los militares, imposibilitados de opinar sobre la guerra por
su condición no deliberante. Sin embargo, aparte del apoyo recibido de Nancy
Pelossy, líder demócrata en la Cámara de Representantes, la mayoría de sus
colegas de partido se refugian en la ambigüedad sobre Irak, como la senadora
Hillary Clinton; cuando no asumen al pie de la letra el discurso de Bush, como
el también senador y ex candidato a vicepresidente Joseph Liebermann. Por eso
muchos analistas consideran que el rechazo popular a la estancia de las tropas
en Irak no se traducirá en mayor provecho para los demócratas en las elecciones
legislativas de 2006.
En todo caso, la cuestión no se decidirá en Estados Unidos en primera
instancia, sino en Irak. Ni farsas electorales ni discursos sobre el nuevo faro
de la democracia en Medio Oriente ni "redespliegues" pueden parar el flujo de
ataúdes de regreso a casa.
Publicado en La Jornada el 22 de diciembre de 2005