LAS DENUNCIAS

El documento de las oficinas de Mantenimiento de la Paz, al que BRECHA tuvo acceso, contiene 29 denuncias. Tres de ellas se refieren a otros tantos casos de violación de menores cometidos por una “banda” de soldados uruguayos. Uno de los casos, ocurrido en mayo de 2004 y sustanciado en el expediente boi 04/101, fue cometido en Bunia, una ciudad al noreste del Congo, sobre el lago Alberto. Los oficiales del Monuc no lograron identificar a los responsables, que abandonaron Bunia cuando se produjo el relevo de efectivos. La víctima quedó embarazada y dio a luz a un hijo.
Otro caso, consignado en el expediente dpko/019 como “violación de menor”, fue cometido en agosto de 2004 en Uvira, provincia de Kuvi, por una banda de violadores integrada por soldados no identificados, que retornaron a Uruguay luego de la rotación del contingente. El tercer caso, rotulado dpko/153, simplemente consigna la “violación de una menor por dos soldados uruguayos”.
Un cuarto caso, que no es tildado de violación sino de “sexo con menor”, fue atribuido a Anuarute, que según explicó a BRECHA el subsecretario Bayardi, sería la transcripción literal del nombre del perpetrador expresado en el dialecto de la víctima, que también resultó embarazada.
La no identificación de los responsables y la ausencia de otros elementos de prueba impidieron, según el subsecretario Bayardi, confirmar los casos de violencia sexual, pese a la investigación realizada. Bayardi agregó que, en cambio, sí se confirmaron episodios de relaciones sexuales con mujeres locales menores de edad, que están prohibidas por las normas de la onu y son pasibles de sanción por nuestros códigos militares.
Sin embargo, las denuncias contenidas en el informe de la onu atribuyen características especiales a tales “actos sexuales”. La investigación sobre abuso sexual contra Marie Thsibola culminó con la aceptación de los cargos por Laudelino Pechi y Nedi Álvez, miembros uruguayos del Monuc, cuya repatriación estaba en proceso en octubre de 2005, fecha de emisión del informe; ambos admitieron haber introducido a la mujer en las instalaciones militares de la misión.
Mario Moreira y otros fueron acusados de “prostitución” al ser “encontrados en un edificio abandonado con la víctima”. Sergio Gamarra, repatriado durante la rotación normal en mayo de 2005, fue acusado de “acoso sexual, explotación sexual y pornografía”. Nelson Acosta fue acusado de tomar contacto en el mercado de Kindu con un niño para que le proveyera mujeres dispuestas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Acosta fue sorprendido con una mujer en su dormitorio del cuartel. Carlos Johnny González, según la documentación, indujo a la prostitución y mantuvo relaciones sexuales en público. Las autoridades de la onu recomendaron su repatriación y una investigación criminal. Luis Alberto Sanchez también cometió actos sexuales en público y fue repatriado. José Aguirre fue acusado de “explotación de relaciones sexuales” (lo que puede interpretarse como proxenetismo) y abandonó el Congo en mayo de 2005 después de iniciada una investigación, que sigue en curso, sustanciada en el expediente dpko/117/kal/2005.
Un par de acusaciones de violación de las normas sobre conducta sexual de las tropas de paz involucran a dos oficiales. El coronel Luis Lavista, comandante del contingente uruguayo, fue investigado en el expediente boi 04/66 por “prostitución en visitas organizadas al bar Jardin”. El teniente coronel (aviador) Pablo Taramasco, miembro del staff del comando, fue acusado de “acoso sexual, explotación y almacenamiento de material pornográfico”. El material pornográfico fue ubicado en la memoria de su computadora, cuyo fondo de pantalla consistía en la foto de una mujer negra, desnuda, con una flecha sobre el pubis y una leyenda que decía: “Esta es la verdadera puerta de entrada a África”. Su caso fue sustanciado en un expediente boi y estaba en curso en octubre de 2005; regresó a Uruguay en mayo del mismo año.
El expediente BOI 06//017, rotulado “sustanciado” contra el coronel Arquímedes Cabrera, fue sintetizado en el informe enviado a Uruguay de la siguiente manera: “Inconducta sea. Entre otras alegaciones, actuó contrario al buen orden y la disciplina militar involucrado en ‘relaciones no oficiales’ con un nacional congolés”. El coronel Cabrera, según el informe, “fue rotado antes de la conclusión del caso en mayo de 2005. Fue solicitada su repatriación por causas disciplinarias”.
Otros dos oficiales resultaron investigados por su conducta en el Congo. El teniente coronel Ariel Sánchez Aries, mientras estaba destacado como miembro de Minurso, abandonó su puesto el 17 de julio de 2004. Su presencia fue reportada en Las Palmas, en compañía de su familia, contrariando las regulaciones de la onu. Fue repatriado en ausencia el 27 de julio de 2004.
El mayor Enrique Barrios protagonizó un accidente de tránsito el 5 de octubre de 2004. “El mayor Barrios conducía bajo la influencia del alcohol, a una velocidad por encima de los límites, abandonó la escena y retornó a los cuarteles generales sin reportar el accidente, trasladando a un contratista sin el permiso correspondiente.” Fue repatriado el 15 de octubre de 2004.
Las autoridades de la onu en su momento solicitaron al gobierno uruguayo la investigación criminal de nueve soldados: Nelson Barrera, Wissler Bentos, Roberto Carrizo, José Cópola, Wilson Macedo, Eduardo Olivio, Nuber Osorio y otros dos no identificados, que el 6 de setiembre de 2003 participaron en actos de saqueo en Bunia, presumiblemente en los episodios en que se denunció el robo de un cáliz. Se solicitó su repatriación, pero los acusados retornaron a Uruguay durante la rotación normal.
El subsecretario Bayardi afirmó a BRECHA que la investigación realizada en noviembre último sólo permitió confirmar “unos pocos casos” del total de 29 denuncias. Se decretaron algunas bajas, que involucraron a algunos de los soldados involucrados en el saqueo. Se aplicaron también sanciones disciplinarias: las acusaciones contra el teniente coronel Taramasco sobre explotación de material pornográfico y acoso sexual no fueron confirmadas, pero sí se comprobó la existencia de material pornográfico en su computadora. La conducta del coronel Lavista, acusado de “prostitución”, quedó limitada, tras la actuación del tribunal de honor, a una contravención por sus visitas al bar Jardín, dijo Bayardi. El subsecretario acotó que “es prácticamente imposible impedir que el personal mantenga relaciones sexuales con mujeres locales” e indicó que las normas de la onu al respecto son en extremo severas. De todas formas, agregó, algunas de las faltas comprobadas son duramente castigadas por los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. Bayardi subrayó el pronto diligenciamiento de la investigación una vez que las nuevas autoridades tomaron formal conocimiento de las acusaciones.