Brecha de Uruguay - 5 de enero de 2006

Con el embajador Hernán Patiño Meyer

Cómo salir del laberinto

El embajador argentino en Uruguay reiteró la aspiración de su gobierno de que se detenga la construcción de las dos plantas de celulosa en Río Negro. Pero a lo largo de la entrevista que concedió a BRECHA tuvo especial cuidado de bajar los decibeles que alcanzó el debate público sobre el tema en los últimos diez días.

—¿Cómo debe interpretarse la referencia del embajador Raúl Estrada Oyuela sobre un posible boicot comercial y financiero de Agentina a Uruguay?
—Yo no escuché lo que realmente dijo, pero puedo negar de manera rotunda que haya hablado en esos términos. De ninguna manera pudo haber planteado que Argentina vaya a promover un boicot internacional contra productos uruguayos. Lo que podría ocurrir es que, sin intervención de ningún gobierno, consumidores de otros países prefieran no comprar productos elaborados en plantas contaminantes. Es algo parecido a lo que pasa con la carne con aftosa, a pesar de que argentinos y uruguayos sabemos que no hay riesgo alguno si la comemos. Este tipo de interpretaciones equivocadas no ayuda a generar el clima que hace falta para superar el diferendo que tenemos sobre las papeleras, que sin duda es serio.
—¿Cómo se llegó a este diferendo?
—En el origen hubo dos vertientes. Una es jurídica y la responsabilidad no es del actual gobierno uruguayo, sino del anterior. El río Uruguay es un recurso compartido entre los dos países; hay un estatuto que lo rige y una comisión binacional que lo administra. El estatuto establece claramente que cuando un Estado ribereño tiene que construir una obra que de alguna manera pueda alterar el recurso compartido debe consultar a la otra parte. Ese procedimiento se omitió durante el gobierno de Jorge Batlle, que consideró que la construcción de las dos plantas de celulosa no estaba dentro del estatuto. Lo decidió por sí y ante sí y otorgó las autorizaciones sin la consulta previa con el gobierno de Argentina.
—Sin embargo, por lo menos en el caso de la planta de ence, según surge de la Memoria Anual del presidente al Congreso, el diferendo quedó superado...
—No hubo ningún acuerdo donde conste que ese diferendo hubiese quedado superado; si lo hubiera, alguien lo habría mostrado.
—¿No basta que el presidente argentino lo estampe en la Memoria Anual al Congreso?
—En primer término, la memoria no la redacta el presidente, sino el jefe de gabinete, al que las distintas áreas de gobierno le van suministrando información. Tanto en el caso de ence como en el de Botnia hubo reclamos de la embajada argentina a la cancillería de entonces, y la respuesta no llegó.
—¿Cuál es la otra vertiente que está en el origen del diferendo, además de la jurídica?
—El conflicto político y económico. Los ciudadanos de Gualeguaychú –de 84 mil a 100 mil habitantes– ven amenazada su calidad de vida y los recursos que reciben del turismo con la instalación de las plantas en Río Negro. No es un planteo caprichoso; tienen argumentos muy atendibles, que se apoyan en los antecedentes de España y Chile, entre otros. Los informes técnicos aseguran que las plantas de celulosa son contaminantes; no voy a decir que no pueda mitigarse el daño, hay tecnologías que van morigerando los efectos. Lo sabemos por experiencia, porque en Argentina tenemos 11 plantas de celulosa. Una de ellas, importante por cierto, es propiedad de uruguayos. Es Celulosa de Argentina, que pertenece a la Fábrica Nacional de Papel, que funciona en Juan Lacaze.
Para tener una idea de la magnitud del problema hay que señalar que en las dos plantas, situadas a unos pocos quilómetros de distancia, se van a producir 1,6 millones de toneladas de celulosa por año, mientras que en las 11 plantas ubicadas en Argentina se producen 900 mil. Hay quienes sostienen que el de Río Negro será el mayor complejo celulósico del mundo. Es comprensible entonces la sensibilidad de los entrerrianos, que saben que es inevitable que haya una enorme contaminación ambiental, que afectará el aire y el agua. Y es comprensible que, ante esa situación, la gente se movilice. Los manifestantes no son activistas políticos sino ciudadanos comunes.
—Se ha afirmado que esas movilizaciones han sido alentadas por las autoridades provinciales.
—No es así. Yo diría que los dirigentes políticos quedaron atrás de los reclamos y terminaron acompañándolos porque entendieron que eran legítimos. Por lo pronto ni la gente ni el gobierno argentino cuentan con la totalidad de la información que les permita tener o dar tranquilidad. Le doy un ejemplo: a fines de 2003, cuando este tema empezó a menearse, fui a Gualeguaychú enviado por el canciller a explicar cuál era la posición y la defensa que el gobierno argentino estaba haciendo en este asunto. En ese momento recuerdo haberme comunicado con el presidente Batlle por teléfono, que estaba en la estancia de Anchorena, y le dije: “Presidente, estoy entrando a Gualeguaychú, tengo que darle a esta gente una satisfacción a sus reclamos; le pido por favor que me autorice a anunciar la creación de una comisión binacional donde podamos analizar esto a fondo”. Me dijo que sí, pero después no se concretó. Recién se creó dos años después, el 5 de mayo último, con dos presidentes distintos, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner.
—Ese grupo terminará su trabajo a fin de este mes y todo indica que no habrá un informe conjunto.
—Hemos avanzado algo en materia de información, pero Argentina cree que todavía no tiene toda la necesaria para poder producir ese informe común.
—El gobierno uruguayo dice que pasó toda la información disponible a las autoridades argentinas.
—Eso puede ser cierto, pero toda la información disponible no es lo mismo que toda la necesaria. Mucha información Uruguay la ha ido pidiendo como consecuencia de los reclamos argentinos, porque las empresas no se la habían dado. Y hay otra información que Botnia y ence todavía no han suministrado; dicen que lo harán en el futuro, pero para nosotros tener una idea acabada del impacto que esto puede tener necesitamos la información. Yo no atribuyo mala fe al gobierno uruguayo. También estoy absolutamente convencido de que si un estudio técnico serio y objetivo demuestra que las plantas son contaminantes el gobierno uruguayo va a actuar en consecuencia. Está la palabra del presidente y estoy seguro de que la va a cumplir. Pero todavía no tenemos los elementos para llegar a eso, y mientras tanto se sigue desarrollando el conflicto político, porque los vecinos de Gualeguaychú ven que las plantas continúan construyéndose y tienen miedo de encontrarse ante un hecho consumado.
—¿Cuáles son sus expectativas con respecto a lo que haga el gobierno uruguayo en lo inmediato?
—Estamos en un laberinto. Como decía Leopoldo Marechal, la única forma de salir de los laberintos es por arriba; no se sale recorriendo sus corredores. No puedo anticipar cuál puede ser esa salida por lo alto, porque todavía no la sabemos.
El problema es muy difícil. Estamos en medio de uno de los conflictos de los tiempos modernos, que es cómo se crece sin dañar el patrimonio común, que es la calidad de vida ambiental. ¿Cómo lo hicieron los países industrializados? Despedazando el ambiente, como lo siguen haciendo, con las emisiones, el agujero de ozono, el recalentamiento global... ¿Puede un país, con las dificultades económico-sociales que tienen los nuestros rechazar inversiones? Evidentemente no. Pero, ¿puede un país aceptar inversiones a cualquier precio? Tampoco podemos.
—¿Usted no cree que toda industria es contaminante?
—Sin duda es así, pero hay algunas que son más contaminantes que otras. Acá se trata primero de saber de qué estamos hablando y todavía esa información el gobierno y los técnicos argentinos
–yo no soy técnico en la materia– dicen que es incompleta, que no nos permite saber de qué estamos hablando.
—De todas maneras Uruguay ya suscribió los convenios con Botnia y con ence. ¿Cómo puede incumplir las obligaciones que asumió?
—No se debe dar por sentado que las empresas no cumplirían más exigencias que las que ya se les han planteado. Las empresas tienen que convivir con un medio social determinado. No les debe interesar promover un conflicto entre dos estados ni pueden creer que van a poder trabajar con un conflicto de esta naturaleza. Por lo tanto no tenemos por qué presuponer que si se demuestra que con la tecnología que emplean se producen daños sensibles y que hay instrumentos técnicos para corregirlos, las empresas no lo vayan a hacer. Es más, estoy absolutamente seguro de que en ese caso los dos países van a exigir a las empresas que lo hagan.
—El gobernador Busti habría dicho que Argentina no recurriría a la Corte Internacional de La Haya porque el juicio insumiría muchos años, y que se buscarían otras instancias judiciales. ¿Cuáles pueden ser?
—No he leído las declaraciones del gobernador. Lo de la Corte Internacional de Justicia está previsto en el Estatuto del Río Uruguay. Allí se establece que si no hay acuerdo en un plazo de 180 días entre las dos partes con respecto a diferencias sobre el manejo del recurso natural y sobre la interpretación del tratado, se puede recurrir a la Corte para que dictamine si las partes han cumplido o no el tratado. La Corte difícilmente entre en el fondo de la cuestión, va a entrar en la forma, y puede llegar a decir: “El gobierno uruguayo no dio cumplimiento a lo estipulado en el Tratado del Río Uruguay para aprobar la instalación de las plantas”. Es cierto que no es un proceso que se resuelva de un día para otro.
—¿Tiene efecto suspensivo la presentación de la demanda? ¿Se paralizarían las obras?
—Lo podría decidir. La Corte podría ordenar una medida precautoria, no sé si lo va a hacer. Es posible que el proceso, por ser demasiado largo, no nos ofrezca garantías de lo que nos importa, que es la detención de las obras hasta que no sepamos exactamente de qué se trata y por lo tanto a lo mejor hay que recurrir a otras instancias. También las hay en los propios países de origen de las inversiones y están además las previstas en el derecho internacional. Pero creo que antes de cualquier procedimiento judicial debemos trabajar los dos gobiernos para salir de este laberinto y encontrar un mecanismo consensuado que resuelva el diferendo.
—¿Por qué el gobierno argentino no corta las manifestaciones que se producen en territorio argentino? ¿Por qué no defiende los derechos de los turistas que quieren venir a Uruguay?
—Cuando nosotros asumimos el gobierno, en 2002, con el presidente Eduardo Duhalde, teníamos aproximadamente 3 mil cortes por mes, y no en la ruta 136 de Gualeguaychú, sino en la ciudad de Buenos Aires, con lo que eso significaba para el funcionamiento normal de la capital de la República. ¿Cuál fue la política del gobierno desde ese momento hasta el día de hoy? Vamos a tratar de proteger los bienes de terceros para que no se produzcan daños, pero vamos a ser muy respetuosos del bien supremo que tenemos en Argentina en este momento, que es la vida humana de los que manifiestan, independientemente de que en algunos casos esos manifestantes lo hicieran de buena o de mala fe.
También es cierto que hay colusión de derechos, en este caso entre el derecho a manifestarse y el derecho al libre tránsito. El gobierno argentino no va a reprimir, porque no se trata de delincuentes ni de forajidos; se trata de ciudadanos comunes de una provincia argentina que están legítimamente haciendo una manifestación. Todos sabemos que se provocan daños, sabemos que los turistas están enojados, todo eso lo sabemos, pero también sabemos que la utilización de la fuerza no ha sido eficaz cuando pasamos de 3 mil cortes mensuales a tener hoy menos de cien, todo esto sin ninguna víctima.