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5 de febrero de 2006
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Brecha
de Uruguay - 3 de Febrero de 2006
El origen “uruguayo” del armamento
Tráfico de armas hacia Brasil
Un esquema de triangulación de contrabando de armas y
narcotráfico en el que participarían altos oficiales uruguayos
preocupa al gobierno, aunque generó malestar la difusión de
una investigación brasileña sin previa comunicación
oficial.
Samuel Blixen
“Toda la
región es un queso gruyer. Seguramente desde las fronteras con
Paraguay, Argentina y Uruguay se introduce en Brasil el
armamento pesado que utilizan las organizaciones de
delincuentes en San Pablo y Rio de Janeiro. Ese armamento sólo
puede ser suministrado por elementos militares, porque es
armamento de guerra. ¿De dónde se obtiene? Las misiones de paz
pueden ser una vía fácil para derivar armas. La investigación
de una comisión parlamentaria brasileña sobre ese tráfico
quizás sirva para instrumentar acciones conjuntas que
desmantelen el vínculo entre militares y las mafias. Habrá que
esperar la información oficial para iniciar aquí una
investigación.”
Así se expresó una calificada fuente del
gobierno consultada por BRECHA a raíz de las revelaciones de
parlamentarios brasileños sobre la identificación de oficiales
de alto rango, argentinos y uruguayos, involucrados en el
tráfico ilegal de armas, obtenidas en grabaciones de
conversaciones telefónicas y videos, en el proceso de
seguimiento y vigilancia que organismos de inteligencia
brasileños sometieron a miembros de las mafias Comando
Vermelho, de Rio de Janeiro, y Primer Comando de la Capital,
de San Pablo.
Miembros de la Comisión Parlamentaria
Investigadora del Congreso en Brasilia afirmaron el lunes 30
que existen “pruebas contundentes” de la participación de un
general uruguayo en el tráfico de armas. Según el diputado
Moroni Torgan, el dato surgió de las afirmaciones de un
narcotraficante que explicaba a su interlocutor quién
abastecía desde Uruguay a la organización criminal de San
Pablo.
En una primera instancia, legisladores brasileños
afirmaron poseer el nombre de ese oficial, pero después
explicaron que los datos recabados permitirían fácilmente
ubicarlo, porque de las grabaciones surge el grado militar, el
cargo que ocupa y hasta la dependencia en que trabaja. Otro
tanto ocurriría con oficiales de alto rango argentinos,
paraguayos y de Surinam.
Las declaraciones iniciales
provocaron malestar en los gobiernos de los países
involucrados, debido a que la información fue filtrada a la
prensa sin que previamente hubiera una comunicación oficial a
los respectivos gobiernos.
El subsecretario de Defensa,
José Bayardi, explicó que no podían tomarse iniciativas hasta
que no hubiera una información oficial y precisa. El gobierno
no diluye la importancia del hecho, pero reclama información
concreta para actuar. El diputado Luis Rosadilla (MPP),
presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, afirmó
a BRECHA que el esquema regional de tráfico de armas fue
comentado en Bolivia entre periodistas y diplomáticos que
asistieron a la asunción presidencial de Evo Morales, pero en
los reiterados contactos que mantuvo últimamente con el
embajador de Brasil en Montevideo “el tema nunca fue
mencionado”.
Por lo pronto, el gobierno instruyó al
embajador uruguayo en Brasilia, Pedro Vaz, para que tome
contacto con la Comisión Parlamentaria Investigadora y, en lo
posible, obtenga una copia del informe, hasta ahora secreto.
El embajador tomó contacto con algunos legisladores y recabó
información que consideró superficial y ambigua. Otro tanto
hizo el embajador argentino Juan Pablo Lohlé, quien, según
informaciones de prensa, no logró obtener los nombres de los
seis altos oficiales mencionados en las cintas grabadas que
maneja la comisión. El embajador de Paraguay en Brasil, Luis
González Arias, sostuvo: “No se puede soltar algo así por la
prensa, como una noticia. Esto se debe notificar primero a la
embajada”.
Una alta fuente militar consultada por
Subrayado, de Canal 10, manifestó su desagrado. “Que den los
nombres”, reclamó, molesto por una información que involucra a
todos los generales. Una fuente del gobierno consultada por
BRECHA no descartó que algún alto oficial del Ejército pudiera
estar comprometido en el contrabando de armas, pero aseguró
que no existiría, como ocurrió antes con el “caso Berríos”,
una postura corporativa para evitar la investigación y el
castigo. “Será una oportunidad para depurar al Ejército de
elementos indeseables, y no creo que pueda haber ninguna
derivación institucional.”
LAS DENUNCIAS
La investigación
de los parlamentarios brasileños es considerada en Brasilia
como la más decidida acción, emprendida hasta el momento, para
desarticular el vínculo entre traficantes de armas y
narcotraficantes, que mantiene a las principales ciudades
brasileñas en un virtual estado de guerra. La información,
inicialmente revelada por Jornal do Brasil, confirma que los
parlamentarios investigadores llegaron a detectar la trama del
contrabando de armas y a confirmar que el suministro de
material de guerra sólo es posible con la participación de
militares de la región. La confirmación de ese vínculo surgió
de la documentación obtenida tras meses de paciente
vigilancia. Según el diputado Paulo Pimenta, que pertenece al
Partido de los Trabajadores, del presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, la comisión cuenta con grabaciones telefónicas,
autorizadas por la justicia, de conversaciones mantenidas por
intermediarios brasileños. “En esas grabaciones aparecen
criminales brasileños conversando sobre la venta de armas,
citando nombres de personas, de altos oficiales de las fuerzas
armadas de esos países”, afirmó el legislador. Pimenta señaló
que él mismo pudo comprobar en un operativo realizado en la
frontera entre las ciudades de Uruguayana y Paso de los Libres
cómo se registraba una entrada bastante significativa de
armas.
El diputado Torgan (del conservador Partido del
Frente Liberal), un antiguo comisario de la Policía Federal
que ya presidió una comisión parlamentaria sobre narcotráfico,
dijo que están identificados como parte del tráfico al menos
cinco generales de Uruguay, Paraguay y Surinam, y otros seis
altos oficiales del Ejército argentino. “La información que
tenemos es que son todos militares de los ejércitos de estos
países. De Uruguay llegarían armas nuevas y usadas”, afirmó.
Según Pimenta, investigaciones realizadas tiempo atrás
establecían que por un arma robada se pagaban 100 dólares en
Montevideo, 300 en Rivera y más de mil en Rio de
Janeiro.
Por las informaciones recabadas en la comisión, en
Argentina las propias fábricas de armas ayudan a los oficiales
a traficarlas. “Las informaciones que recibimos muestran dónde
actúan estos oficiales y cómo hacen para transportar las armas
a Brasil”, dijo Torgan. Una de las informaciones incluye hasta
el nombre de una empresa transportadora involucrada con los
oficiales del Ejército argentino, que traería las armas a
través de las carreteras del sur de Brasil hasta Rio y San
Pablo.
Por su parte, el diputado Colbert Martins da Silva
Filho, también miembro de esa comisión del Congreso brasileño
y dirigente del Partido Popular Socialista, sostuvo que la
comisión tiene videos con imágenes de equipos, automóviles y
personas, lo que probaría que los militares involucrados no
sólo participan en el contrabando de armas. “Ellos participan
simultáneamente del tráfico de drogas. Son operaciones
combinadas”, dijo.
ANTECEDENTES
La investigación brasileña
sobre el esquema de abastecimiento a las organizaciones
criminales lleva varios años. En 2001, el Servicio de
Inteligencia del Estado de Argentina inició una investigación
a pedido del entonces gobernador del estado de Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho, sobre el origen de armas y granadas de mano
de fabricación argentina secuestradas por las fuerzas de
seguridad a miembros de las organizaciones criminales que
operan en las favelas.
En 2002, la sucesora en el cargo de
gobernador de Rio de Janeiro, Benedita da Silva, quien luego
sería ministra de Acción Social del actual gobierno brasileño,
reiteró el pedido de colaboración al gobierno argentino para
detectar el camino de las armas ilegales. En abril de 2003 la
policía brasileña detuvo en la periferia de Rio una camioneta
cargada con 50 granadas defensivas fmk 2 de fabricación
argentina, sus cajas de espoletas y 20 mil cartuchos alemanes
para fusiles automáticos. Ya en esa época la Policía Federal
de Brasil y los servicios de inteligencia de ese país
trabajaban sobre la hipótesis firme de una red ilegal de
tráfico de armamento de guerra, que sería abastecida por
militares de países del MERCOSUR, particularmente Paraguay y
Argentina. En algunos casos se trataría de material bélico
declarado obsoleto o fuera de uso, que desaparecería del
inventario de los depósitos del Ejército. En otros, de
contrabando de armas proveniente de Estados Unidos y países
europeos.
Ahora, las nuevas investigaciones subrayan el
protagonismo de militares uruguayos en los procesos de
triangulación. El origen “uruguayo” de armamento confiscado en
Brasil a narcotraficantes estaría directamente relacionado con
la participación uruguaya en las misiones de paz, una
oportunidad para obtener armas en el exterior e ingresarlas en
el país. Este extremo, según fuentes del gobierno consultadas
por BRECHA, sería el mayor motivo de preocupación dado que, en
el pasado, el tráfico de armas estaba reducido al material que
pudiera ser robado de los arsenales o comprado a soldados, lo
que implicaba maniobras delictivas de magnitud
reducida.
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