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15 de enero de 2006
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La Nación
de Argentina - 12 de enero de 2006
Papeleras, la razón, el piquete y después
Luis Castelli
Para La Nación
COMO dos tribus ofuscadas, Uruguay y la Argentina continúan enfrentados por
la posible instalación de dos plantas de pasta de celulosa sobre la margen
uruguaya del río Uruguay, en las cercanías de Fray Bentos. Miles de turistas
afectados por el corte de la ruta de acceso al puente internacional General San
Martín dibujan una cola de varios kilómetros de automóviles, a la espera de que
finalice la protesta.
Aburridos, y sin oídos disponibles para temas
ambientales, arrojan por la ventanilla los volantes que informan sobre los daños
que las plantas de la industria del papel podrían producir. Algunos cruzan por
otros puentes, más al Norte, sin comprender que no se le pueda encontrarle una
salida a este conflicto que lleva varios meses, malas caras y un despilfarro
verbal no exento de exabruptos que en nada ha contribuido a solucionar el
problema.
La discusión, en los términos en que se planteó hasta el
momento, lejos está de aclarar cuál sería el verdadero impacto ambiental de la
actividad y cuáles las posibles consecuencias de la utilización de dióxido de
cloro en el procedimiento para blanquear la celulosa. Una duda razonable esta
última, si se sabe que el dióxido de cloro ?elemento central en la producción de
dioxinas? es una de las sustancias venenosas más tóxicas, capaz de originar
graves trastornos de salud y de reproducción, tanto a las personas como a las
especies acuáticas.
"Sí a la vida, no a las papeleras", puede leerse en
algunas pancartas en manos de los vecinos que se oponen a la instalación. Esto
recuerda el conflicto que se generó dos años atrás en Esquel, como consecuencia
de un proyecto de explotación de una mina de oro. Allí, lejos de promoverse un
debate enriquecedor, las pasiones alinearon a los pobladores en veredas
enfrentadas -a menudo, intolerantes-, tras dos posiciones antagónicas: el sí y
el no a la mina.
Podrían mencionarse otros casos similares: la
explotación de hidrocarburos en la laguna de Llancanello, en Mendoza; la
instalación de torres de alta tensión en Humahuaca, el aumento de la cota de la
represa de Yacyretá, la explotación de yungas en el Norte, el proyecto de
construir la represa de Corpus, pese a la negativa generalizada de la población.
Se citan sólo algunos de los que han ocurrido y ocurren en nuestro país. Sin
duda, habrá más.
Es que no hay una verdadera sensibilidad para advertir
que el modo de considerar los emprendimientos que pueden afectar nuestros
recursos naturales requiere un proceso de toma de decisiones más idóneo. Los
instrumentos actuales, lejos de limitar la creación de conflictos, los
favorecen. Prueba de ello es que cada vez que se plantea un proyecto de
desarrollo -ya sea minero, inmobiliario, de explotación de hidrocarburos,
construcción de una represa, forestación, instalación de un centro de
disposición de residuos, etcétera- se genera un conflicto social que polariza a
las comunidades y no se promueve una discusión profunda sobre el tema.
En el caso específico de las papeleras, la carencia de un mecanismo
internacional adecuado hace las cosas todavía más difíciles. No contamos con un
sistema internacional o regional para evaluar los daños ambientales en un
contexto transfronterizo que nos permita enfrentar el problema. Y lo cierto es
que, aun cuando sus efectos podrían afectar el territorio argentino, el proyecto
apunta a instalar las papeleras en el territorio uruguayo, por lo que su avance
depende hoy exclusivamente de las leyes de nuestro querido país vecino y de su
propio proceso de toma de decisiones, que, como el argentino, es bastante
superficial y sufre similares imperfecciones: requerimientos que no implican un
análisis profundo de alternativas de desarrollo viables, un precario sistema de
información y participación del público y una escasa capacidad de monitoreo de
las actividades.
La evaluación de impactos
La Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso que se orienta a resguardar que
determinados proyectos resulten sustentables desde el punto de vista ambiental y
social, por medio de la participación activa de la sociedad. El objetivo del
proceso de evaluación consiste en proveer de manera anticipada de un cúmulo de
información a quienes deben tomar las decisiones. ¿Qué impactos se producirán
como resultado de la instrumentación del proyecto? ¿Cuál será su alcance, su
magnitud y su duración? ¿Qué otras alternativas de desarrollo existen o se deben
descartar si se aprueba la propuesta? ¿Quiénes resultarán afectados y
beneficiados? ¿Quién se hará cargo de los costos?
Sin embargo, es
importante que en la EIA -un sistema que varía de manera considerable según la
importancia que se adjudica a la participación de los grupos interesados o
afectados por un posible desarrollo- la información se presente de un modo tal
que facilite su comprensión por parte de personas no especializadas. Se trata,
además, de un proceso de comunicación de dos vías, en el cual no sólo debe
brindarse información a la comunidad involucrada en el desarrollo del proyecto,
sino que deben requerirse también aportes por medio de mecanismos de consulta y
participación activa.
Ello no implica que la población sea la que toma
las decisiones, sino que tenga la oportunidad real de plantear sus inquietudes
de modo serio y de que éstas sean evaluadas y adoptadas en los casos en que se
estime necesario y fundamentadas cuando sean dejadas de lado.
La
realidad muestra que, en el Río de la Plata, existe una escasa cultura
participativa, y quienes desarrollan los proyectos suelen percibir la
participación pública más como un obstáculo en la aprobación del plan que como
una herramienta para ahorrar costos o mejorar su diseño. Incluso, las
autoridades menosprecian con frecuencia la opinión del público, interpretándola
como una restricción a su poder discrecional de tomar decisiones. Esta actitud
redunda en la falta de apoyo por parte de la comunidad y en una fuente de
conflictos, en particular cuando los afectados por el proyecto no han sido
implicados en la toma de decisión.
Por eso, resulta indispensable contar
con un análisis imparcial, científico, que permita comprender los impactos que
podrían producirse.
¿De qué herramientas dispone hoy la comunidad del
área donde se instalarían las papeleras para evaluar si es cierto que, tal como
afirma la empresa, se utilizará "la mejor tecnología disponible"? ¿Cómo pueden
asegurarse los vecinos de que la actividad aplicará un proceso productivo libre
de dioxinas? En modo alguno resulta suficiente que el Banco Mundial asegure que
las plantas no generarían efectos ecológicos de relevancia.
Aunque éste
no sea el caso, han existido varios proyectos de lamentables consecuencias
ambientales avalados por bancos de desarrollo. De allí que, pese al respeto que
merecen dichas entidades, la sola lectura de los conceptos despierte
suspicacias.
Una modalidad simple podría consistir en integrar expertos
independientes para que realicen un análisis de los impactos que podrían
producirse y los expliquen adecuadamente a la comunidad. Así, ésta podrá
elaborar su propio punto de vista sobre el significado y los impactos del
proyecto. Cuanto más informada se encuentre la ciudadanía, más constructivos e
incisivos serán sus aportes.
La consecuencia de contar con un sistema
deficiente es que la autoridad, por diestra que sea, en el momento de tomar una
decisión, no cuenta con elementos para fundamentarla en forma razonable y debe
enfrentar la fuerte presión de los distintos intereses involucrados. Así se
profundiza la tendencia a soluciones que, con miras a crear trabajo y satisfacer
beneficios inmediatos, sacrifican actividades sostenibles en el largo plazo,
justificándolas con la falsa creencia en el "mal necesario" o en lo "inevitable"
del progreso.
Tal vez el error se encuentre en percibir la decisión como
un proceso binario -o bien el proyecto avanza, o bien es rechazado-, sin
considerar alternativas para evaluar si la sociedad puede resultar más
beneficiada con la adopción de otro desarrollo diferente del propuesto. De este
modo, se genera un conflicto que, además, muchos intentan utilizar
políticamente.
En el caso de las papeleras, llama la atención el interés
que de pronto ha despertado en las autoridades el equilibrio ecológico, sobre
todo en un país como el nuestro, donde, lamentablemente, en cada elección cuesta
encontrar propuestas con contenido ambiental. Por eso resulta comprensible que
aquellos que cortan las rutas afirmen que "no tienen otro medio de llamar la
atención".
Promoción del caos
Resulta paradójico que
funcionarios del más alto nivel del Gobierno manifiesten que el corte de ruta es
"un ejemplar modo de protesta" o "un modo no contemplativo de ejercer sus
derechos de una manera edificante".
Incluso los diarios adjudicaron al
gobernador de Entre Ríos haber afirmado, respecto de las molestias de los
automovilistas atrapados en los cortes de ruta, que "son argentinos que no se
demoran para ir al trabajo, sino a las vacaciones". En ambos casos, la
investidura parece no sólo permitirles la promoción de un método de protesta
autoritario e ilegal, sino atribuirles la facultad de establecer categorías
arbitrarias de relevancia, según las cuales un argentino que se va de vacaciones
está haciendo algo menos importante que otro argentino que corta una ruta.
No es que no haya razones para protestar. Es cierto que el sistema
carece de una metodología para llegar a la verdad. Pero los piquetes compulsivos
y los cortes de ruta son mera decadencia. Constituyen una actitud irritante que,
lejos de despertar adhesiones, suscita rechazo por los temas ambientales. Si se
desarrollara un proceso adecuado, el interés de los ciudadanos tomaría la forma
de una contribución inteligente, mucho más edificante que la participación en
ferias callejeras o en cortes de rutas ilegales.
Ya no resulta fácil
disimular que el sistema actual de evaluación de impactos ambientales de
proyectos que pueden afectar el ambiente de modo irreversible es insuficiente y,
además de generar conflictos sociales inútiles, permite un elevado margen de
discrecionalidad por parte de quienes deben autorizarlos, lo que favorece la
posibilidad de decisiones de precaria racionalidad y alto riesgo ambiental.
Tal vez sea éste un buen momento para ver la magnitud del problema y
alentar un sistema más adecuado al contexto y a la importancia que hoy tienen
los recursos naturales. Quizá, dada la fascinación que suscitó el problema
ambiental en un contexto donde la desilusión había cobrado un carácter crónico,
podría esperarse que alguna autoridad movilizara a la comunidad para que se
aprobara un nuevo sistema de evaluación para los proyectos que se presenten,
basado en la razonabilidad. De lo contrario, sólo nos restará esperar que el
azar proteja las futuras generaciones y que los empujones sigan siendo un modo
válido de promover la toma de decisiones.
© LA NACION
El autor es
director ejecutivo de la Fundación Naturaleza para el Futuro.
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