Los hijos del ex edecán del Presidente Allende, capitán de navío
Arturo Araya, tomaron una dolorosa pero fundamental decisión para el
nuevo proceso que se instruye por el crimen de su padre: pidieron a
la jueza Patricia González, del 17 Juzgado del Crimen de Santiago,
la exhumación de los restos del comandante desde el cementerio de
Playa Ancha en Valparaíso.
El objetivo es realizar una nueva autopsia para acercarse
científicamente a la presumible existencia de un francotirador que
pudo ser el verdadero causante de la muerte; distinto al autor
material que estableció el proceso del Juzgado Naval de Valparaíso,
luego de ocurridos los hechos la madrugada del 27 de julio de 1973.
La controversia tiene que ver con la autopsia original, la
trayectoria de la bala homicida y el hallazgo esa noche de sólo
cuatro vainas en el lugar del crimen, cuando los impactos de bala
periciados en el frontis de la casa fueron cinco, más la vaina que
debió quedar de la sexta bala que entró en el tórax del edecán y le
dio muerte.
Este antecedente tiene directa relación con otro ángulo de la
nueva investigación, que busca determinar la existencia de un
complot político-militar para asesinar al comandante Araya, que
difiere de la simple teoría de la “coincidencia” o “casualidad” del
crimen, que sustentó la justicia naval.
“El homicidio del comandante Araya tuvo lugar sin ninguna
preparación previa”, afirmó la sentencia del proceso dictada a fines
de los años ’70 en Valparaíso en la causa instruida por el entonces
fiscal naval, capitán Aldo Montagna y su secretario, el oficial
naval Jorge Garretón Iturra, ex cónsul general en Caracas. El juez
naval de la época fue el contraalmirante Arturo Troncoso.
EL “FIFO”
La nueva investigación judicial arroja antecedentes frescos que
avalan la hebra indagatoria del complot, en el sentido de que
existió una vinculación entre oficiales de la Armada en servicio
activo, especialmente de inteligencia e Infantería de Marina, con
civiles de ultraderecha que instigaron la asonada de esa noche en la
casa del comandante, o que participaron directamente en ella.
Algunos de estos civiles eran, efectivamente, militantes del
movimiento de extrema derecha Patria y Libertad (PL), lo que en un
momento negaron pero que hoy se conoce por los testimonios de los
propios altos dirigentes de PL en ese tiempo.
Luis Palma Ramírez, el “Fifo”, que participó en el atentado al
edecán, declaró recientemente que estando detenido en la cárcel
pública de Santiago a raíz del crimen del comandante Araya, “el
mismo 11 de septiembre de 1973 me sacó de la cárcel gente de la
Armada”, para llevarlo a su casa.
La jueza González pidió a Gendarmería la información de los
libros de registro del penal de ese tiempo, para saber qué oficiales
de la Armada sacaron a Fifo Palma.
Como se recuerda, Gendarmería entregó a los tribunales una
información similar cuando, en 1974, la DINA sacó de esa cárcel al
ingeniero comunista David Silberman, quien luego desapareció.
Mediante esta información de Gendarmería se determinó que fue el
teniente Armando Fernández Larios y otros agentes los que, con
identidad falsa, sacaron a Silberman.
En este caso, la investigación apunta a conocer las identidades
de los oficiales de la Armada que rescataron a Palma, para saber,
entre otras cosas, por orden de quién actuaron.
Palma se convirtió, un par de años después, en una las
“estrellas” de la asociación ilícita criminal de militares y civiles
del Comando Conjunto, y actualmente tiene diversos procesamientos
por crímenes de lesa humanidad.
UN TAL “GUMPER”
Otro dato relevante lo aportó hace un mes Uca Lozano Jeffs, una
joven estudiante en 1973 que también participó en el atentado.
Sostiene que habló horas después del crimen “con la Armada”
conversando con “un oficial de inteligencia de apellido Gumper” y
que éste le dio algunos consejos. Se ha establecido que se trata de
Daniel Guimpert Corvalán, entonces teniente de Infantería de Marina
y agente del Servicio de Inteligencia Naval en Valparaíso.
Guimpert también se unió después al Comando Conjunto y hoy le
afecta, al menos, una sentencia de prisión, una acusación
formalizada y tres procesamientos, todos como autor de secuestro y
desaparición de militantes de izquierda durante la dictadura.
La misma Uca Lozano revela que después de conversar con “Gumper”,
fue a su casa a buscarla el oficial de “inteligencia de Carabineros”
de “apellido Ezquivel”. Se trata del oficial hoy retirado Germán
Esquivel Caballero, quien, curiosamente, llegó la madrugada del
atentado a la casa del edecán Araya a hacer preguntas. Esquivel es
el mismo que, según información judicial, al día siguiente del
atentado armó la falsa teoría de que el autor del crimen del edecán
era el obrero “socialista” José Riquelme Bascuñán. Esquivel fue otro
agente del Comando Conjunto.