Treinta años después

Treinta y un año después, en el caso de Chaves.
Más de treinta, en el caso de Miranda.
¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué sucedió en Uruguay durante ese lapso?
La ciudadanía ¿acaso es indiferente al conocimiento de esas muertes?
¿Considera la gente que son muertes justificadas por el momento que se vivía?
La famosa invocación de la guerra ¿explica las muertes de individuos detenidos y esposados?

¿Cómo se ha sostenido la impunidad durante 30 años?

Y si resulta clara la indignación sobre el asesinato, más perentoria se vuelve la interrogante acerca de cómo y con el apoyo de quiénes los crímenes de los años 70 fueron seguidos por tantos años de silencio y de mentiras acerca del destino de los desaparecidos.
La situación cambió radicalmente cuando cambió el gobierno.
Y lo que parecía imposible se volvió posible: se entró a los cuarteles, se excavaron las tierras que ocultaban vidas e historias de hombres de trabajo y de militancia. De los luchadores y los héroes populares que hicieron posible, con su coraje y su tesón, las victorias que siguieron, incluyendo la del 31 de octubre de 2004.
Por que ¿hubiera habido victoria sin resistencia, resistencia sin heroísmo?
La tierra está hablando, está mostrando lo escondido por los hombres.
O, mejor dicho, está mostrando lo ocultado por el Estado. El Estado del gobierno dictatorial y el de los doctores del Estado democrático.
El país en el que, según sus próceres blancos y colorados, reinaba el "estado de derecho".
Era un "estado de derecho" en el que las oficinas civiles y militares del Estado podían mentir.

La fortaleza "invencible"

Podían mentir con el respaldo de los partidos que entonces eran mayoritarios.
Los partidos y los medios de comunicación que construyeron la impunidad respaldaron a los funcionarios cómplices y a los ejecutores de los crímenes en los que fueron ultimados cientos de personas.
La ciudadela de la impunidad parecía invencible.
Hasta se llegó a decir, que "la verdad se sabría sólo después de que todos estemos muertos".
Voces que, sin proponérselo, acrecentaban la idea que contra la fortaleza de la impunidad no era posible actuar.

El riesgo de tocar a los intocables

Pretender saber la verdad y bregar por lograr la justicia era, según esa lógica, una batalla perdida de antemano.
Una batalla que era inconveniente y hasta peligroso dar.
Dar esa pelea contra los amigos civiles y militares de la dictadura ponía en contingencia lo ya logrado.
Arriesgaba a que el proceso democrático diera marcha atrás.
Sanguinetti y sus respaldos, así como Lacalle y los suyos, lograron crear un "sentido común" de la imposibilidad.
Para instalarlo, justamente, como sentido común "democrático", hubo muchos practicantes.
Un gran "voluntariado" del no se puede.
En los informativos y en los cargos de conducción política. Entre los magistrados y los catedráticos de la Facultad de Derecho. Entre los funcionarios uniformados y entre los diplomáticos. No se puede.
Treinta años trabajando desde el Estado. Desde la autoridad pública. Desde el "estado de derecho".
Todo el "partido de la impunidad" trabajando para obstaculizar el funcionamiento democrático de las instituciones.
Para que la democracia en Uruguay fuera democracia con cuarteles-cementerios, con hijos que no sabían qué había sucedido con sus padres.
Democracia con intocables. Con jerarcas militares que decían en las ceremonias públicas que ellos volverían a hacer lo mismo si se presentaran las condiciones de 1973 cuando dieron el golpe de Estado.

La lucha continuó

No todos pensaban así. Por eso las fotos de los desaparecidos y las protestas nunca cesaron.
Ni los familiares ni los grupos de militantes por los derechos humanos solidarios con ellos.
Ni los sindicalistas y militantes políticos convencidos de que la impunidad es un escollo para la democracia.
Tampoco cesaron las investigaciones periodísticas, los escritos ante los juzgados y las denuncias ante los tribunales.

La acción del nuevo gobierno

El gobierno no se inclinó ante el "realismo" que le advertía de no tocar... a los intocables.
Se hizo firme en considerar que los delitos contra la humanidad, como los asesinatos y las desapariciones forzadas, no prescribirían.
Y que el silencio y la oscuridad que rodeaba el destino de cientos de uruguayos encarcelados durante la dictadura no eran compatibles con las instituciones democráticas.
A partir de ese momento se dio inicio a las excavaciones y, por fin, el Poder Judicial ha empezado a tomar contacto con los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Los enemigos del cambio

Hay gente que no quiere que se siga avanzando con la verdad y la justicia, pero no sólo en esto de la impunidad hay enemigos del cambio.
Hay enemigos del cambio social que construyen a diario la fortaleza del no se puede.
No toleran la existencia de organizaciones sindicales activas y organizadas. Los sindicatos están impulsados por el gobierno, se ha llegado a decir, para disputarle a los patrones "el poder dentro de las empresas".
No aceptan las iniciativas y propuestas destinadas a redistribuir la renta, favoreciendo a los asalariados y a la población con menos ingresos.
De los procesos de redistribución se dice que pondrían en riesgo la estabilidad económica del país, alejarían a los inversores y demás calamidades del manual.

Quién sino el pueblo habrá de decir qué cambios son posibles y cuáles no

No ven con buenos ojos el acercamiento de Uruguay a las otras propuestas progresistas que avanzan en América Latina. Es más, ven como malo y riesgoso todo lo nuevo que emerge en nuestra América.
Los enemigos del cambio no tienen razones, tienen poder y tienen fuerza.
Pero esa fortaleza es del tipo de la que tenían los adalides de la impunidad: funciona si no se sabe lo que ocurre. Si el pueblo está mal informado o si hay vacilaciones o rivalidades en el terreno progresista.
En vista a una reforma del sistema tributario impulsada por el gobierno no se puede estar preso de la idea de que las medidas de justicia social no son posibles.
La institucionalidad democrática, tal como siempre la ha entendido la izquierda, supone la posibilidad de informar y dialogar con la población sobre los hechos de interés público.
Lo que es impensable para una comunidad desinformada y sin prácticas de participación puede ser una meta posible para una ciudadanía cohesionada en torno a propuestas racionales de justicia social.
Históricamente, la nuestra ha sido una comunidad nacional cohesionada, con grados importantes de interés colectivo por lo político e intensos anhelos de participación en los debates.
Para llevar adelante el capítulo social de la justicia es posible avanzar sobre las negaciones castradoras del no-se-puede.
Para que se avance en la reforma de la salud y en un sistema impositivo en el que "pague más el que tiene más".

Publicado en La República el 6 de marzo de 2006