Bajo este manto, un monolítico frente político en favor de la arbitrariedad, han transcurrido los años postdictadura militar en el Uruguay contemporáneo.

No sólo los Desaparecidos siguieron desaparecidos, sino que se instauró un mecanismo de olvido de todos los crímenes, y no menos importante, de sus víctimas.

De esta manera nuestra sociedad ha continuado con esta amenaza en sus entrañas.

Las tentativas de derogar la ley de Caducidad realizadas por el pueblo organizando el plebiscito del “89, fracasaron en medio del terrorismo desembosado practicado no sólo por los propios militares torturadores aun en algunos ministerios y en la cúpula de las Fuerzas Armadas, sino también por quienes fueron su apoyatura política en esta instancia: los partidos tradicionales del Uruguay .

Ellos hicieron la ley, ellos la defendieron, pero lo principal: ellos la aplicaron.

El silencio sepulcral ha sido ahora quebrado por los descubrimientos de compatriotas luchadores enterrados clandestinamente. Esto debe ser sólo el comienzo de un camino de recuperación de nuestra historia y nuestra dignidad.

Tenemos una deuda con los familiares de los Desaparecidos, con los caídos y sus familias, con los torturados y exiliados. Pero tenemos sobre todo, como País, una deuda con las próximas generaciones: el trasmitirle que con el ocultamiento de la verdad historica no se construye nada y si a traves de su conocimiento y de la aplicacion de la justicia a los responsables, aunque nos cueste y a veces cause dolor.

Por todo esto adherimos, como orientales nucleados en Casa Uruguay Estocolmo, al llamamiento realizado contra la ley de impunidad, mal llamada de “Caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, por la organización nacional de los trabajadores, el PIT-CNT, en el sentido de realizar una movilización nacional por la derogación de la misma.

Declaramos junto a los mismos, como dijo Artigas: “írritos, nulos y sin valor para siempre” todos los actos “arrancados a los pueblos” mediante campañas intimidatorias y ocultamiento de la verdad.

(Esta carta se envia a las organizaciones en Uruguay que organizan el acto del 22 de diciembre en contra de La Ley de Caducidad y será entregada ese mismo día al embajador uruguayo en Suecia que la hará llegar al Gobierno uruguayo).