| Mundo - rodelu.net |
3 de febrero de 2006
|
El Periódico
de Catalunya - 30 de enero de 2006
La guerra sucia de Bush
• Los derechos humanos y las
libertades civiles son las grandes víctimas de las directrices
de Washington contra el terrorismo
• La Casa Blanca está
atrincherada en los superpoderes que consiguió tras
el
11-S
Marta López - Barcelona
El presidente de Estados Unidos, George Bush,
advirtió, tras los atentados del 11-S en Nueva York y
Washington, de que la guerra contra el terrorismo iba a ser
larga. Lo que no dijo es que también se iba a librar en la
sombra y que iba a ser sucia. Tan sucia como que desde
entonces, ya hace más de cuatro años, miles de estadounidenses
han sido espiados sin autorización judicial, se ha recluido
indefinidamente a inmigrantes sin cargos, se han legitimado la
tortura y los malos tratos, se ha secuestrado a sospechosos de
terrorismo, se les ha trasladado en vuelos secretos y se les
ha encerrado en cárceles clandestinas por todo el mundo.
La
Casa Blanca nunca ha reconocido oficialmente estos hechos,
pero sí los ha justificado indirectamente, amparándose en el
argumento de la defensa propia en tiempos de guerra.
LA
LEY PATRIOT
Un Gobierno dotado de poderes
excepcionales
El 26 de octubre del 2001, sólo seis
semanas después de los atentados de Nueva York y Washington, y
en una clima de psicosis por temor a otra masacre terrorista,
el Congreso estadounidense aprobó a toda prisa y apenas sin
debate la ley Patriot, un conjunto de 150 disposiciones que
ampliaron los poderes del Gobierno sobre los ciudadanos.
La
normativa, todavía en vigor, tipifica de forma muy genérica el
delito de terrorismo y amplía las categorías de apoyo al
terrorismo. Bajo su cobertura, los agentes federales están
facultados para intervenir correos electrónicos y
comunicaciones telefónicas, y para allanar en secreto los
domicilios de sospechosos de terrorismo, así como para acudir
a un tribunal secreto que les autorice a acceder a documentos
privados de los ciudadanos: historiales médicos, fichas
bibliotecarias, actividades empresariales y datos
bancarios.
El Departamento de Justicia ha reconocido que
los poderes que concede esta legislación se han usado en más
de 30 ocasiones para conseguir información sobre estancias en
hoteles, permisos de conducir, contratos de alquiler de
viviendas y tarjetas de crédito.
Las 16 cláusulas más
controvertidas de la ley expiran el próximo viernes y la
Administración de Bush pretende extenderlas por otros cuatro
años. Con el voto de algunos republicanos, el Senado ya frenó
el pasado diciembre esa prórroga.
EL
ESPIONAJE
Intromisión en la vida privada de los
ciudadanos
Con sus nuevos superpoderes, en
los últimos cuatro años, el Gobierno estadounidense ha
irrumpido masivamente en el ámbito privado de los ciudadanos.
Todas las agencias de espionaje han sido facultadas para
escrutar la vida de los estadounidenses, en un "Gran
Hermano totalmente incontrolado", como denunció
recientemente el senador demócrata Edward Kennedy.
En el
año 2002, Bush firmó una orden por la que autorizó a la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a intervenir, sin
autorización judicial, las conversaciones telefónicas y por
internet realizadas en Estados Unidos. Mediante sofisticados
medios electrónicos, la NSA ha espiado las comunicaciones de
al menos 500 personas, según The New York Times. Se
trata de una operación secreta de la que sólo han estado al
corriente los líderes republicano y demócrata del Congreso,
altos miembros del Gobierno, la cúpula de la NSA, la CIA y el
Departamento de Justicia.
También en mayo del 2003, y bajo
instrucciones directas del entonces subsecretario de Defensa,
el halcón Paul Wolfowitz, el Pentágono montó su propio
programa de espionaje doméstico, bautizado como TALON, con el
objetivo de recoger información sobre "incidentes
sospechosos" amenazantes para la "seguridad
nacional". Una manifestación pacifista ante el cuartel
general de la empresa petrolera Halliburton, en junio del
2004, fue objeto de este seguimiento, según publica en su
último número la revista Newsweek.
Organizaciones
ecologistas y religiosas, defensoras de los animales,
mezquitas, militantes anarquistas y activistas antiguerra han
estado también en el punto de mira del FBI. La frontera entre
lo que es una actividad terrorista y actos de desobediencia
civil o protestas legales es más difusa que nunca.
LA
BASE DE GUANTÁNAMO
Detenidos en la más absoluta
indefensión
El 11 de enero del 2002, un avión
militar de carga C-141, con la bandera de Estados Unidos
pintada en el fuselaje, partió de Afganistán rumbo a la base
de Guantánamo, en Cuba. A bordo viajaban una veintena de
"combatientes enemigos irregulares", un limbo jurídico
inventado por Washington para negar a esos detenidos los
derechos que las convenciones de Ginebra exigen para los
prisioneros de guerra.
Según Human Rights Watch, más de 500
presos, capturados en su mayor parte en Afganistán o en Irak,
siguen encerrados actualmente en la base. Algunos llevan allí
más de cuatro años pero hasta el momento sólo contra nueve de
ellos se han formulado cargos, entre ellos un canadiense que
tenía 15 años cuando fue detenido en Afganistán.
Tribunales
especiales militares deben juzgar a estos presos, pero su
legalidad está siendo examinada por el Tribunal Supremo, cuyo
pronunciamiento se espera para mediados de año. El Senado
aprobó el pasado noviembre una enmienda que niega a los
detenidos de Guantánamo el acceso a los tribunales civiles
estadounidenses para protestar por sus condiciones de
detención, un derecho que previamente sí les había concedido
el Supremo.
En agosto del 2005, al menos 131 detenidos
iniciaron una huelga de hambre; más de dos decenas fueron
alimentados a la fuerza, encadenados a la cama y sondados por
la nariz. Amnistía Internacional ha presentado diversos
testimonios de torturas y malos tratos en Guantánamo. El
Pentágono niega que torture a sus presos, pero nunca ha
permitido que una misión de la ONU mantenga en privado
entrevistas con ellos para verificar esas denuncias.
LAS TORTURAS
Legitimación de los malos tratos a
presos
Las infames fotografías de las torturas a
presos en la cárcel iraquí de Abú Graib, divulgadas en la
primavera del 2004, destaparon la caja de Pandora de los
abusos a los que eran sometidos los presos bajo custodia de
Estados Unidos. Pero a pesar del escándalo, los malos tratos
no cesaron. Desde el 2002 se han conocido más de 300 casos de
"abusos graves" contra detenidos y al menos 68 presos
han muerto bajo custodia de Estados Unidos, según recoge el
informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de
la organización Human Rights Watch.
Una investigación
interna del Pentágono puso al descubierto en verano que ya
desde antes de la guerra de Irak (marzo del 2003), en
Guantánamo se aplicaron técnicas de interrogatorio
"agresivas y creativas" (privación de sueño, empleo de
perros para asustar o exhibición de los presos desnudos para
humillarles) que luego fueron exportadas a Abú Graib.
Human Rights Watch sostiene que los malos tratos a
detenidos son producto de "una política deliberada
impulsada desde lo más alto de la Administración". El propio Bush
amenazó el año pasado con el veto al presupuesto de Defensa si
incluía una enmienda en la que se condenaban "los tratos
crueles, inhumanos y degradantes" a los detenidos. El
vicepresidente, Dick Cheney, presionó para eximir de esta
enmienda a los agentes de la CIA, mientras que el director de
la agencia, Porter Goss, definió el método del
submarino (inmersión del preso en agua hasta que está a
punto de ahogarse) como una "técnica profesional de
interrogatorio". El fiscal general, Alberto Gonzales,
defendió que la tortura era legal siempre si se ejercía fuera
del territorio estadounidense.
LAS OPERACIONES DE LA
CIA
Secuestros y encierros en cárceles
secretas
Buena parte de estas políticas impulsadas
desde la Casa Blanca no habrían sido posibles sin el brazo
ejecutor de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Sólo
seis días después del 11-S, Bush firmó una orden secreta para
reforzar las agencias de espionaje. La CIA montó entonces su
mayor ofensiva de operaciones encubiertas desde las crisis de
la guerra fría, conocida bajo las siglas GST.
Al abrigo de
esa operación, la agencia de espionaje ha secuestrado a
sospechosos de terrorismo, los ha trasladado en aviones por
todo el mundo, los ha encerrado en cárceles secretas y los ha
enviado a terceros países conocidos por torturar a sus
detenidos. Son los llamados "presos fantasma", unos
3.000 capturados desde el 11-S, según denunció el diario
The Washington Post citando a fuentes de la CIA. Por
tratarse de operaciones encubiertas, el sistema judicial
estadounidense no tiene jurisdicción sobre estas detenciones,
al menos 40 de las cuales se han revelado ya como
erróneas.
El Consejo de Europa consideró probado la semana
pasada que más de un centenar de estos "presos
fantasma" han transitado por Europa (incluida España) con
destino a países como Egipto, Jordania y Marruecos, entre
otros. Dos casos han salido plenamente a la luz. El clérigo
egipcio Abú Omar fue secuestrado en junio del 2003 en Milán en
plena calle y traslado primero a la base estadounidense de
Ramstein (Alemania) y luego a El Cairo, donde fue torturado.
Jaled al Masri, alemán de origen libanés, fue detenido por
error en Macedonia y trasladado luego a Kabul para ser
interrogado.
La investigación del Consejo de Europa no ha
podido dar con "pruebas irrefutables" sobre la
existencia de una red de cárceles secretas en varios países de
la Europa del Este, que en documentos clasificados
estadounidenses aparecen reflejadas como "agujeros
negros".
LOS INMIGRANTES
Encerrados durante
meses en Brooklyn
En las semanas que siguieron a
los atentados del 11-S, cientos de inmigrantes musulmanes
fueron detenidos por irregularidades con sus visados.
Considerados "individuos de interés" para los
investigadores antiterroristas, fueron trasladados a un centro
federal de detención en Brooklyn. Allí estuvieron encerrados
meses, sufriendo abusos físicos, como palizas y humillaciones
sexuales, y malos tratos psicológicos sin que se formularan
cargos en su contra. Muchos fueron luego deportados y unos
pocos han vuelto ahora a EEUU para denunciar al Gobierno ante
la justicia.
"Las torturas, interrogatorios y
detenciones abitrarias que asociamos con Guantánamo y las
cárceles secretas de la CIA empezaron aquí, en Brooklyn",
denunció la semana pasada a The New York Times la
abogada Rachel Meeropol, del Centro para los Derechos
Constitucionales. La política del entonces fiscal general,
John Ashcroft, era retener a los detenidos --algunos
arrestados al azar-- bajo cualquier pretexto legal hasta que
el FBI dilucidara sus presuntos vínculos terroristas. En
muchos casos pasaron meses presos sin razón.
Porque
justicia y razón es lo que le falta a la guerra sucia de Bush.
|