Brecha de Uruguay - 10 de febrero de 2006

Desencuentros

Mujica, los cañeros
y la ocupación de tierras en Artigas

Sergio Israel

El jueves 16 la justicia de Bella Unión continuará sus actuaciones en el caso de las 36 hectáreas de tierras ocupadas en Colonia España. Ese día se habrá cumplido un mes desde que allí se instalara un grupo de “peludos”, trabajadores del ingenio de CALNU (ahora en manos del Estado a través de Alcoholes del Uruguay, ALUR) y pequeños productores interesados en recibir tierras para plantar caña de azúcar.
Ayer, jueves, el directorio de ALUR, la nueva empresa a cargo del ingenio, se reunió a los efectos de adoptar las primeras decisiones operativas que incluyen un proyecto definitivo de inversiones (entre ellas un llamado a licitación para adquirir una destilería que permita producir biocombustibles) y otras medidas organizativas para realizar el mantenimiento de la vieja planta procesadora de caña de azúcar.
El presidente de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), Luis López, dijo a BRECHA que, independientemente de la lucha por la tierra, el sindicato planteó a las autoridades de ANCAP y ALUR la necesidad de una instancia tripartita entre el Estado, los plantadores y los trabajadores. Hasta ahora la única forma de participación se reduce a un consejo consultivo instalado por ALUR para determinar las grandes líneas de trabajo.
El jueves 2 los ocupantes del terreno de Colonia España esperaron en vano la visita del ministro del ramo, José Mujica, que estuvo en la zona pero no se trasladó al ingenio ni a la zona ocupada. Mujica sí tomó parte –junto a dirigentes del PIT-CNT y trabajadores del sector, entre ellos ocupantes de las tierras– de una reunión que se realizó en la sede del sindicato de trabajadores de CALNU. Pero allí se limitó a repetir un discurso similar al que formuló el 25 enero en el Edificio Libertad cuando se firmó el traspaso del ingenio a manos del Estado.
“Estamos en un Estado de derecho; no puedo salir con una bayoneta a meter pechera inútilmente”, dijo el ministro, en lo que se interpretó como una crítica a los ocupantes de tierras y a los que exigen una intervención mayor del ministerio, que en un principio se había planteado llegar a un acuerdo social en Bella Unión pero luego desistió a ello.
Después del choque que tuvo lugar a fines de enero con los directivos de CALNU, que pretendían recibir un crédito extraordinario de 500 mil dólares como condición para firmar el arrendamiento del ingenio por diez años, Mujica se presentó en Bella Unión interesado en dejar claro que necesita antes que nada el compromiso de los plantadores para aumentar de 3 mil a 10 mil hectáreas el área de caña cultivada y lograr al mismo tiempo una productividad adecuada (al menos siete toneladas por hectárea). El ministro hizo hincapié en la necesidad de elevar drásticamente la productividad y dejó entrever que entregar tierras a los peludos podía ser contraproducente.
El gobierno se propone fomentar desde el próximo otoño el cultivo de 2.800 nuevas hectáreas de caña de azúcar como parte del denominado proyecto sucroalcoholero. Para ello está entregando créditos a los plantadores que tienen tierras y estén dispuestos a volver al cultivo de caña.
Los representantes de los peludos y otros trabajadores de la caña sostienen que si el gobierno no adopta medidas para salvaguardar a los cortadores, esos nuevos créditos que recibirán los beneficiados de siempre servirán para perpetuar las pésimas condiciones de trabajo y la superexplotación de los cortadores de caña.
Mientras Mujica considera que la ocupación de tierras es “un palo en la rueda” del gobierno, los peludos estiman que la medida sirve para llamar la atención acerca de sus demandas que están siendo olvidadas por las autoridades.
Por otra parte, fuentes del gobierno confirmaron a BRECHA que, desde antes de la ocupación de Colonia España, el Instituto Nacional de Colonización tenía dispuesto entregar unas 170 hectáreas a los cañeros que quisieran convertirse en plantadores. Si bien la mitad de esas tierras, que quedaron en manos de UTE, son inundables, la otra mitad podrían ser explotadas. Los trabajadores se negaron a recibirlas porque, a diferencia de las de Colonia España, que estaban improductivas, éstas eran explotadas por un pequeño plantador que las perdió por deudas con la empresa eléctrica.