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16 de febrero de 2006
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Brecha
de Uruguay - 10 de febrero de 2006
La dificultad de manejar la incertidumbre
El gobierno y las plantas de celulosa
Los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA) pidieron ciertos informes clave para determinar el
grado de contaminación que generaría Botnia antes de que
comenzara su construcción. Por alguna razón incomprensible las
autoridades cambiaron una palabra –“construcción” por
“operación”– y permitieron el inicio de las obras sin saber a
ciencia cierta cómo es el proyecto aprobado.
Gerardo Honty*
En
Chile la planta de Arauco (de tecnología similar a las que
aquí se van a instalar) fue acusada de ser la responsable de
la casi extinción de los cisnes de cuello negro y otras varias
especies del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en
Valdivia. Apenas a cuatro meses de inaugurada la planta de
celulosa, de los 5 mil cisnes que habitaban en el Santuario
quedaban 160. En abril de 2005 la fábrica fue clausurada. Pero
a pesar de que un completo estudio de la Universidad Austral
de Chile comprobó que la contaminación del Santuario provino
de la planta de Celulosas Arauco, el Supremo Tribunal de
Justicia de Chile le permitió reabrir la planta un mes
después, basado en otro estudio, realizado por la Universidad
de Concepción, que negaba la responsabilidad de la planta.
¿Acaso los científicos de Concepción son mejores que los de la
Austral? ¿Es la Suprema Corte de Justicia quien puede decidir
cuál informe es el correcto?1 ¿Cómo deben vincularse los
estudios técnicos con las decisiones
políticas?
INCERTIDUMBRE
Hay un par de problemas de base
en la discusión sobre los impactos ambientales de las plantas
de celulosa. El primero es la falta de información básica
sobre los ecosistemas de nuestro país –en particular en este
caso sobre el río Uruguay–, que lleva a los técnicos a hacer
suposiciones y llenar huecos de información con
investigaciones sobre otros ecosistemas. En el caso de Arauco,
el conflicto en los tribunales condujo a nuevas
investigaciones que arrojaron un mayor conocimiento sobre la
ecología del río Cruces y el Santuario Carlos Anwandter que el
que se tenía antes de la instalación de la planta.
Un
segundo problema es la interpretación que se hace de las
normativas y estándares ambientales, confundiendo el
cumplimiento de las normas con la ausencia de impactos. Los
estándares ambientales de la Unión Europea, de la EPA o de
cualquier otra agencia no son más que acuerdos entre gobiernos
y empresas para definir el máximo de contaminación admisible
en función del estado de la tecnología y la economía en cada
uno de los sectores. Pero poco o nada tienen que ver con los
límites saludables para las personas o los ecosistemas. Un
ejemplo claro de esto es la evolución de la normativa
internacional de los niveles de plomo en las naftas. Desde la
década del 70 hasta la fecha se han ido reduciendo
progresivamente los niveles aceptables de plomo, no porque
antes de esa fecha no se supiera que el plomo dañaba la salud
de las personas sino porque todavía no se habían encontrado
sustitutos económicamente viables.
CONTROLES
Uno de los
argumentos más utilizados por las autoridades nacionales para
llevar tranquilidad a los uruguayos es que la DINAMA tiene la
capacidad técnica necesaria para realizar un correcto
monitoreo y que en caso de contaminación la industria sería
cerrada. Sin embargo, más allá de la capacidad técnica de los
profesionales de la DINAMA, hay que reconocer que las razones
ambientales no siempre son las que terminan guiando sus
decisiones. Veamos algunos ejemplos.
A fines de 1999 la
DINAMA había interpuesto 33 observaciones al proyecto del
gasoducto Cruz del Sur. El 11 de febrero de 2000 la empresa se
negó a aceptar cuatro de ellas y por pura decisión política le
fue concedida la autorización ambiental dejando de lado las
razones técnicas que los funcionarios de la DINAMA esgrimían.
Un año después, empresarios arroceros de Artigas presentaron
un proyecto para la construcción de una represa que inundaría
500 hectáreas y destruiría más de 100 hectáreas de monte
indígena. Tanto los técnicos del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), como los del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
informaron negativamente el proyecto por los enormes daños
ambientales que ocasionaría. No obstante ello, el titular del
MVOTMA de la época otorgó la autorización ambiental en enero
de 2002.
POR UNA PALABRA
Sin embargo, el caso más
significativo es el que sucedió hace un año con relación a la
planta de celulosa de la empresa Botnia. Según la resolución
del 14 de febrero de 2005, firmada por el entonces ministro
Saúl Irureta, una serie de estudios y planes relacionados con
el funcionamiento de la planta deben ser presentados antes del
inicio de la etapa de “operación” de la misma. Se trata de
temas clave para poder evaluar certeramente la probabilidad de
ocurrencia de impactos ambientales significativos. A
saber:
• Plan de implementación de medidas de mitigación y
compensación (incluye áreas clave como ruidos, olores,
turismo, pesca).
• Plan de monitoreo y seguimiento (incluye
definir previamente los parámetros, las frecuencias de las
tomas, lugares de muestreo, técnicas a utilizar).
• Plan de
contingencias.
• Plan de abandono.• Plan de gestión del
predio no afectado directamente por la planta.
• Plan de
prevención de accidentes.
• Plan de gestión ambiental (que
incluye el plan de manejo de los residuos sólidos).
• Plan
de acondicionamiento paisajístico.
Sin embargo, el informe
de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA
del 11 de febrero pedía a la empresa exactamente lo mismo,
salvo una única y sustancial diferencia: requería que todos
estos planes y estudios fuesen presentados antes de la etapa
de “construcción”,2 y no antes de la etapa de “operación”. El
documento fue elevado al MVOTMA con la firma de Andrés Saizar,
que era el director de la DINAMA.
La diferencia no es nada
menor, pues tal como dice el informe técnico: “Hubo ciertas
carencias en la evaluación de algunos impactos, que se
debieron a:
• inexistencia del conocimiento científico
necesario para estimar algunos efectos”.
Y más adelante:
“En cuanto a aquellos temas en que no hay conocimiento
científico suficiente o concreto que pudiera refutar las
afirmaciones que hace la empresa en cuanto a la inocuidad del
efecto de sus emisiones, se opta por apostar al monitoreo
continuo y exhaustivo de todos los parámetros y bioindicadores
necesarios”.
Es evidente que los técnicos de la DINAMA
pidieron los planes de monitoreo, de gestión ambiental, de
tratamiento de residuos, etcétera, previo a la etapa de
“construcción” porque sólo una vez en poder de esta
información podrían decidir con mayor certeza si los impactos
ambientales serán o no significativos, sobre todo si esperaban
con estos datos cubrir los baches creados por la “inexistencia
de conocimiento científico”.
La decisión de permitir la
construcción de la planta sin contar con esta información no
fue una decisión técnica, sino política, en la cual los
técnicos de la DINAMA no tuvieron responsabilidad alguna. La
pregunta es obvia: ¿qué va a pasar si los planes que presente
Botnia una vez que la planta esté construida no son los
adecuados o no terminan de llenar las lagunas de la falta de
conocimiento científico?
MÁS CONTROLESMÁS CONTROLES
La experiencia
anterior tampoco puede darnos garantías de la capacidad de las
instituciones nacionales para el control de los
emprendimientos cuando están en operación. Y también podemos
citar algunos ejemplos. Uno de los más conocidos y evidentes
es el de Dirox.
Desde su etapa de construcción en 1996, la
empresa química sufrió varias amonestaciones y cuatro
clausuras por causa de irregularidades comprobadas por las
autoridades nacionales y municipales. A fines de 2002, el
recién nombrado ministro Irureta declaraba ante la Comisión de
Medio Ambiente del Senado: “Observando desde afuera creo que
la DINAMA ha adolecido de lentitud y dudas frente a la
problemática planteada (...). Acá nos comprometemos a realizar
todas las acciones necesarias de inmediato”, pues los vecinos
“tienen razones para estar inquietos”. Una auditoría ambiental
y el trabajo de una comisión multisectorial integrada por el
propio MVOTMA formularon una larga serie de medidas,
correcciones y planes que la empresa tenía que iniciar
inmediatamente. A la fecha de la renuncia de Irureta, dos años
después, la empresa seguía funcionando sin que nada en su
operativa hubiera cambiado.3
Otro ejemplo de las
dificultades institucionales que tenemos para establecer
controles acaba de quedar al descubierto el año pasado cuando
Rapal Uruguay y el Colectivo Bioptimistas denunciaron la venta
de semillas de maíz transgénico sin etiquetar. Los reglamentos
y mecanismos de control sobre este tipo de semillas fueron los
argumentos con los que se tranquilizó a la población ante la
amenaza ambiental que significaba la liberación de maíz Mon
810. Sin embargo, a pesar de ello, el maíz transgénico estuvo
vendiéndose sin ningún control al menos durante seis meses el
año pasado hasta que fue denunciado por las ONG.
LO QUE VENDRÁ
Más allá de lo que está pasando ahora con estos
proyectos celulósicos, parece importante revisar la manera en
que nuestro país está encarando los temas ambientales. Muchos
otros proyectos van a discutirse en los próximos años, tanto o
más graves que éste, como puede ser la instalación de una
usina nuclear promovida por algunos actores políticos. El caso
de las plantas de celulosa es un ejemplo más –quizá el de
mayor dimensión– de la complicada trama de asuntos sociales,
técnicos y políticos que deben conjugarse antes de tomar una
decisión. La participación de profesionales universitarios en
una evaluación de impacto ambiental o en los controles de la
DINAMA no tiene mayor relevancia si después las autoridades
nacionales o las empresas que contratan los estudios no
incorporan todo lo que los técnicos informan. El manejo de la
información, la seriedad de los informes técnicos, el respeto
por las opiniones ciudadanas, la aceptación de la
incertidumbre, entre otros, son capítulos de la dimensión
ambiental en los que el país muestra carencias; y los
problemas se van a suceder, aun después de instalados los
proyectos. * Sociólogo y presidente de la Red Uruguaya de
ONG Ambientalistas. 1. Abundante información sobre este
caso está disponible en www.accionporloscisnes.org
Actualmente
ya se habla de más de tres ríos contaminados por la planta de
celulosa.
2. Ambos documentos pueden encontrarse en
www.DINAMA.gub.uy
3. Un buen resumen de este proceso puede
verse en el artículo de Virginia Matos “Dirox. Tóxico ejemplo
de la inercia estatal”,
www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/dirox.htm
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