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12 de febrero de 2006
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Brecha
de Uruguay - 10 de febrero de 2006
Tango feroz
Riñas y disputas por la celulosa
Argentina no negocia si no se detiene la construcción
de las plantas de celulosa, y Uruguay no lo hace mientras se
mantengan los cortes de ruta. Néstor Kirchner busca en su país
el consenso que Tabaré Vázquez ya logró en el suyo. La demanda
ante La Haya es, a la vez, una prenda de unión para los
partidos argentinos y una amenaza para el gobierno
uruguayo.
Guillermo Waksman
El
lunes 6, en ocasión del Consejo de Ministros de Santa Teresa,
el presidente Tabaré Vázquez habló públicamente por segunda
vez del diferendo con Argentina por la construcción de las
plantas de celulosa en Fray Bentos. La primera había sido el
17 de enero, cuando declaró a la radio AM Libre que “a este
gobierno y a este pueblo no lo van a patotear”. En esta
segunda ocasión Vázquez volvió a poner al país en posición de
víctima: recurrió a una metáfora tanguera, identificando a
Uruguay con una mujer prepoteada por su marido golpeador
–léase Argentina– que castiga por las dudas, es decir por
daños que no se sabe si dentro de unos años ocurrirán o no. Se
infligen ahora castigos reales, graves –con “procedimientos
que no son los adecuados”, aclaró en relación con pegarle a
una mujer, lastimarla, golpearla o romperle algún hueso– para
prevenir futuros hechos que podrán suceder o no. Habló de que
el propósito del marido sería, según el tango, evitar, con
esos métodos, una eventual infidelidad, un engaño, una
traición, refiriéndose en realidad a una contaminación
ambiental que podría afectar las aguas y las dos orillas de un
río compartido (¿o habrá que decir ganancial?).
En esta
peculiar partida de póquer sin mesa, naipes ni paño verde de
por medio, el otro jugador, Néstor Kirchner, aludido como
victimario, subió su apuesta dos días después al anunciar, por
intermedio del secretario de su gabinete, que promoverá,
previa aprobación del Congreso (que deberá reunirse en forma
extraordinaria porque se encuentra en receso), una demanda
contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya. La competencia de ese tribunal está prevista en el
Estatuto del río Uruguay y el motivo de la demanda será el
incumplimiento, por parte del Estado uruguayo, de su
obligación de haber consultado a Argentina antes de autorizar
la construcción de obras que puedan afectar las aguas comunes.
La omisión fue durante el gobierno de Jorge Batlle pero las
autoridades argentinas reprochan al de Vázquez no haber hecho
nada para repararla.
El presidente argentino no está
obligado a obtener la aprobación del Congreso para presentar
la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Pero
quiere lograrla para reunir un apoyo partidario similar al que
ya consiguió Vázquez en Uruguay y, de paso, ganar un poco de
tiempo en espera de una negociación que salve la situación. El
secretario del gabinete sostuvo que “por el momento” la vía de
La Haya es la “única salida”, pero no descartó que antes haya
una negociación política. Y en la escueta declaración oficial,
el Ejecutivo plantea someter el diferendo ante La Haya “en
caso de resultar necesario”.
Desde hace varias semanas
ambas partes se mantienen en sus trece: cada una pone
condiciones para negociar que sabe de antemano inaceptables
para la otra. Argentina exige que se detenga la construcción
de las plantas; Uruguay que el gobierno de Kirchner impida los
cortes de ruta que no permiten la libre circulación por el
puente internacional General San Martín.
Ha habido
negociaciones discretas –los contactos Fernández-Fernández,
entre Alberto, secretario del gabinete de Kirchner y Gonzalo,
secretario de la Presidencia de Vázquez– y una conversación
telefónica, el lunes 30. Pero la situación no se destraba y
cada mandatario se siente obligado a echar un leño más a la
hoguera. Esta semana, Carlos “Chacho” Álvarez, presidente del
Consejo de Representantes del MERCOSUR, con sede en
Montevideo, instó a ambos gobiernos a “salir de la lógica de
la confrontación y pasar a la de la cooperación”. El ex
vicepresidente argentino les pidió “un esfuerzo para
incrementar el diálogo y crear las condiciones para avanzar”
en la resolución del conflicto. Aclaró que no se estaba
ofreciendo como mediador, pero dijo que era necesario “activar
todos los mecanismos” para iniciar negociaciones entre los dos
países y planteó la posibilidad de recurrir a los mecanismos
previstos en el MERCOSUR, como había propuesto la cancillería
uruguaya. En esa misma línea, el senador Enrique Rubio, si
bien entiende que esa instancia no está contemplada en el
acuerdo marco, sostuvo que “el MERCOSUR puede tomar este
entredicho como punto de partida para iniciar una tarea
conjunta de reglamentación y control ambiental, ya que todos
sus miembros están fuertemente interconectados por la cuenca
del Plata y los grandes ríos que la integran” (La República,
martes 7).
Mientras tanto, a un ritmo de dos asambleas
diarias –a las seis de la mañana y a las ocho de la noche– y
con la tolerancia de las autoridades argentinas, que en otras
provincias no permiten los cortes de ruta, los ambientalistas
de Gualeguaychú advirtieron que el gobierno recién comenzó a
escucharlos en abril, cuando empezaron a movilizarse, y que
les ha prestado mayor atención a medida que se han mostrado
más duros en sus acciones y más firmes en sus exigencias. Las
interrupciones del acceso a los puentes por pocas horas o por
uno o dos días, no tuvieron mayores efectos. En enero, el
turismo argentino hacia el este uruguayo disminuyó muy poco –4
por ciento– o simplemente no aumentó, y la caída se debería,
más que nada, a los elevados precios uruguayos o a un clima
que no fue nada propicio para la playa. Pero ahora el corte
del puente se ha mantenido, hasta el cierre de esta edición,
durante seis días, ha llegado a haber unos 300 camiones
trancados (a un costo de 200 dólares diarios por cada uno),
hay alguna –muy poca– mercadería que se echa a perder; hay
algunos vehículos de carga chilenos que sólo pueden salir si
regresan a su país. La movilización adquiere otra dimensión y
si bien empiezan a surgir diferencias entre los ambientalistas
(algunos propusieron la ruptura de relaciones con Uruguay y
otros el levantamiento de las medidas hasta Semana Santa,
aunque la mayoría se mantiene lejos de ambos extremos), ya
tienen muy claro que su presencia no es sólo testimonial. Más
bien se han convertido en el principal factor para que el
presidente Kirchner no afloje ni un tranco de pollo y, si
alguna duda cabía, ha quedado probado que no eran manipulados
por Busti.
Los cortes de ruta y las declaraciones duras, a
veces provocativas, de algunos altos funcionarios de ambos
gobiernos, generaron un clima de tensión. Da la sensación de
que pueden producirse incidentes en cualquier momento y además
el ambiente es propicio para que circulen todo tipo versiones
falsas. Una muestra es la que, a partir de un cable de la
agencia española EFE, fue incluida en todos los portales de
internet en la tarde de ayer, jueves: habría habido
desplazamientos de tropas uruguayas hacia la zona del litoral,
para prevenir una eventual “invasión de ambientalistas” que
podría afectar las instalaciones de las dos plantas de
celulosa. El cuartel de Fray Bentos, que tiene 200 efectivos,
sería reforzado con otros cien, procedentes de Tacuarembó y
Durazno. La oficina de Relaciones Públicas del Ejército
publicó un desmentido para aclarar que el único despliegue de
tropas en el litoral se realizó, a solicitud del Ministerio de
Ganadería, “para prevenir el ingreso al territorio uruguayo de
agentes de contagio de la fiebre aftosa que provengan de la
República Argentina, tal cual acaba de detectarse en la orilla
occidental del río Uruguay, provincia de Corrientes”.
El
canciller Reinaldo Gargano, el intendente de Río Negro, el
blanco Omar Lafluf, y el secretario general del Partido
Colorado coinciden en que se está violando de modo flagrante
el derecho a la libre circulación entre los países socios del
MERCOSUR. Las empresas de transporte –uruguayas, argentinas y
chilenas–, los camioneros, los empresarios turísticos del
litoral se sienten perjudicados por los cortes. Sólo una
empresa asegura que, hasta ahora, no se ha visto lesionada en
sus intereses y que el tiempo que pueda haber perdido en la
construcción será fácilmente recuperado: se llama Botnia y así
lo declaró su directivo Carlos Faroppa. Más claro, echale
cloro.
Los árboles que no dejan ver el bosque
Es todo un
síntoma que ni siquiera haya acuerdo sobre lo que se discute.
El debate central, que interesa tanto a Uruguay como a
Argentina, debería ser acerca de si el funcionamiento de las
plantas de celulosa a instalarse en Río Negro implica graves
riesgos de contaminación, y si esos daños son controlables por
las autoridades uruguayas. A este respecto son decisivos los
estudios técnicos independientes, realizados por profesionales
de los dos países involucrados y con participación de expertos
internacionales.
En segundo lugar, es fundamental para
Uruguay un debate que permita determinar si el desarrollo de
la política forestal –incluso en tierras aptas para la
ganadería y la agricultura– contribuye o no al país
productivo. En este mismo sentido, habría que establecer qué
gana el país con la industrialización de la madera realizada
en zonas francas y exportadas desde puertos ubicados en las
mismas.
Tercero, para saber cuánta razón asiste a cada país
en este conflicto, y también cómo le puede ir a ambos en un
eventual litigio, sea ante la Corte Internacional u otro
tribunal, habría que analizar si Uruguay, durante el gobierno
de Jorge Batlle, desconoció o no el Estatuto del Río Uruguay,
que obliga a los dos países que lo comparten a consultar al
otro en caso de realizar obras que puedan tener efectos sobre
sus aguas o en la población que habita en sus orillas. Habrá
que tener en cuenta, eso sí, que en cualquier controversia
jurídica, nacional o internacional, hay dos bibliotecas, y
cuando no las hay, siempre es posible inventar la que haga
falta.
Hay más preguntas pendientes de respuesta. Todas
ellas han estado incidiendo sobre el centro de los debates, ya
sea sobre los aspectos ambientales, políticos y jurídicos de
la cuestión. Por ejemplo, ¿tomar una posición en estos temas
implica adherir a una “causa nacional”, es decir ponerse una
camiseta, ya sea celeste o albiceleste? ¿Jorge Busti es una
bellísima persona o dio manija en Entre Ríos sólo porque no
pudo ponerse de acuerdo con Botnia y ENCE para que se
intalaran en esa provincia? ¿Cuánto puede haber incidido en
los manifestantes entrerrianos la opinión de Busti? ¿Los
cortes de ruta son un método de lucha legítimo? A la luz de
sus respectivas historias, ¿es posible exigir a los dos
gobiernos que actúen del mismo modo frente a los piquetes? ¿Es
lícito que un gobierno los tolere cuando conviene a sus
intereses y los reprima cuando los contraría? ¿Greenpeace
actúa igual ante todos los riesgos ambientales que hay en el
mundo? ¿Hay intereses económicos atrás de cada una de las
posiciones (las plantas argentinas de celulosa; el grupo
Clarín, al cual pertenece una de ellas; Ñandubaisal, el
balneario entrerriano privado que compite con Las
Cañas)?
Valdría la pena que estas interrogantes también
tuvieran sus respuestas. Pero tengamos conciencia de que son
accesorias y que, cualesquiera sean, en nada afectan lo que es
imprescindible conocer acerca de lo medular de la
discusión.
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