En el proceso 1058, los querellantes son 26 civiles que integraron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y 18 ex militares de la Fach, compañeros del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, padre de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet. El general Bachelet murió en prisión debido a las torturas que le infligieron sus propios camaradas de armas. El caso 1058-bis es por el homicidio de José Bordaz Paz, jefe de la fuerza militar central del MIR, asesinado por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), en una emboscada en Santiago, el 5 de diciembre de l974.

Los victimarios del general Bachelet y de Bordaz -responsables también de la muerte, tortura, secuestro y desaparición de decenas de chilenos durante la dictadura pinochetista-, fueron medio centenar de oficiales que integraron un grupo operativo en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la Fuerza Aérea de Chile, a las órdenes del coronel Horacio Otaíza, quien era a la vez jefe del SIFA. El segundo hombre al mando era el comandante Edgar Ceballos Jones, implicado directamente en los asesinatos de Bachelet y Bordaz. Ceballos, conocido como el inspector Cabezas, tomó un curso de inteligencia estratégica, táctica y guerra política en Israel.

Una de las querellantes, la artista plástica Beatriz Castedo Mira, sobreviviente del centro de torturas de la AGA, era el contacto del jefe mirista. Detenida en el lugar del hecho, fue testigo de la ratonera montada por sus captores (el propio Otaíza, Ceballos, Luis Campos Poblete, Roberto Fuentes Morrison y Leonardo Schneider) a José Bordaz. En su testimonio sobre la tortura en la AGA, dice: "Muchas manos me quitaron la ropa a jalones. Me subieron a una mesa, me amarraron los pies con una cuerda, me amarraron las manos esposadas a los pies y atravesaron un palo por entre mis brazos y piernas. Colgaron el palo conmigo colgando y comenzaron a ponerme corriente en la vulva, el estómago, el ano, la cara, en todas partes del cuerpo. Después supe que esa técnica de tortura se llama Pau de Arara y fue inventada en Brasil". Incluso, en un intento de lavado de cerebro antes de ser expulsada a España, fue hipnotizada por el médico Alejandro Forero, actual coronel de Sanidad de la Aviación, quien supervisaba las torturas y aplicaba pentotal (la llamada droga de la verdad) a los prisioneros antes de desaparecerlos.

En el juicio, Beatriz Castedo, quien reside en México, acusa del asesinato de Bordaz y de haberle practicado a ella torturas físicas y sicológicas al coronel en retiro de la Fach y actual empresario Edgar Ceballos; al ex jefe de contrainteligencia de la Armada, Daniel Guimpert, hoy comerciante de armas; al comandante Luis Campos Poblete, actual exportador de frutas; a Leonardo Schneider, (alias El Barba), civil del SIFA infiltrado en el MIR, y a Roberto Fuentes Morrison, (alias El Wally), ex integrante del grupo paramilitar fascista Patria y Libertad, ajusticiado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1989. Otro acusado en el proceso es el general en retiro de la Fach Enrique Ruiz Bunger.

Tras la derrota militar del MIR, el SIFA, luego Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), tuvo como objetivo el Partido Comunista. La DIFA creó el llamado Comando Conjunto (CC), que contó con varias cárceles clandestinas, entre ellas, "Nido 20", "Nido 18" y "Remo Cero", que funcionó en las instalaciones de la base aérea de Colina, a cuyo cargo estaba el general Ruiz Bunger, quien tras la muerte "accidental" del coronel Otaíza, fue también jefe de la DIFA. El CC participó en la ejecución sumaria y el entierro clandestino de detenidos. El testimonio de un desertor de dicho comando, suboficial Andrés Valenzuela, permitió reconstruir parte de esa historia del horror y es pieza clave, hoy, en el proceso judicial. "El sistema, además de destruir a las víctimas, destruye al victimario. Mata sus sentimientos y lo convierte en una bestia", testimonió Valenzuela.

Las cartas que dirigieron Saramago y ciudadanos solidarios del mundo a Lagos y Libedisnsky recuerdan que la mayoría de los responsables de delitos de lesa humanidad andan libres por las calles, mientras las víctimas y sus familiares siguen buscando verdad y justicia. En los tribunales está acreditada la documentación necesaria para juzgar a los autores de esos delitos que se encuentran sin solución debido a la falta de voluntad política de los tres poderes del Estado chileno; 32 años es suficiente tiempo de espera para que se resuelvan los casos y se condene a los culpables. Para que termine la impunidad.