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18 de enero de 2006

La Nación de Chile - 16 de enero de 2006

Chile somos todos (I parte)

Será prioridad principal de nuestro Gobierno procurar la erradicación de toda forma de discriminación por motivos de raza, color, género u orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, condición o estatus de inmigrante, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Michelle Bachelet Jeria
Chile somos todos. Lo forjamos entre todos y lo construimos para todos. La sociedad se constituye a través de innumerables formas de relaciones entre las personas, en el intercambio de ideas y sueños y, sobre todo, en la vivencia común de emociones y afectos. Cuando somos capaces de vivir juntos forjamos una identidad, un proyecto compartido. Cuando nos reconocemos hijos de una historia común, encontramos la fuerza para proyectarnos como padres de nuestro futuro.

Decir que Chile somos todos significa algo simple: queremos un país sin exclusiones. La discriminación sigue asolando a nuestro país. No seremos un país desarrollado mientras persistan las barreras basadas en el prejuicio y la intolerancia que impiden a algunos chilenos ejercer sus derechos y desplegar sus potencialidades. Éste es el mayor imperativo ético que tenemos por delante.

Queremos vivir en una sociedad que dé acogida y seguridad a todos los chilenos. Aspiramos a una sociedad que tenga cohesión, que acepte la diversidad sin caer en la indiferencia y que abrace la libertad sin caer en el abandono de las personas.

Podemos aspirar a notables éxitos económicos.

Podemos obtener grandes logros en aspectos materiales. Sin embargo, mientras no eliminemos las discriminaciones que persisten en nuestra sociedad, mientras no acabemos con las desigualdades de género, mientras no curemos la herida de los derechos humanos, mientras no logremos la plena integración y desarrollo de los pueblos indígenas en armonía con su identidad, mientras no fomentemos nuestra cultura, no habremos alcanzado el sueño compartido de un país pequeño que brinda progreso y justicia para todos y con todos.

DISCRIMINACIÓN

Será prioridad principal de nuestro Gobierno procurar la erradicación de toda forma de discriminación por motivos de raza, color, género u orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, condición o estatus de inmigrante, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Podemos eliminar la discriminación. Hemos avanzado mucho, pero otras naciones han hecho mucho más. Necesitamos reformas legales y políticas educacionales que promuevan la tolerancia y la igualdad. Hace falta un esfuerzo de prevención de la discriminación. Sabemos por diversos estudios que los chilenos brindamos un trato discriminatorio a mucha gente: los más pobres, ciertas etnias, algunos credos religiosos, la mujer, los discapacitados, las minorías sexuales, los inmigrantes. Por eso, necesitamos políticas de acción afirmativa a favor de quienes son probables víctimas de la discriminación.

Los valores de la igualdad

Implementaremos programas de educación y difusión para fomentar la apreciación de la pluralidad y la tolerancia.

Propiciaremos una modificación al artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para explicitar el fomento de la paz y la no discriminación.

Apoyaremos el proyecto de ley antidiscriminación. También toda medida legislativa y administrativa tendiente a establecer recursos judiciales y/o administrativos eficaces para resolver reclamos por discriminación arbitraria.

Estableceremos un Código de Ética Pública para las reparticiones del Estado. Este código prohibirá todo tipo de discriminación arbitraria en los procesos de contratación, trato y promoción de funcionarios públicos. Entre otras medidas, prohibiremos que se solicite información irrelevante en los currículos de los postulantes, estableciendo procedimientos de postulación que explícitamente excluyan esos antecedentes.

Propiciaremos las buenas prácticas en la empresa privada. Instaremos a las empresas a que adopten voluntariamente el Código de Ética Pública y a que publiciten sus políticas de contratación. Alentaremos las iniciativas de entidades de la sociedad civil, como ONGs o asociaciones gremiales, a preocuparse de fomentar las buenas prácticas en materia de discriminación.

Implementaremos una política indígena, basada en su desarrollo e identidad, que combata activamente la discriminación que sufren nuestras etnias.

Promoveremos la libertad de culto, el desarrollo de todos los credos y velaremos por la libre expresión de los diversos cultos en la sociedad. Promoveremos, a su vez, que los establecimientos de enseñanza municipalizados puedan ofrecer educación religiosa de los diversos credos a sus alumnos, a elección de éstos o sus padres, o actividades alternativas de formación cívica y ética para quienes no profesan ningún credo religioso.


Igualdad de género

Las mujeres son aún discriminadas en Chile. Hemos avanzado mucho: lo que hasta hace 15 años habría sido impensable, hoy es posible. Pero todavía queda un largo camino por recorrer.

Las mujeres siguen siendo discriminadas en su entrada al mundo laboral; ganan menos que los hombres por similar trabajo, se desempeñan en actividades de menor remuneración, siguen siendo maltratadas en sus hogares, son discriminadas en los seguros de salud y en lo previsional.

Las mujeres siguen sobrellevando la mayor carga de trabajo doméstico. Están aún subrepresentadas en los cargos gerenciales privados y en la dirigencia política. En definitiva, la mujer hace un tremendo esfuerzo por incorporarse al mundo moderno, pero muchas veces se le cierran los espacios. Debemos darles mayor oportunidad.

En lo político, conformaremos un Gobierno paritario entre hombres y mujeres en los cargos de designación presidencial. Impulsaremos una Ley de Cuotas para corregir el déficit de representación política femenina (lo que se une con la reforma del actual sistema electoral binominal).

En materia de justicia, incorporaremos a la formación de jueces, fiscales y defensores nacionales nociones sobre derechos humanos de las mujeres.

Impulsaremos campañas públicas de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Ampliaremos el programa de casas de acogida para las víctimas de violencia familiar, a la vez que impulsaremos reformas e iniciativas legales y administrativas para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección decretadas por los tribunales.

Propondremos modificaciones a la Ley de Acoso Sexual, que contemple esta situación en el ámbito escolar, laboral y público, penalizándolo de manera eficaz. Revisaremos y propondremos modificaciones a la normativa probatoria en casos de delito de violencia sexual.

Reforzaremos las sanciones y medidas que hacen más eficaces los juicios por pensiones de alimentos y propondremos que el ocultamiento malicioso de información para estos efectos sea considerado delito.

En salud, garantizaremos el derecho a la continuidad de la educación de la adolescente embarazada o madre, a través de modificaciones legales que introduzcan mecanismos efectivos de fiscalización y sanción. Desarrollaremos programas nacionales de atención en salud sexual y reproductiva especiales para adolescentes. Repondremos en la agenda legislativa el proyecto de ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Reformularemos las políticas de reforma de salud, incluidos los Objetivos Sanitarios, aplicando el criterio de género. Erradicaremos la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes ofrecidos por las isapres.

En el ámbito del trabajo, fomentaremos el ingreso de la mujer a la fuerza laboral. Aplicaremos un vasto plan de cuidado infantil y educación preescolar para los hijos de las madres trabajadoras.

Revisaremos la normativa laboral existente, de manera de corregir y eliminar la discriminación de la mujer en edad reproductiva y la brecha salarial. Modificaremos el sistema previsional desde una perspectiva de género, e incentivaremos la jornada parcial y flexible para hombres y mujeres.


Discapacidad y derechos

Según los últimos estudios, existen en Chile más de dos millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad. Muchas de ellas son abiertamente discriminadas y no pueden ejercer en plenitud sus derechos como ciudadanos. Tenemos que hacer más por nuestros discapacitados. Su integración social no es sólo un imperativo ético: es también una oportunidad.

Garantizaremos gradualmente la libertad de desplazamiento y acceso al espacio físico, transporte público y tráfico aéreo. Fiscalizaremos y sancionaremos a quienes no cumplan con las adecuaciones previstas por la ley para el acceso de las personas con discapacidad al espacio físico y construcciones de recurrencia pública; implementaremos un fondo especial de habilitación de accesos; procuraremos medidas de adecuación del transporte público; y materializaremos la promulgación inmediata de la Normativa de Seguridad para el Uso del Transporte Aéreo de Pasajeros con Necesidades Especiales.

Estableceremos subsidios a la capacitación, la remuneración y la infraestructura física de las empresas que contraten personas con discapacidad.

Eliminaremos las discriminaciones que afectan la capacidad jurídica de los discapacitados para celebrar actos o contratos.

Promoveremos el uso del lenguaje de señas y los subtítulos en la televisión, especialmente en los noticiarios y en las franjas de propaganda política.

Fortaleceremos el derecho al sufragio, mediante un sistema que permita la comprensión de la plantilla de votación por parte del elector ciego; impulsaremos la aprobación del proyecto de ley que instituye el “voto asistido”, eliminando el requisito de inscripción previa en el Registro Nacional de Discapacidad; y revisaremos y codificaremos las facilidades en términos de mecanismos y servicios de apoyo para el efectivo ejercicio del sufragio de los ciudadanos con discapacidad.

Continuaremos con el proceso de aplicación de la nueva política en educación especial. Además, incluiremos en los currículos de todos los profesores la temática de la discapacidad y cómo tratarla, de manera de sumar progresivamente a las personas con discapacidad a la educación regular.

Implementaremos Centros de Rehabilitación con Base Comunitaria. La meta es que para el año 2010 al menos el 50 por ciento de las comunas de Chile tengan este tipo de centros.

Incorporaremos en el estatuto administrativo que la condición de discapacidad no obsta a la exigencia de salud compatible para cargos públicos.

Eliminaremos, asimismo, las prohibiciones para que las personas con discapacidades sensoriales, que han sorteado todas las exigencias que implica un título profesional, puedan ejercer cargos públicos (como los de juez o notario).


Capítulo del “Programa del Gobierno. Michelle Bachelet, 2006-2010”.

(En la segunda parte, que se publicará mañana martes, se incluyen las políticas específicas sobre las minorías sexuales y respeto, chilenos en el exterior, inmigrantes e integración, y las propuestas sobre derechos humanos y pueblos originarios. El miércoles los planes sobre cultura).

Chile somos todos (II parte)

 
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