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Habana, 9 de febrero. Civiles partidarios del gobierno del presidente
Fidel Castro han ejecutado durante las últimas cuatro semanas acciones de
violencia física y verbal contra opositores, que además han sufrido
allanamientos y confiscación de bienes sin orden judicial, dijo hoy una fuente
disidente.
Los hechos ocurrieron en ocho de las 14 provincias de Cuba y reflejan una
operación represiva en gran escala, ejecutada por decisión del gobierno central,
señaló la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional.
Sólo a finales de los años 80 hubo un periodo similar, aunque en esa época la
ofensiva se concentró en potenciales emigrantes, agregó la fuente. Esta vez los
incidentes ocurrieron desde el segundo semestre de 2005 y se intensificaron el
último mes.
El grupo difundió una lista de 30 casos en los que activistas opositores
resultaron hostilizados en sus propios domicilios por los oficialistas, que
pintaron leyendas en algunas fachadas.
En su reseña, la comisión citó actos de repudio (concentraciones hostiles)
contra miembros de la familia Sigler Amaya, varios de cuyos integrantes son
activos opositores al gobierno, en la localidad de Pedro Betancourt, Matanzas.
También relató algunos casos de allanamientos de domicilio y confiscación de
bienes, generalmente libros, a cargo de civiles sin identificar y agentes
policiales, quienes carecían de una orden judicial.
En un discurso en julio pasado, Castro aludió a los actos de repudio y dijo
que se repetirían cuantas veces sea necesario cuando traidores y mercenarios
sobrepasen un milímetro más allá de lo que el pueblo revolucionario, cuyo
destino y cuya vida están en juego frente al imperio más voraz, más inhumano y
cruento de la historia, está dispuesto a permitir.
El gobierno considera mercenarios a todos los opositores, con base en que
Estados Unidos prevé para ellos una partida en su presupuesto federal.
El activista Guillermo Fariñas estaba hoy en situación crítica, en el
hospital Arnaldo Milián de la localidad central de Santa Clara, tras una huelga
de hambre que realizó durante ocho días en protesta porque las autoridades le
cancelaron el acceso que tenía a Internet, mediante un cibercafé.
Fariñas, de 42 años, accedió a ser alimentado por vía intravenosa y estaba en
terapia intensiva, a donde llegó deshidratado y sin conocimiento, informó una
fuente allegada a la familia.