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12 de febrero de 2006
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Brecha
de Uruguay - 10 de febrero de 2006
Jefe de la Armada al juzgado
Destrucción de archivos de la dictadura
El nuevo comandante de la marina, Juan Fernández
Maggio, deberá explicar a los magistrados qué archivos de la
dictadura se destruyeron, cómo fue el procedimiento y qué
autoridad gubernamental impartió las órdenes.
Walter Pernas
Las palabras de Fernández
se incrustaron como metralla en la pared hermética que
resguardó durante los últimos 20 años el secreto de los
archivos de las Fuerzas Armadas. El miércoles 1, al asumir el
cargo, le tocó responder ante la prensa por un tema que tanto
complica la vida –aún hoy– a las tres armas: decir la verdad
con respecto a los desaparecidos y a los demás crímenes de la
dictadura. Pero, haya querido o no, lo dijo: “Hay un archivo
que no aparece, que fue destruido en los últimos 20 años,
sobre todo en la última década, sobre todo las personas que
(...) tenían un dossier, un asentamiento por problemas
ideológicos. Y ahí hay una dificultad, hay archivos que no
están. (...)”. Luego, en un intento por aclarar
–¿relativizar?– sus dichos, apeló al recurso del olvido: “Pero
estamos hablando de tres décadas para atrás. La memoria no es
muy precisa. Y debemos contar con retirados que colaboren y
que presten sus declaraciones al respecto”. Ya cuando la
salida del laberinto parecía imposible, se le disparó
nuevamente el gatillo y las balas cayeron como una lluvia
metálica sobre cuatro períodos de gobierno, tres presidentes,
y cerca de una decena de ministros de Defensa, entre otros
jerarcas. El archivo, dijo Fernández Maggio, “fue destruido en
los últimos 20 años, sobre todo en la última década. (...)
Fueron sucesivas autoridades y por directivas del Poder
Ejecutivo, hace ya más de diez años, que se fueron sacando de
los archivos las personas que estaban con un dossier por
motivos ideológicos”. El oficial estaba hablando de
resoluciones u órdenes administrativas, pero también
–implícitamente– de eventuales conductas delictivas. Pues
destruir un archivo donde podría figurar gran parte de la
verdad con respecto a los crímenes de lesa humanidad del
período represivo constituiría otro atropello a los derechos
humanos.
No quedó claro si las personas que aparecían
nombradas en esos dossiers fueron notificadas de tal situación
antes de proceder a la destrucción. El comandante no precisó
quiénes eran esas “sucesivas autoridades” que impartieron
tamañas órdenes, aunque rápidamente se puede verificar que el
Poder Ejecutivo hace “más de diez años” estaba encabezado por
Luis Alberto Lacalle (1990-1995) o por Julio María Sanguinetti
(1985-1990 y 1995-2000).
Desde el Partido Nacional y el
Partido Colorado se han escuchado voces que niegan las
afirmaciones de Fernández Maggio: el diario La República
publicó testimonios de los ex ministros de Defensa Mariano
Britto (nacionalista) y Yamandú Fau (colorado) y del ex
vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre. Pero el partido parecía
jugarse sólo en la prensa. El Poder Ejecutivo no solicitó
explicaciones al nuevo jerarca y ni el Poder Judicial ni el
Ministerio Público abordaron el caso de oficio ante la
eventual comisión de un delito, que además es particularmente
grave porque vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía
como el derecho a la información.
Por ello, un abogado
penalista, Gustavo Salle, se presentó ante la justicia en
“calidad de mero ciudadano de este país” a denunciar estos
hechos, “que de confirmarse su efectivo acaecimiento en el
mundo real, podrían revestir carácter delictivo”, según señala
el escrito al que accedió BRECHA.
El jurista sostuvo que el
vicealmirante Fernández Maggio “declaró públicamente y en
presencia del presidente de la República (Tabaré Vázquez), del
vicepresidente (Rodolfo Nin Novoa), de la ministra de Defensa
Nacional (Azucena Berrutti) y del ministro del Interior (en
funciones, Juan Faroppa), entre otras altas
autoridades”.
Salle dijo a BRECHA que adoptó la iniciativa
“ante la pasividad de la autoridad del Poder Ejecutivo y del
Poder Judicial”.
El abogado se presentó a la distribuidora
de turnos y esa oficina designó a la jueza Fanny Canessa y a
la fiscal Ana María Telechea para encargarse del
caso.
Fuentes de la investigación dijeron a BRECHA que en
primera instancia se procurará obtener la grabación con las
declaraciones y luego se ordenará un interrogatorio al
comandante en jefe de la Armada para que precise y profundice
el contenido de sus dichos.
Salle estimó en la denuncia que
se pudo cometer el delito de destrucción de documento
verdadero, que se pena con la misma sanción que el de
falsificación de documentos. La mera falsificación tiene una
pena de tres a 18 meses de prisión, pero la falsificación
ideológica por un funcionario público se castiga con dos a
ocho años de penitenciaría.
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