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28 de enero de 2006
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Brecha
de Uruguay - 27 de enero de 2006
Las deudas pendientes
Los derechos humanos
ante el relevo de comandantes en jefe
Al comenzar febrero, cuando se producen los relevos
militares y los jueces retornan de la feria judicial, la
cuestión de los derechos humanos amontona materias
pendientes.
Samuel Blixen
Los dos
comandantes de las Fuerzas Armadas que pasan a retiro la
semana entrante se llevarán con ellos los secretos que desde
los cargos que ocupan podrían haber sacado a luz. Tabaré
Daners de la Armada y Ángel Bertolotti del Ejército
abandonarán el cargo sin satisfacer el reclamo generalizado
por saber dónde están enterrados los desaparecidos y los
motivos por los que fueron asesinados durante la
dictadura.
La “apertura” que significó en agosto último la
entrega de los informes reclamados por el presidente Tabaré
Vázquez sobre la suerte corrida por desaparecidos se diluye
seis meses después, ante la obstinación por encubrir a los
responsables directos de los asesinatos y a los mandos
militares que ordenaron tales prácticas.
De los tres restos
de cuerpos hallados hasta ahora en una chacra de Pando
utilizada por la Fuerza Aérea, y en los predios del Batallón
13, sólo uno responde a datos aportados en los informes. En el
escrito firmado por el teniente general (aviador) Enrique
Bonelli se consignaron los lugares donde habían sido
enterrados los cuerpos de dos detenidos muertos durante
sesiones de tortura en dependencias de la base de Boiso Lanza.
La identidad de uno de ellos, Ubagesner Chávez Sosa, un
militante comunista desaparecido en 1976, fue confirmada a los
familiares el martes 24, aunque el resultado de los análisis
de adn no les fue comunicado.
En el Batallón 13, los
hallazgos fueron una “sorpresa” que trastocó el esquema
elaborado por la Presidencia y el general Bertolotti. Los dos
conjuntos de restos –el esqueleto completo de un hombre y el
antebrazo de una mujer– fueron ubicados gracias a la
información confidencial aportada anónimamente por alguien que
estaba en condiciones de dibujar en un croquis el lugar exacto
del enterramiento.
La información coincidía con los
numerosos testimonios de soldados aportados en su momento a la
justicia, y con los estudios de los relevamientos
aerofotográficos que mostraban los puntos concretos donde se
habrían practicado enterramientos en ese cuartel.
Tanto el
informe del comandante del Ejército como el documento final de
la Comisión para la Paz descartaban la existencia de restos en
el Batallón 13. Ambos documentos coincidían en que los cuerpos
allí enterrados habían sido removidos en la llamada Operación
Zanahoria y se señalaban predios del Batallón 14 como lugar
del ocultamiento definitivo.
El Ejército consignó en su
informe del 8 de agosto que en el Batallón 13 sólo fueron
inhumados Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Carlos Pablo
Arévalo, Otermín Montes de Oca,Óscar José Baliñas y Óscar
Tassino, y que se dudaba sobre el destino dado a Luis Eduardo
González González. De la misma forma se sostuvo que Elena
Quinteros –torturada en el 13–, María Claudia García de Gelman
y Amelia Sanjurgo Casal, fueron enterradas en el Batallón 14.
Pero los análisis de adn practicados a los restos hallados en
el 13 no coincidieron con ninguna de esas identidades. Así, se
reiteraron las dudas sobre la información brindada por los
oficiales a los que se les solicitó que revelaran los secretos
pero no se los conminó a que lo hicieran, cuando las
excavaciones en busca de las víctimas del Ejército no dieron
resultados.
El aporte de los datos sobre los desaparecidos
de Boiso Lanza y la confesión sobre la existencia del llamado
“segundo vuelo” (el traslado a Uruguay en octubre de 1976 de
prisioneros capturados en Argentina) no exime al general
Bonelli por su participación en los múltiples operativos de
extradiciones clandestinas. Pero su actitud quizás contribuyó
a la decisión del presidente de mantenerlo al frente de la
Fuerza Aérea.
LAS DEUDAS CON LA VERDAD
El general
Bertolotti, por su parte, desperdició una magnífica
oportunidad de emerger como el militar que eliminara el
terrible peso que soporta la institución. Una vez recibida la
orden impartida por el presidente, el comandante del Ejército
quedó a medio camino: decidió acatarla pero no reiterarla a
sus subordinados, que fueron “invitados” a señalar dónde
habían ocultado las pruebas de sus crímenes. La consecuencia
fue que el propio presidente quedó prisionero de la
información falsa aportada por quienes asesinaron a María
Claudia García.
Bertolotti no supo –o no quiso– resolver el
intríngulis y tampoco se sintió interpelado por la revelación
de su colega Bonelli: hasta ahora ha guardado silencio sobre
la identidad de una veintena de prisioneros del “segundo
vuelo”, que desmorona la piadosa interpretación de que los
militares uruguayos del Cóndor sólo son responsables de 32
desapariciones. La reticencia a admitir que uruguayos
capturados en el exterior fueron repatriados y desaparecidos
en Uruguay sería la clave para entender las contradicciones y
omisiones que salpican la búsqueda de restos. La aparición de
restos pertenecientes a prisioneros de Argentina elevaría el
número a más de 200 víctimas, probaría el grado de
premeditación y ensañamiento y modificaría la explicación
oficial según la cual las desapariciones fueron el resultado
de muertes no planificadas producto de los “excesos” en los
interrogatorios. Por el contrario, se demostraría lo que para
todo el mundo es una evidencia: que los militares uruguayos
del Cóndor compartieron las prácticas de sus colegas
argentinos de asesinatos masivos y sistematizaron los
enterramientos secretos con la doble finalidad de extender el
terror y a la vez apropiarse del botín dejado por las
víctimas.
A diferencia de Bertolotti, que elude la
investigación de grandes capítulos de la responsabilidad del
Ejército por la vía del silencio, las omisiones del marino
Tabaré Daners llegan al extremo de negar la evidencia. Una
carta firmada por decenas de ex militantes de los Grupos de
Acción Unificadora (GAU) y difundida a comienzos de semana,
pone los puntos sobre las íes. “Los abajo firmantes
pertenecimos a los Grupos de Acción Unificadora, habiendo sido
detenidos entre los meses de noviembre de 1977 y junio de 1978
por personal militar del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA),
dependencia perteneciente a la Armada Nacional, ubicada en el
Puerto de Montevideo” comienza la carta. “Una vez terminado el
interrogatorio y arrancadas bajo tortura las declaraciones de
los detenidos, se labraba un acta. Firmada el acta y culminada
esa etapa, se daba pase al llamado “juez sumariante”. Los
firmantes consignan: “Es imposible, y usted comandante Daners
que revistó en el FUSNA siendo teniente de navío lo sabe, que
en el contexto descrito cualquier integrante del mismo –
jueces sumariantes, médicos y odontólogos incluidos– ignorara
lo que allí ocurría. Su despacho en el FUSNA, donde usted
oficiaba de “juez sumariante”, estaba muy cercano al sitio
donde se nos torturaba físicamente, siendo su rol aplicar la
presión psicológica necesaria al detenido para que con su
firma ratificara un acta ya labrada. ¿No era eso tortura
psicológica? ¿Y qué diferencia moral existe entre aplicar la
tortura física que usted dice no haber realizado o torturar
psicológicamente en las circunstancias que describimos?”. Las
víctimas del FUSNA acusan a Daners de tener “una deuda con la
verdad, que es una deuda con los desaparecidos, con sus
familiares, con el pueblo uruguayo y tal vez con su propia
conciencia (…) ¿Cómo puede validar con su firma un documento
que describe el trágico destino de nuestros compañeros en la
República Argentina, sin ocurrírsele investigar las
implicancias de sus camaradas de armas en esos hechos? ¿Cómo
puede soslayar la inocultable relación entre ambos hechos?
¿Qué significaba esa “coordinación”? Porque el FUSNA, “su”
FUSNA, tenía información de compatriotas en Argentina,
compatriotas por los que fuimos interrogados en el FUSNA y de
los que nunca, hasta ahora, nadie supo (o quiso) dar
noticias”.
OTRAS DEUDAS
El “debe” en materia de derechos
humanos interpela a otros actores, al comenzar febrero. La
justicia, que por decisión de un fiscal archivó dos veces el
caso de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman,
deberá ahora resolver si accede a realizar las investigaciones
solicitadas por un juez argentino que se propone formalizar un
pedido de extradición contra los militares involucrados en ese
crimen aberrante. El pedido concierne a Juan Antonio Rodríguez
Buratti, José Arab, Manuel Cordero, León Tabaré Pérez,
Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Eduardo Ferro, Jorge Silveira,
Ricardo Medina y José Gavazzo. De los diez, dos están
directamente implicados en el asesinato según la investigación
realizada por el periodista Roger Rodríguez: Ferro y Rama
habrían sido los encargados de “deshacerse” de María Claudia.
Ferro, según una denuncia publicada por La República (domingo
22), se dedica actualmente a maltratar y perseguir a los
empleados del hotel Las Dunas de Punta del Este, donde se
desempeña como gerente. Sus antiguos hábitos lo han llevado a
practicar allanamientos “privados” de domicilios de empleados
a los que acusó de robo. Tales prácticas no son nuevas en
Ferro. Ya en 1998 como ejecutivo de una empresa de seguridad
en la que revistaban varios militares retirados, gustaba de
comportamientos mafiosos (véase BRECHA, 4-XII-98).
Otros
jueces deberán también adoptar resoluciones en otras
investigaciones en curso, en especial referidas a los restos
ubicados en el cementerio de Vichadero, cuyas circunstancias
hacen sospechar que ahí fueron enterrados cuerpos de
desaparecidos, y a los tres esqueletos ubicados en el
cementerio de Tacuarembó, uno de los cuales correspondería a
Roberto Gomensoro Josman, cuyo cráneo fue recuperado en
2002.
Finalmente, como tareas pendientes, está la
expectativa sobre el trámite parlamentario de una ley
interpretativa de la ley de caducidad, que deberá enfrentar
por un lado las resistencias de los sectores jugados a la
impunidad, y por otro el reclamo cada vez más generalizado de
impulsar la anulación como forma de eliminar las trabas que
impiden el conocimiento de la verdad y el castigo de los
responsables.
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