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30 de diciembre de 2005
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Brecha
de Uruguay - 30 de diciembre de 2005
Cosa a juzgar
Otra vez el “caso Gelman” en el tapete
El cumplimiento de diligencias previas para la
extradición de nueve militares uruguayos investigados por un
juez argentino instalará en los hechos la investigación por la
desaparición en Uruguay de la joven argentina María Claudia
García de Gelman.
Samuel Blixen
Es
posible que el fiscal Enrique Moller, a quien se le atribuye
la condición de operador de la impunidad en el Poder Judicial,
termine chasqueado. Su determinación de sepultar el caso de la
desaparición de María Claudia García –la nuera del poeta
argentino Juan Gelman secuestrada en Buenos Aires junto con su
marido Marcelo Gelman en agosto de 1976, trasladada
clandestinamente a Uruguay y asesinada después de dar a luz en
el Hospital Militar– no tuvo en cuenta que la investigación
del crimen impulsada por un juez federal argentino culminaría
desactivando su propósito. Un exhorto librado por el Juzgado
Federal Número 5, que debió sortear durante cuatro meses los
vericuetos burocráticos,* reclama de la justicia uruguaya una
serie de diligencias que en los hechos implicará la
investigación de la desaparición de María Claudia y la
apropiación ilegítima de su hija Macarena, como paso previo al
pedido de extradición de los oficiales uruguayos implicados en
ese crimen.
En su momento el fiscal Moller se apoyó en el
criterio de cosa juzgada para desestimar la decisión del
presidente Tabaré Vázquez, que ordenaba la investigación del
caso por no estar comprendido en la ley de caducidad; la “cosa
juzgada” no era otra que la resolución del entonces presidente
Jorge Batlle, que decretó el archivo del expediente aunque sin
fundamentar por qué el secuestro, desaparición y asesinato de
María Claudia para robarle su bebé debía considerarse como un
acto de servicio de militares y policías uruguayos en
aplicación de órdenes superiores.
En una resolución
adoptada el lunes 12, en acuerdo con la ministra de Defensa
Nacional, Azucena Berrutti, Tabaré Vázquez reiteró que el caso
a estudio del juez penal Ricardo Míguez “no se encuentra
comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la
pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1 de
la ley 15.848”. Así, todo indica que en febrero, cuando se
levante la feria judicial mayor, el magistrado dará
cumplimiento a la solicitud argentina, con lo que se pondrá en
movimiento la maquinaria que probablemente culminará con la
extradición de Juan Antonio Rodríguez Buratti, José Arab,
Manuel Cordero, León Tabaré Pérez, Gilberto Vázquez, Ernesto
Rama, Jorge Silveira, Ricardo Medina y José Gavazzo.
Crimen
de dos orillas. El exhorto librado por el juez federal
Norberto Oyarbide el 11 de agosto último solicita a la
justicia uruguaya una serie de diligencias previas a la
fundamentación del pedido de extradición por la comisión de
varios delitos: supresión de identidad de menor, falsificación
de documento y sustracción de menor. Determinado a castigar un
crimen que comenzó cometiéndose en Argentina y que se completó
en Uruguay, Oyarbide pretende demostrar la responsabilidad de
los citados militares en el secuestro de María Macarena
Gelman, nacida en el Hospital Militar de Montevideo. Para ello
pide que el juez competente uruguayo cite e interrogue al
actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y al
ex asesor presidencial Carlos Ramela, quienes sostuvieron en
el informe final de la Comisión para la Paz que María Claudia
García de Gelman había dado a luz a una niña en noviembre de
1976 en el Hospital Militar. El juez Míguez deberá reclamar de
los dos funcionarios citados que “aporten las pruebas en que
se fundamentaron”. Solicita además que se determine “en qué
lugar, circunstancias y qué personas realmente participaron
del nacimiento de María Macarena Tauriño Vivian”, apellidos
con los que fue inscripta la hija secuestrada de María
Claudia. La diligencia referida al nacimiento de Macarena
incursiona en un terreno que hasta ahora se había eludido,
puesto que la asistencia en el parto supone la complicidad de
personal médico militar que las “investigaciones” en
aplicación de la ley de caducidad hasta ahora no han logrado
identificar.
Míguez deberá, asimismo, citar a declarar al
soldado Julio César Barboza Pla, quien ante el juez español
Baltasar Garzón afirmó haber conocido a María Claudia cuando
ésta permaneció prisionera en los calabozos del Servicio de
Información de Defensa (SID), antes de ser conducida al
Hospital Militar. Barboza cumplió servicios en el edificio de
bulevar Artigas y Palmar, donde antes funcionó una cárcel
clandestina y donde hoy funciona el Centro de Altos Estudios
Militares. Fue en esas circunstancias que el soldado escuchó
de boca del entonces mayor José Arab la frase “A veces hay que
hacer cosas embromadas”, cuando se disponía a trasladar a
María Claudia hacia el hospital; nunca más se la vio con vida.
En el mismo sentido, Míguez cumplirá el pedido de su colega
Oyarbide, quien solicita en el exhorto que sean citados a
declarar varios prisioneros que permanecieron en el SID
simultáneamente con María Claudia.
Un aspecto
particularmente novedoso de las diligencias que el juez Míguez
deberá ordenar se refiere al apropiador de Macarena, Ángel
Tauriño, quien anotó a la hija de María Claudia como su hija
legítima. Tauriño se desempeñaba en 1999 como jefe de Policía
de San José, nombrado por el entonces presidente Julio María
Sanguinetti, en la época en que Juan Gelman reclamaba una
investigación sobre el paradero de su nieta en función de los
resultados de una investigación privada. Sanguinetti declaró
en su momento que la nieta de Gelman no se encontraba en el
país, aunque meses después, al comienzo de la presidencia de
Batlle, fue ubicada como supuesta hija legítima de Tauriño. En
función de esos antecedentes, Oyarbide solicita de la justicia
uruguaya que se determine cuál era la jerarquía de Ángel
Tauriño en la Policía “y sus probables enlaces con Argentina”.
Pretende establecer si Tauriño fue visto en el SID en épocas
en que María Claudia permaneció allí secuestrada, y si el
apropiador viajó en 1976 a Buenos Aires cuando militares
uruguayos operaban en Automotores Orletti, la cárcel
clandestina donde fue inicialmente secuestrada María
Claudia.
En la sospecha de que Ángel Tauriño estuvo
directamente implicado en el traslado clandestino de María
Claudia a Montevideo, el juez argentino reclama un
reconocimiento fotográfico del apropiador y especialmente la
obtención de una foto de 1976, con la cual podría hacerse un
reconocimiento, tanto en Montevideo, entre los prisioneros que
permanecieron en el SID, como en Buenos Aires, entre los
militares y agentes argentinos que actuaron en Orletti.
Finalmente Oyarbide solicita que se informe sobre los actuales
domicilios de los nueve oficiales uruguayos implicados y sus
actuales vínculos en las Fuerzas Armadas y en la
Policía.
El trámite judicial. Las diligencias solicitadas
por el juez Oyarbide apuntan inequívocamente a recabar los
elementos que hagan inevitable la concesión de la extradición.
Sin embargo el pedido de extradición, largamente anunciado –y
sobre el que el presidente Vázquez fue explícito en el sentido
de que su gobierno no interferirá en el curso de la justicia
(a diferencia de otros pedidos de extradición que soportaron
la interferencia de los presidentes Sanguinetti y Batlle)–,
quedó suspendido a la espera de que las diligencias previas
solicitadas completaran los interminables trámites
burocráticos.
El pedido de Oyarbide salió el 14 de agosto
de su despacho para la cancillería argentina. Recién el 2 de
setiembre el exhorto cruzó el Río de la Plata y recaló el 12
en el Ministerio de Cultura. La Asesoría Autoridad Central de
Cooperación Jurídica Internacional elevó al otro día, 13 de
setiembre, el exhorto al juzgado competente, el Penal 15. El
juez Míguez derivó el documento a la fiscalía de Corte, que el
12 de octubre lo puso a consideración de la fiscal Mirtha
Guianze. La fiscal se pronunció solicitando que el Poder
Ejecutivo informe si los hechos están comprendidos en la ley
de caducidad. El 3 de noviembre Míguez elevó las actuaciones a
la Suprema Corte, que el 29 de noviembre puso el caso en
conocimiento de la Presidencia. El 9 de diciembre el
secretario Gonzalo Fernández se pronunció aconsejando al
presidente Vázquez mantener el criterio ya sustentado sobre la
inaplicabilidad de la ley de caducidad en el caso Gelman. El
12 de diciembre Vázquez comunicó su resolución a la Suprema
Corte de Justicia, que devolvió la documentación al Juzgado
Penal 15. El martes 20 la fiscal Guianze, en función de la
resolución presidencial, aconsejó al juez Míguez dar curso al
pedido del juez argentino y sugirió que algunas de las
informaciones requeridas podrían recabarse en la Comisión de
Seguimiento que quedó instalada tras la disolución de la
Comisión para la Paz.
El magistrado no había tomado
resolución cuando comenzó la feria judicial, por lo que se
desconoce qué criterio adoptará, pero se descuenta que al
reinicio de las actividades procederá a cumplir con las
diligencias. Inevitablemente, si el juez dispone los
interrogatorios a todos los testigos mencionados en el
exhorto, se iniciará finalmente la investigación que con tanto
empeño se pretendió archivar, porque identificar a las
personas que directamente participaron del nacimiento de
Macarena Gelman en el Hospital Militar es cerrar el cerco
sobre quienes asesinaron a María Claudia.
Habrá,
seguramente, nuevas chicanas, pero será difícil evitar la
cooperación judicial internacional, especialmente si la
Presidencia no interfiere y si el juez colabora con la
investigación de un crimen que, al menos en una de sus etapas,
nadie podrá fundamentar que goza del beneficio de la
caducidad.* BRECHA consignó la semana pasada que tal
expediente se había extraviado. En realidad, siguió por sus
carrilles normales, aunque con extrema lentitud, tal como
queda demostrado en esta misma nota.
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