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Son muchos los resultados positivos que, se sostiene, acarrearía para los países más débiles la concreción de este tipo de acuerdos con países más poderosos. El acceso a mercados de gran poder adquisitivo, la atracción de inversiones y la adopción de prácticas e instituciones similares a aquellas que están asociadas al “éxito” de los países desarrollados son las consecuencias benéficas más mencionadas... y esperadas.
Pero no todo es tan sencillo y convendría tener en cuenta la evaluación de expertos que, con moderación, fundamentan sus análisis en la teoría y la propia historia. Es así que el reconocido investigador argentino en temas económicos y comerciales Roberto Bouzas afirma que “para alcanzar estos resultados, que no son automáticos, los acuerdos Norte-Sur deben ofrecer una respuesta adecuada ante al menos cuatro desafíos: asegurar la reciprocidad efectiva; ayudar a cubrir los costos de ajuste y transición; impedir la consolidación de dinámicas de polarización y asegurar que los efectos institucionales indirectos sean positivos; y, finalmente, que el socio en desarrollo pueda asimilarlos de manera eficaz”.**
En materia de “reciprocidad” (definida como la política por la cual los gobiernos se otorgan mutuamente concesiones equivalentes), “la historia demuestra que no ha sido fácil aplicarlo en el sistema de comercio multilateral”. “Según muchas opiniones –agrega diplomáticamente Bouzas–, los países en desarrollo asumieron compromisos en algunas áreas –como la protección de los derechos de propiedad intelectual o la aplicación de disciplinas de inversión relacionadas con el comercio– sin conocer totalmente sus efectos y repercusiones, por lo que la reciprocidad era casi imposible”.
Pero “varias características estructurales de la integración regional Norte-Sur” no parecen coadyuvar en el logro de tal “reciprocidad” en el plano bilateral. En primer lugar, la política importa. “Los países industrializados generalmente tienen instituciones democráticas sólidas, que hacen que los votos de los ciudadanos pesen más en el proceso político interno que en los países en desarrollo”, por lo cual “las legislaturas de las democracias industrializadas tienden a desempeñar un papel más importante en el diseño de políticas y a canalizar los intereses del sector privado en forma más efectiva”. En los países en desarrollo (ped), “el sector privado tiende a estar mejor organizado en torno a cuestiones defensivas y, por lo general, provee una frágil base para elaborar una agenda de negociación ofensiva”.

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Por otro lado, difícilmente los ped logran en los temas bloqueados en la OMC soluciones “más equilibradas” cuando encaran negociaciones bilaterales. En palabras de Bouzas, “los subsidios nacionales a los productos agrícolas de regiones templadas y la instrumentación de ‘medidas de alivio comercial’, sobre todo derechos antidumping, son algunos de los aspectos controvertidos. Un examen superficial de los acuerdos preferenciales Norte-Sur que están vigentes parecería confirmar que estos temas no fueron abordados adecuadamente por los negociadores”.
Pero la dinámica impuesta por Estados Unidos tampoco ayuda. Al TLC concretado por este país con Chile tiempo atrás, se le agregaron en las últimas semanas y meses los firmados con América Central, el Caribe y Perú, así como los que están siendo negociados con Colombia y Ecuador. En ese marco, crece considerablemente el costo de “quedarse afuera” de la carrera. Un costo que se paga por dos vías: por perder, en manos de países que ya tienen un “acuerdo preferencial”, posiciones en el mercado de Estados Unidos y por la renovada competencia que los productos originados en ese país realizan en los mercados ahora “preferidos” por la gran potencia. En este sentido, por ejemplo, se prevén tiempos difíciles para las exportaciones de arroz que deban competir con el subsidiado arroz estadounidense.
En un plano general, Bouzas plantea que “en el contexto actual de incertidumbre con respecto a la evolución del régimen de comercio multilateral, los ‘incentivos defensivos’ resultantes pueden hacer que los costos de la no participación sean insostenibles desde el punto de vista económico y político. Al aumentar los ‘costos de exclusión’ percibidos, también puede elevarse el ‘boleto de entrada’ para acceder a los acuerdos y disminuir la probabilidad de acuerdos equilibrados y recíprocos”. La negociación multilateral bloqueada y agresiva y la propuesta de TLC bilaterales por parte de Estados Unidos pueden conformar una peligrosa combinación... tanto para los que “entran” como para los que quedan a la intemperie.

DEPENDE, TODO DEPENDE

La implementación de los TLC también tiene importantes “costos de transición y ajuste”. Y, como es de suponer, dice el investigador, “estos temas son aun más importantes para los ped, donde los costos de ajuste generalmente son mayores y se dispone de menos recursos financieros, políticos e institucionales para hacer frente a sus consecuencias. Si este problema no se trata en forma cooperativa, puede conducir a un aumento de las asimetrías preexistentes, al permitir que el país desarrollado maneje de manera más eficaz sus propios costos de ajuste o inclusive transfiera algunos de ellos a su socio en desarrollo”.
Finalmente, la existencia de “fallas de política y de mercado (mal funcionamiento de los mercados, en particular financieros, tecnológicos y de información, así como notorias debilidades administrativas e institucionales) también puede contribuir a transformar los costos de ajuste y transición en dinámicas de polarización y trayectorias divergentes”. Como consecuencia, el camino al infierno puede estar empedrado de buenas y librecambistas intenciones. Bouzas apunta: “los acuerdos preferenciales Norte-Sur ofrecen oportunidades de convergencia en los niveles de ingreso per cápita entre los países ricos y pobres, pero también pueden consolidar círculos viciosos de estancamiento y decadencia”.
Es así que, a pesar de lo sostenido por los fundamentalistas del libre mercado, “no hay razones teóricas por las que una trayectoria debiera predominar sobre la otra. Algunos autores hacen hincapié en las fuerzas que promueven la convergencia, mientras que otros recalcan la persistencia de desempeños económicos divergentes a lo largo del tiempo”. Los “efectos de polarización” podrían “acentuar las desigualdades preexistentes y hacer que los acuerdos de comercio preferencial sean insostenibles desde el punto de vista económico, político o ambos, a menos que se adopten políticas públicas activas”, para las cuales los recursos (públicos) no abundan, mientras los TLC no prevén “fondos de apoyo” financiados por el socio más poderoso.
Si bien los llamados argumentos de “autoridad” –aquellos que se basan en la pretendida infalibilidad de las opiniones vertidas por supuestos expertos– no pueden ser el fundamento de una toma de posición, parece conveniente atender el “remate” que Bouzas le da a su análisis. “Serias preocupaciones” –originadas por la combinación de la situación multilateral en materia de negociaciones y las perspectivas del regionalismo Norte-Sur– son las dos palabras con las que concluye el informe.


* La lectura del informe sobre la OMC contenido en la separata de economía incluida en la presente edición de BRECHA brinda más elementos para la comprensión del problema.
** “El nuevo regionalismo y el área de libre comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente”, Roberto Bouzas, Revista de la cepal, número 85.