UN LARGO TRECHO

Las reivindicaciones de los cañeros coinciden fundamentalmente con los lineamientos programáticos que llevaron al Frente Amplio al gobierno y también con las bases de la política de tierras que impulsa el INC. Pero del papel a la tierra hay una considerable distancia, y allí también radica una de las motivaciones para la ocupación.
En sus documentos programáticos* la izquierda planteó su preocupación ante el problema de la “subutilización” de los recursos del país, y particularmente en el caso de la tierra se propuso que las formas de tenencia y explotación sean coherentes con los objetivos del proyecto político. “Se garantizará un uso de la tierra como bien social, ya que es patrimonio de todos los uruguayos”, dice el texto. El documento plantea como objetivo “la redistribución de la tierra”, y entre otras medidas propone impedir su “extranjerización y concentración” . En esta línea, la izquierda plantea impulsar una política de tierras que incluya la prohibición a las sociedades anónimas de poseer terrenos productivos y la disminución del número de extranjeros propietarios de esos predios.** También se planteó el fortalecimiento del INC, potenciando el desarrollo de las colonias y generando “alternativas para los productores familiares con problemas de escala y aquellos sectores demandantes de tierras”.
El directorio del INC, presidido por Gonzalo Gaggero, también se planteó superar el modelo vigente mediante la promoción de “una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”. Entre los sectores sociales prioritarios para su política, el INC puso en primer lugar a “los trabajadores rurales desocupados y aquellos con condiciones de vida por debajo de la línea de pobreza”. El organismo menciona también entre estos sectores privilegiados por el gobieno a los pequeños productores endeudados y los colonos con dificultades socioeconómicas. Para superar el “modelo colonizador clásico”, que según el INC se encuentra “superado”, las autoridades se proponen desarrollar las colonias mediante una “importante reestructura social y organizativa” y promoviendo “la ocupación de los trabajadores rurales y la ocupación complementaria derivada de los procesos de creación de mayor valor”.
Por ahora, nada de esto se ha concretado, entre otras cosas debido a las dificultades que ha tenido la institución para su funcionamiento por la profunda reestructura administrativa que lleva adelante. De hecho, en materia presupuestal el INC se está manejando actualmente con recursos propios debido a que el presupuesto que tiene es el mismo desde 2004. En este sentido las perspectivas no son muy prometedoras ya que en el nuevo presupuesto no se le otorgó ninguna partida adicional. Ésta es una de las varias reparticiones del Estado que espera la evolución de la economía para ver reforzadas sus finanzas, dijo a BRECHA una fuente de la institución.
Pero en la perspectiva de los cañeros los tiempos son otros, y la gente no puede esperar. Una muestra de ello, según Bandera, es que en los últimos meses se había dado la contradicción de que el sindicato había accedido a los créditos que otorga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pero no tenía la tierra. Además, los tiempos apremiaban para empezar los trabajos previos a la siembra de la caña y sabían que había otros “pretendientes” para los mismos terrenos. “Los tiempos políticos del gobierno no eran los nuestros”, dijo Bandera, y así fue que después de varias asambleas gremiales se decidió ocupar el terreno de 36 hectáreas en la Colonia España. “Si no ocupábamos perdíamos mucho más que la zafra, perdíamos la tierra”, porque hay mucha gente que hizo gestiones por esos mismos campos, gente que estuvo “prendida de la teta” de la industria azucarera, explicó. Con ese panorama, “como nosotros no estamos comprendidos dentro de ese plan de la industria azucarera y sucroalcoholera, que hoy está administrada por ancap y Alur, íbamos a quedar de nuevo afuera y esperando”.
Detrás de ese hecho aparece el cuestionamiento a la estrategia encarada por el gobierno para resolver el problema de la tenencia y explotación de la tierra, que según los peludos en los hechos no cambia el modelo vigente desde hace decenios. Es que recientemente el MGAP realizó un llamado a productores para que plantaran caña, pero para presentarse había que tener como requisitos mínimos un tractor y aspirar a la explotación de al menos 20 hectáreas de terreno. “¿Cuántos productores están en esas condiciones?”, preguntó Bandera. En cambio, “hay productores que llevaron a la ruina a la industria azucarera, que están desde antes del gobierno de Batlle, y ahora fueron beneficiados otra vez”, explicó. También reveló que hay usureros en Bella Unión que han perfeccionado un sincronizado mecanismo de apropiación de tierras productivas. “Uno tiene ya más de 1.200 hectáreas donde antes se plantaba caña”, aseguró. Para los que están endeudados, en cambio, la solución es venderle sus campos al INC aprovechando la libre disponibilidad. “Plata dulce vendiendo tierras a precio de oro”, resumió Bandera.
Es en estas condiciones que Ancap quiere llegar a las 10 mil hectáreas plantadas de caña de azúcar para que el cultivo sea rentable (véase página 6), pero según los cañeros no alcanzará ese nivel si no cuenta con la participación de estos latifundistas. Este proceso de acumulación de la tierra en pocas manos llevó a que de 450 productores de caña que había en el pasado, hoy sólo queden 124, lo cual va en contra de los proyectos de las gremiales y del gobierno porque “la tierra y el poder se siguen concentrando”. Una de las formas sugeridas por Bandera para empezar a cambiar esta historia es que “el Estado debería dar vuelta a cuatro o cinco de estos grandes, para que la torta se reparta de manera más igualitaria”.>/P>

* “Grandes lineamientos programáticos para el gobierno 2005-2010”, aprobado por el Congreso del Frente Amplio del 20 y 21 de diciembre de 2003.
** Los cañeros sostienen que este objetivo programático se contradice con el hecho de que se sigan otorgando préstamos a productores que llevaron a la quiebra a la industria azucarera en el país, y también a extranjeros (sobre todo brasileños) que hicieron lo mismo en su país y que emigran a Uruguay.