Hugo Cores - rodelu.net |
9 de febrero de 2006
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Esta administración es la primera que se ha hecho cargo de la situación social
Las derechas y la inseguridad pública
Hugo
Cores, PVP - Frente Amplio - Uruguay
El
asesinato de un trabajador del transporte en el Barrio Casabó fue
motivo para la reanudación de la campaña de las derechas contra el
gobierno, la gestión del Ministerio del Interior y la legislación
vigente.
Más que del grave problema de la inseguridad, al que se han referido
con acierto otros análisis, me interesa examinar cómo, desde los medios de
comunicación y desde el liderazgo de los partidos conservadores, se
contribuye a alentar una percepción del problema que conduce
exclusivamente a un incremento de las medidas represivas, al agravamiento
de la espiral de violencia y a la extensión del miedo.
1- El crecimiento de los delitos y de la gravedad de las modalidades en
que se realizan no es un hecho reciente. Tampoco lo es la aumentada
participación de menores en episodios que comportan agresiones físicas y
hasta la muerte de las personas que son objeto de las rapiñas.
Fenómenos análogos se han vivido y se viven en otros países de la
región, como Argentina y Brasil, que en períodos históricos anteriores no
habían atravesado por estremecimientos como los que ahora sacuden a
nuestro país.
En Brasil, durante la dictadura instalada con el golpe de abril de
1964, el proceso fue bastante lejos, alentado por la propia acción del
gobierno militar que miró para otro lado mientras crecía el clima de
inseguridad y se instalaban los escuadrones de la muerte, integrados
básicamente por policías y militares.
A partir de ese período, la prensa y las derechas políticas
contribuyeron a agravar el problema que, en algunos Estados, se ha
convertido en el problema principal de los gobernantes.
En un período posterior algo similar se vivió en la Argentina, apoyado
por las fuerzas, sociales, ideológicas, mediáticas, que habían sido el
sostén de la dictadura y por el menemismo. Fueron los años del Ruckauf,
gobernador de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la
república cuando vociferada en los actos públicos "hay que meterle bala a
los delincuentes".
2- Bastaría recorrer las crónicas policiales de la prensa
latinoamericana para constatar como esta problemática se ha vivido y se
vive en toda América Latina.
Y cómo la existencia de este tipo de acontecimiento pone en
funcionamiento una forma de demagogia irresistible para los voceros y
dirigentes de las clases conservadoras, sobre todo cuando quien está en el
gobierno es un partido de izquierda.
La simplificación, que cualquiera que se asome a esta problemática sabe
que conduce a graves errores, les permite de un plumazo cumplir varios
objetivos a la vez.
Golpear la imagen del gobierno no es la menor. Segundo, permite
eludir las raíces profundas de los problemas que generan la marginalidad y
la exclusión social: las políticas económicas neoliberales, la
desigualdad en la distribución de la renta, el colapso de los servicios
públicos destinados a atender la situación de las clases populares.
Tercero, extender e intensificar el clima de miedo y desconfianza
mutua entre los sectores socialmente más golpeados. Castrar la
confianza en sus propias fuerzas, alentar la división y el hostigamiento
de unos pobres contra otros, criminalizar la pobreza.
Al mismo tiempo estimular la recurrencia a medidas represivas y exaltar
por esa vía los componentes ideológicos autoritarios tanto en la
legislación como en las instituciones del Estado.
La derecha ha intentado también demonizar el consumo problemático de
drogas. En esto, en el mundo hay un largo camino recorrido donde la
"satanización" de la sustancia y la "guerra contra las drogas" con sus
secuela de muerte y gatillo fácil no ha servido para nada. Sencillamente
se demuestra (luego de gastar millones de dólares en represión) que la
cuestión está centrada en la demanda de drogas y de la complejidad social
(que no se puede analizar desde el simplismo de la causalidad directa) que
lleva a hombres y mujeres, adultos y jóvenes a consumir sustancias -que
los mismos usuarios saben-son un veneno para la salud individual, familiar
y comunitaria.
3- ¿Quiénes son y de dónde vienen las familias que proveen de jóvenes y
niños infractores?
La inmensa mayoría de los delitos son protagonizados por personas que
fueron empujadas, por otras formas de violencia menos visible, a
vivir en asentamientos precarios desprovistos de servicios esenciales, en
medio de hacinamiento y lejos de las oportunidades del mercado de trabajo.
La invisibilidad de estas formas de violencia no nace del azar sino que
es una de las construcciones principales de la manipulación
mediática.
Todos los censos recientes muestran el crecimiento exponencial de la
pobreza y la llamada infantilización de la pobreza. Muestran cómo la
mayoría de los niños que nacen hoy en nuestro país más de la mitad lo
hacen en zonas de pobreza.
Indican asimismo la existencia de zonas en Montevideo donde el número
de los jóvenes que no estudia ni trabaja está por encima del 70% mientras
en otras no alcanza al 5%.
4- ¿Cómo se fue dibujando este mapa social? ¿Es acaso fruto del azar,
de una sucesión inexplicable que lleva sin que se sepa por qué de un mal a
otro?
¿Qué fuerzas de la economía y de la sociedad y que responsabilidades
y omisiones políticas hicieron que una parte de las familias obreras de
las zonas antaño industriales fuera empujada a vivir en las condiciones
infernales de la pobreza extrema?
Si no se incorpora este contexto al analizar los problemas de la
seguridad pública se está falseando la realidad y se está engañando a la
gente. Y se lo está haciendo en forma deliberada.
5- La derecha fracasó con sus anuncios apocalípticos contra la Ley de
Humanización de las Cárceles impulsada por el gobierno y la salida de
presos se realizó de acuerdo a lo que se había planificado y el número de
reincidencias ha sido insignificante.
No obstante, se sigue intentando crear un clima según el cual la
responsabilidad es de las políticas de este gobierno en materia de
seguridad pública.
La experiencia de nuestra América muestra cómo, cuando las inflexiones
autoritarias para endurecer el sistema penal resultaron insuficientes, se
bajó tanto la edad de imputabilidad a 16 y luego a 14 años, desde las
formas más o menos ocultas de la acción mediática se alentó impulsos como
la 'justicia por las propias manos' que condujeron a los escuadrones de la
muerte.
¿Qué es lo que indican estas experiencias?
Muestran que, lejos de resolver los problemas de la seguridad
ciudadana, el paquete de medidas represivas lo agrava a niveles sin
precedentes como lo muestra la realidad urbana hoy en la mayoría de los
países de América Latina, empezando por Brasil, donde en ciudades como Río
de Janeiro o San Pablo, el índice de violencia tiene el alcance de una
guerra civil.
6- Al negar el peso y las raíces de los contextos socio-económicos, el
pensamiento conservador solo atina a medidas tendentes a aumentar la
represión: bajar la edad de imputabilidad, habilitar un desempeño más
severo de las fuerzas policiales y aumentar las cárceles y los
encarcelados.
La conformación de zonas urbanas y rurales marginales es el resultado
de muchos años de exclusión, de una gestión política de parte de los
gobiernos blancos y colorados adecuada a los intereses de los grandes
capitalistas y sus política económica caracterizada por la falta de
oportunidades de empleo, por la ausencia de políticas de vivienda, salud y
educación capaces de abordar los desafíos de la nueva pobreza que crecía a
lo largo y a lo ancho de todo el país como resultado de la aplicación del
modelo económico neoliberal.
7- Una de 'las gracias' del sistema político que la izquierda ha
heredado consiste, justamente, en el hecho que los beneficiarios de ese
modelo, los apropiadores de la riqueza que acumuló a costa de tantos
pobres, esos banqueros y usureros que drenan sus beneficios fuera del
país, no ingresan como responsables a las páginas de la prensa ni a la
pantalla de la tevé.
Contrariamente a lo que dice Búsqueda, que a raíz del episodio en
Casabó quiere poner oportunistamente en el banquillo de los acusados al
gobierno frenteamplista, que "ya lleva un año" dice, ha sido esta
administración la primera que, en muchos decenios, se ha hecho cargo de la
situación social que se vive en los barrios.
Publicado en
La República el 6 de febrero de 2006
Hugo
Cores
cores567@adinet.com.uy
www.pvp.org.uy
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