| Latinoamérica - rodelu.net |
22 de enero de 2006
|
Brecha
de Uruguay - 20 de enero de 2006
La interferencia de los intereses económicos
Los militares uruguayos en el Congo
y el mando de la ONU
El gobierno notificó a las Naciones Unidas sobre las
sanciones aplicadas a Cascos Azules uruguayos acusados de
saqueos y abusos sexuales comprobados. Ciertas diferencias
entre el mando uruguayo y el mando central de las fuerzas de
paz refieren a los intereses económicos de trasnacionales que
aprovechan el conflicto en el Congo para obtener minerales
estratégicos para la industria del armamento y de las
comunicaciones.
Samuel Blixen
Para el
Ministerio de Defensa y para algunos integrantes de las
Comisiones de Defensa del Parlamento, intereses vinculados a
las naciones centrales que antiguamente sometieron a África a
la explotación colonialista han magnificado y distorsionado
las denuncias sobre abusos sexuales cometidos por militares
uruguayos que integran las fuerzas de mantenimiento de la paz
desplegadas en el Congo.
Las autoridades aseguran que no
minimizan el problema de la inconducta sexual y la comisión de
otros delitos (véase nota aparte) pero, como se detalla en la
respuesta que a comienzos de esta semana fue enviada a la
misión uruguaya destinada al Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de ONU, sostienen que las sanciones
aplicadas a los Cascos Azules uruguayos, producto de una
investigación del Sistema Nacional de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, estuvieron condicionadas por la
ausencia de los informes correspondientes realizados por las
oficinas de asuntos internos de las fuerzas de la ONU en el
Congo. La omisión en comunicar los fallos o conclusiones de
las investigaciones sumarias que documenten las denuncias es
interpretada por fuentes de Defensa como parte de la
controversia que el mando de los Cascos Azules uruguayos
mantiene con el mando central de las tropas de paz respecto de
la forma de aplicar en el campo de operaciones el concepto de
mantenimiento de la paz.
La estrategia exclusivamente
militar que despliegan algunos altos oficiales europeos en la
República del Congo, y específicamente en la frontera noreste
con Ruanda y Burundi, en la codiciada provincia de Urive, no
tiene en cuenta el complejo entramado que favorece la
extracción de minerales derivados al exterior y que atiende
las necesidades de trasnacionales que abastecen a la industria
del armamento y de las comunicaciones. “El 80 por ciento del
coltran (un mineral caracterizado por su alta conductividad)
utilizado en la fabricación de teléfonos celulares, procede
del Congo y llega a los mercados internacionales de manera
irregular”, afirmó una fuente de Defensa.
La
desarticulación política y social del Congo, producto de
decenios de guerra entre facciones rebeldes y ejércitos
entrenados y armados en Ruanda y Burundi, ha derivado en una
lucha sangrienta por el control de los yacimientos de oro,
uranio y coltran en la zona oriental de los lagos, a 2 mil
quilómetros de Kinshasa, sobre el Atlántico. “Las directivas
de operaciones impartidas al contingente uruguayo desplegado
hasta 2005 en Urive establecían el control en las fronteras
del tránsito de armamento y de grupos armados, pero excluían
el control del contrabando de minerales, razón de ser de
muchos de los enfrentamientos, masacres y genocidios que se
reiteran en la zona”, dijo la alta fuente.
La presencia de
las fuerzas de paz, para facilitar la reunificación y la
instalación de un sistema político que asegure la
normalización institucional en el Congo, no ha logrado
abstraerse del condicionante económico del conflicto y en
cierta medida, sugieren las fuentes consultadas, la misión de
paz llega a operar indirectamente a favor de algunos de los
intereses en pugna. La animosidad contra los Cascos Azules que
emerge en sectores de la población civil es consecuencia de
los objetivos económicos que persiguen las distintas facciones
en pugna.
Un ejemplo de la interferencia de los factores
político-económicos del conflicto en el relacionamiento civil
con los Cascos Azules es la denuncia sobre la violación de una
menor por dos soldados uruguayos de guardia en el helipuerto
de los cuarteles de monuc. Una investigación de la Oficina de
Supervisión de Servicios de las fuerzas de paz comprobó que
los dos soldados intentaron comprar los servicios de una
prostituta, mayor de edad, pero no llegaron a un acuerdo. La
mujer, al parecer golpeada por su marido, fue hospitalizada, y
el episodio, calificado como una violación de menor, fue
difundido por una radio de Bunia en lo que se interpretó como
una explotación política de sectores rebeldes para
desacreditar a los Cascos Azules. La investigación de la
Oficina de Supervisión intentó determinar la fuente de la
información y finalmente decidió desestimar la denuncia, según
se afirmó a BRECHA; sin embargo, el caso fue incluido en el
documento remitido al gobierno uruguayo a fines de octubre
último.
Las autoridades del Ministerio de Defensa estiman
como probable que la tendencia del mando central de las
fuerzas de paz SEA instalar en el Congo un accionar militar
más cercano a las directivas del Capítulo 7, de imposición de
la paz, que a las del capítulo 6, de mantenimiento de la paz.
Un objetivo del mando del contingente uruguayo fue el
relacionamiento con la población civil, objetivo que según la
fuente estuvo en el centro del episodio ocurrido en junio de
2004 cuando 4.500 rebeldes del general Laurent Nkunda y de
Jules Matebezú, un coronel amotinado del Ejército congoleño,
se apoderaron de la ciudad de Bakuva, se dedicaron al saqueo y
al aniquilamiento de civiles de etnias rivales, con un saldo
de 72 muertos. El mando de las tropas uruguayas desplegadas
cerca del aeropuerto optó por negociar la retirada del general
Nkunda, para evitar, según explicaron las fuentes, una
confrontación que ponía en riesgo la vida de los pobladores.
El mando central de los Cascos Azules reprochó al mando del
contingente uruguayo haber “entregado” el aeropuerto; pese a
que la acusación fue recusada tiempo después, el contingente
uruguayo fue replegado a la capital, Kinshasa, en misión de
apoyo.
Según las fuentes, la política de relacionamiento
con la población civil no sólo encuadra en los términos de la
misión de mantenimiento de la paz sino que además es vital
para la concreción de los objetivos militares. Esta postura se
expresa también en la política orientada para las tropas
estacionadas en Haití, donde los Cascos Azules operan según
las directivas de imposición de la paz. “No hay solución
estrictamente militar en Haití”, aseguró la fuente, una
convicción que comparten también Argentina, Chile y Brasil,
decididos a respaldar bajo cualquier circunstancia las
elecciones previstas para el próximo 7 de febrero. Los
informantes de BRECHA acotaron que en Haití se repiten las
mismas condiciones de extrema pobreza y fragilidad social que
se verifican en el Congo, “sin embargo no existe ninguna
denuncia de inconducta sexual contra miembros del contingente
uruguayo en la isla caribeña”, dijeron, y subrayaron la
interpretación de que, más allá de los actos verificados, las
denuncias referidas al Congo están teñidas de otras
consideraciones.
Los actos de inconducta sexual probados,
cometidos por militares uruguayos, no invalidan la apreciación
sobre la importancia de la política hacia la población civil.
Uruguay, explicaron las fuentes, adoptó las directivas de la
ONU sobre abusos y explotación sexual, que imponen una severa
restricción a las tropas: prohibición de mantener relaciones
sexuales con menores, y con mujeres mayores de edad cuando la
relación implique alguna forma de retribución, en dinero, en
servicios o en especies. Para ello se dictaron diversas
directivas y comunicaciones internas de las tres armas, con
disposiciones expresas, incluidas las sanciones, tanto de
servicio como en el ámbito de la justicia militar. Además, se
resolvió integrar una comisión que elaborará directivas para
armonizar las normas de ONU con los códigos militares y de la
justicia ordinaria uruguayas.
|