La policía desalojó rápidamente a la mujer y a su hija, pero el descontento de altos oficiales pasados a retiro por considerarse que estaban involucrados en casos espinosos como la entrega de 28 misiles antiaéreos chinos a Estados Unidos –para su supuesta desactivación– tuvo otros coletazos. El ex jefe del Estado Mayor, Carlos Delfín Mesa, se sumó a las críticas al sostener que el presidente “no respetó la institucionalidad” y que las designaciones, así como el caso de los misiles, “resquebrajaron la unidad de las fuerzas armadas y podrían resquebrajar la unidad del país”. “Es la primera vez que no se negocia el nombramiento del alto mando militar”, respondió el ministro de la Presidencia y experto en temas militares Juan Ramón Quintana. Durante su discurso, Morales no hizo referencia al incidente y llamó a “dignificar las FF.AA.”, reiterando su decisión, anunciada en la campaña electoral, de llevar hasta el final la investigación por el caso misiles.

Frente a este hecho producido durante la administración de su antecesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, y considerado por el MAS como “traición a la Patria”, Morales adelantó que potenciará a las fuerzas armadas “porque un país sin FF.AA. fuertes no puede tener soberanía”. “Dijimos desde el principio que vamos a respetar la institucionalidad y la estamos respetando. Lamento mucho que algunos generales hayan sido observados por el gobierno saliente. No están castigados, (pero) tienen que someterse a una investigación”, prosiguió el flamante presidente.

Ante consultas de este diario, en el gobierno restaron importancia a los hechos y los atribuyeron a un pequeño grupo de militares comprometidos con prácticas “que el nuevo gobierno del MAS quiere desterrar” y que contrastaría con un fuerte apoyo a la medida de parte de la oficialidad más joven.

Y esos cambios estructurales se encarnarán en una nueva política petrolera. El nuevo ministro de Hidrocarburos anunció la refundación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “hoy una empresa residual”, y señaló que su cartera no negociará con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) sino con cada empresa por separado. “Para mí son empresas y con cada empresa será una negociación diferente”, dijo Andrés Solís Rada, un “duro” en el tema de la nacionalización que se opone a los precios solidarios de venta de gas a Argentina.

El nuevo gobierno se apresta a enviar al Parlamento una ley modificatoria de la norma hidrocarburífera aprobada el año pasado en medio de fuertes convulsiones sociales. Uno de los temas álgidos es el de los precios que, según el ministro, deben ser fijados por el Estado “y no por las empresas transnacionales”. Consultado por este diario sobre escritos anteriores a su llegada al ministerio, en los que acusaba a Néstor Kirchner de “ser un vocero de la española Repsol”, un vocero del ministro dijo que mantendrá su posición “dura”. “Petroamérica creará las condiciones para que los movimientos populares de los países que la integran fortalezcan su conciencia antiimperialista y busquen objetivos más audaces”, escribió en el mismo artículo (“El triunfo de Petroamérica”, 23-8-2004) el flamante ministro. Con estos cambios se espera utilizar a los energéticos como palanca del desarrollo nacional.

Entretanto, ayer los bolivianos se conformaban con llamar a la abundancia mediante miniaturas que, bendecidas con incienso y alcohol, deberían transformarse en esos mismos bienes pero de tamaño real. Por ejemplo, los “mil dólares por un boliviano” que vendía una señora en el centro de La Paz.