os diputados cubanoestadunidenses por Florida pidieron a Washington una
reunión para demandar modificaciones al acuerdo migratorio con Cuba y anuncian
que ha sido aceptada. La administración de George W. Bush siempre termina
complaciendo a la contrarrevolución. Después de todo, su primer mandato se debió
al fraude electoral orquestado por sus integrantes en aquel estado. Los
legisladores aprovecharon la coyuntura de la devolución a la isla de 15 cubanos
depositados por contrabandistas en un trozo del viejo puente de las siete millas
separado de tierra firme y con sus cómplices montaron otra campaña
propagandística en los medios miamenses en su persistente intento de reventar el
acuerdo migratorio adoptado durante el gobierno de Bill Clinton, el cual fue un
avance, no obstante que Washington lo vulnera con frecuencia. Sólo un ejemplo:
la invariable admisión en territorio estadunidense de todos los que se apoderan
por la fuerza de naves cubanas, inclusive cuando ha corrido sangre de sus
tripulantes. La contrarrevolución alienta estas acciones con el propósito de
crear una crisis migratoria que desemboque en una agresión a Cuba.
Bush levanta muros en la frontera, caza a tiros a quienes intentan cruzarla y
la Cámara de Representantes criminaliza a los emigrantes ilegales, conducta
profundamente hipócrita, ya que los migrantes son indispensables para el
funcionamiento de la economía y el "modo de vida americano". La hipocresía es
aún mayor cuando se trata de Cuba. El gobierno estadunidense ha utilizado la
emigración como arma contra la revolución cubana. Inmediatamente después del
triunfo revolucionario de 1959, Washington recibió a la mayoría de los
personeros de la dictadura de Fulgencio Batista, incluyendo a alrededor de 3 mil
criminales de guerra. Ellos pasaron a ser la cantera principal de las
actividades terroristas contra la isla, que han continuado realizando con total
impunidad hasta la fecha desde su cuartel general en Miami. Después, como parte
de su política de asfixia económica, Estados Unidos estimuló la salida de los
médicos y otros profesionales y técnicos cubanos para privar al proyecto
liberador de esa fuerza calificada. En 1961 organizó la Operación Peter
Pan con el embuste de que la revolución privaría a los padres de la patria
potestad y separó a miles de niños de clase media de sus familias, en muchos
casos durante años.
Cabe recordar que en 1963 Washington había suprimido los vuelos con la isla,
pero simultáneamente proclamaba que todo cubano que llegara a su territorio
sería recibido como refugiado político. Este es el antecedente de la Ley de
Ajuste Cubano de 1966, que otorga un trato de singular privilegio entre todas
las nacionalidades a los cubanos que llegan ilegalmente a territorio
estadunidense: permiso de trabajo automático, prestaciones sociales que no
recibe ningún otro grupo, derecho a la residencia después de un año de estancia,
créditos para la creación de pequeñas y medianas empresas. Washington ha
fomentado la emigración ilegal con claros fines desestabilizadores hacia el
interior de Cuba y a la vez acuña el estereotipo de un país de donde la gente
"escapa". Así, según los mismos medios que difunden este estereotipo, nadie
"escapa" del infierno en que el neoliberalismo ha sumido a millones en el tercer
mundo. Ese acto queda reservado a los cubanos, sin que se mencione la guerra
económica de casi medio siglo, ni la desvergonzada conducta de Washington de
negar visas hasta que se firmó el acuerdo migratorio actual, ni las miles de
horas semanales de transmisión radial ilegal contra la isla. Tampoco el alto
nivel técnico y científico de miles de emigrantes que en Cuba nunca percibirán
una remuneración como la que únicamente puede proporcionar el sistema que vive
de exprimir los recursos del mundo.
Esta política es más criminal porque se lleva a cabo a expensas de los
sentimientos de decenas de miles de familias en Estados Unidos, a quienes para
reunificarse con sus seres queridos en la isla no les queda más alternativa que
apelar a los costosos servicios de inescrupulosos contrabandistas. El gobierno
de Cuba aboga por una relación cordial con la comunidad emigrada, ha entablado
un diálogo con sus representantes y defendido el concepto de una emigración
legal y ordenada. Pero eso no conviene a Estados Unidos, cuya conducta sigue
siendo la causante de la muerte de muchos cubanos en el intento de cruzar
ilegalmente el estrecho de Florida.
Publicado en La Jornada el 2 de febrero de 2006
