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8 de enero de 2006
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Brecha
de Uruguay - 5 de enero de 2006
Salidas bloqueadas
Argentina y Uruguay
enfrentados por la celulosa
Hay que empezar por separar los múltiples planos del
problema. El de fondo es el de los riesgos reales de
contaminación de las aguas del río Uruguay, y de la población
que vive a ambas márgenes del mismo, a consecuencia de la
instalación de las dos plantas de celulosa en Fray Bentos.
Guillermo Waksman
El gobierno uruguayo y la
consultora contratada por el Banco Mundial, institución que
desde hace veinte años viene promoviendo la construcción de
este tipo de plantas en el Sur, consideran que esos riesgos,
si bien existen, se pueden atenuar –e incluso evitar– y por
consiguiente la inversión es muy conveniente para el país que
la recibe y no se corre peligro alguno. El gobierno argentino
y las organizaciones ambientalistas de los dos países
involucrados sostienen lo contrario, e invocan, en respaldo de
su posición, algunas experiencias recientes, como las de las
plantas de ence en Pontevedra, España, y de Arauco en
Valdivia, Chile.
El segundo aspecto a tener en cuenta es el
de la falta de una política forestal y de ordenamiento
territorial en Uruguay. La ley aprobada a fines de los ochenta
creó un mecanismo de subsidios que fomentaba la forestación en
suelos poco aptos para otro tipo de explotaciones
agropecuarias; ahora que ya no hay subsidios y que en Uruguay
habrá varias plantas de celulosa (las de Botnia y ence son
sólo las dos primeras) no hay legislación que impida –o
siquiera regule– que se destinen las tierras más fértiles a la
plantación de eucaliptos, con sus efectos de deterioro y
resecamiento del suelo utilizado y de las zonas aledañas. De
hecho ya hay plantaciones en tierras que se cuentan entre las
más ricas del país, generalmente adquiridas con ese fin por
empresas trasnacionales.
En tercer término, la discusión
entre ambos países ha subido de tono por el empeño que
caracteriza a algunos funcionarios y dirigentes políticos en
formular declaraciones rimbombantes, supuestamente destinadas
a demostrar un dudoso ingenio o bien a pudrir el problema, más
que a resolverlo. Del lado argentino, el gobernador de Entre
Ríos, Jorge Busti, ha sido el personaje más destacado en esta
materia, aunque últimamente ha sido empardado por Raúl Estrada
Oyuela, director de Asuntos Ambientales de la cancillería
argentina, quien finalmente se vio obligado a rebobinar sus
declaraciones. Del lado uruguayo, los laureles en este juego
de insulto en estilo ping pong, los lleva el subsecretario de
Vivienda, Jaime Igorra. Merece un premio consuelo el senador
Eleuterio Fernández Huidobro, cuyos exabruptos no estuvieron
dirigidos a los hermanos argentinos, sino a una parte de sus
correligionarios uruguayos, a quienes identificó como
pertenecientes a “la pintoresca izquierda cholula de Uruguay,
que no sólo se parece cada día más a los porteños sino que
lisa y llanamente se ha pasado a su bando, como en el
estridente y vergonzoso caso de las papeleras” (La República,
22-XII-05). La relación entre los dos países se deteriora y
eso repercute inevitablemente en el Mercosur, que ya estaba
malherido.
Debe tenerse presente, además, que con
independencia de las posiciones de ambos gobiernos en cuanto
al fondo de la cuestión, ninguno de ellos asumió con habilidad
la defensa de sus propios intereses. El argentino no planteó
oportunamente y con la necesaria firmeza sus derechos sobre el
río Uruguay, mientras que el uruguayo –cuyas autoridades, de
cuatro ministerios, parecían atropellarse para decir algo
sobre el tema– centró su argumentación, durante varios meses,
en que la otra parte actuaba movida exclusivamente por razones
electorales y que una vez pasada la instancia de octubre todo
quedaría en la nada. Pasados los comicios, el conflicto, lejos
de terminarse, se agravó. Ahora el ministro Mariano Arana
admite que el asunto no se manejó bien a nivel oficial y
reconoce la importancia de la participación de las
organizaciones ambientalistas (véase entrevista en páginas
24-25).
En estas páginas el embajador argentino en
Montevideo, Hernán Patiño Meyer, desarrolla la posición de su
gobierno en esta controversia, y Julio Villalonga, director
regional de Greenpeace, explica por qué su organización
reclama que se detenga la construcción de las dos plantas de
Río Negro.
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