ESPEJO ROTO

La historia argentina, tan ligada a la uruguaya, una vez más sirve como espejo, ahora en la lucha contra los efectos de un pasado matrizado por la impunidad. La diferencia es que el Estado argentino tiene a todos sus poderes comprometidos con la idea de justicia, y en Uruguay no existe una decisión rotunda contra la impunidad por parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo y menos del Poder Judicial.

El gobierno uruguayo ha dado grandes pasos en busca de la verdad, sobre todo en las excavaciones de predios militares y de otros que habían sido expropiados ilegalmente por la dictadura. Se hallaron restos humanos, víctimas de la barbarie, y eso no es poco. Pero aún falta transitar el camino hacia la justicia plena. El Ejecutivo apoya una ley interpretativa de la ley de caducidad, pero no habla de la nulidad de la norma. El Poder Legislativo entrará en un debate a partir de febrero, y por ahora sólo el Nuevo Espacio y el Partido Comunista apoyan la aprobación de una ley anulatoria de la caducidad.

El Poder Judicial es el que ha dado menos señales de querer terminar con la impunidad. No sólo sostuvo en 1988 que la ley de caducidad es constitucional, sino que jamás aplicó las convenciones internacionales para procesar a los criminales de la dictadura. Aun cuando el gobierno responda permanentemente que todos los casos sobre violaciones a los derechos humanos antes, durante y después de la dictadura deben ser investigados en las sedes penales, los jueces por decisión propia o al influjo de las posturas asumidas por el Ministerio Público archivaron casos emblemáticos.
El juez Roberto Timbal archivó la investigación por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz contra la opinión de la fiscal Mirtha Guianze, que pretendía enjuiciar por esos crímenes al ex dictador Juan María Bordaberry y al canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.

A pedido del fiscal Enrique Moller, la justicia debió archivar el proceso por la desaparición de María Claudia García –nuera del escritor argentino Juan Gelman–, y por la sustracción y supresión de identidad de su hija, Macarena Gelman.
Al analizar este expediente en el Palacio Piria, la Suprema Corte de Justicia (Scj) –con su integración actual– no declaró inconstitucional la ley de caducidad y sostuvo que en ese caso había “cosa juzgada”, porque el Ejecutivo –en la época de Jorge Batlle– había sostenido que no se podía investigar argumentando que estaba amparado por la ley de caducidad.

Además, y en otra de sus actitudes cuestionadas, la Scj se lavó las manos en el caso de las extradiciones a Argentina. El Ielsur pidió a la corporación que tomara cartas en el asunto cuando el gobierno de Batlle se negó a trasladar a la justicia los pedidos de arrestos con fines extraditorios de los torturadores José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge “Pajarito” Silveira y Hugo Campos Hermida.
La competencia en materia de extradición es de la justicia, pero el 20 de setiembre de 2004 la scj alegó “incompetencia del Poder Judicial para decidir en la solicitud” y “razones de orden público” que le impedían actuar. Así, la scj, como máximo órgano del Poder Judicial (uno de los poderes naturalmente obligados a cumplir con las convenciones internacionales de derechos humanos), por ejemplo ignoró la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

SEMEJANZAS

Es difícil que se produzca un cambio drástico en las posturas históricas del Poder Judicial uruguayo. Un juez puede declarar inaplicable por inconstitucional la ley de caducidad, pero no lo hace. La scj tiene la potestad de declarar inconstitucional la ley, pero tampoco lo hace.
La apertura del camino se presenta en el Poder Legislativo que, de aprobar la anulación de la ley, dejaría al Poder Judicial en la obligación de perseguir y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Los argumentos centrales utilizados en el Congreso argentino para declarar “insanablemente nulas” las leyes de punto final y obediencia debida parecen un calco de los fundamentos que en el ámbito jurídico y político uruguayos se esgrimen contra la ley de caducidad.

“Los veinte años que transcurrieron desde el advenimiento de la democracia es un tiempo más que razonable para demostrar que una convivencia humana y pacífica exige y reclama el debido juzgamiento de todos aquellos que de una u otra forma violentaron los derechos fundamentales de argentinos y extranjeros que vivieron en nuestro país durante la dictadura militar”, señala el proyecto de ley que luego fue aprobado por el Congreso argentino.

Indica también que “el esclarecimiento y restablecimiento de las investigaciones de los crímenes cometidos durante el último gobierno de facto, se erige aquí como una exigencia no sólo de los argentinos, sino de muchos países y de organizaciones internacionales que reclaman cada vez con más fuerza conocer la verdad y castigar a los culpables”. Este también es el caso de Uruguay donde la sociedad civil juega y jugará un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, lo que ahora se traduce en lucha por la anulación de la ley de caducidad.

El fundamento del proyecto argentino recuerda que las leyes de impunidad se aprobaron bajo presión y no en condiciones normales de reflexión y plenitud de la autonomía legislativa, tal como sucedió en Uruguay.
“Los principales actores políticos que participaron en la elaboración y sanción de estas normas han reconocido que se encontraban seriamente limitados por las circunstancias, pues la propia democracia dependía de ello. No puede pasar sin comentario que la ley 23.492 (de punto final) fue despachada en tres semanas de tratamiento, el día 23 de diciembre de 1986, casi contemporáneamente a la ley de caducidad de la pretensión punitiva en el Uruguay”, recuerda el escrito parlamentario.

Una de las principales argumentaciones jurídicas sostiene que las leyes de obediencia debida y punto final “consagran la impunidad de hechos aberrantes e impiden la facultad propia del Poder Judicial para juzgar esos delitos (...). Esos actos legislativos –y todos los que sean su consecuencia– carecen absolutamente de efectos jurídicos desde el momento de su sanción y no deben –nunca debieron– ser aplicados por los tribunales nacionales”.

Al igual que en el caso de Uruguay, el Poder Legislativo argentino vulneró la división de poderes propia de la forma republicana de gobierno. Por estas tierras, la función de juzgar (en realidad de no juzgar) los crímenes de lesa humanidad quedó en manos del Poder Ejecutivo, que hasta 2004 los amparó en su totalidad bajo el manto de la ley de caducidad.
Ambos países violaron las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, es decir los derechos inherentes al ser humano sea cual fuere el lugar donde viva. Argentina lo subsanó. Uruguay aún no.