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7 de mayo de 2006
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Brecha
de Uruguay - 5 de Mayo de 2006
Debilidades, más que fortalezas comunes
La unidad económica regional a prueba
por el conflicto de la celulosa
Las particularidades y peripecias del conflicto por las
plantas de celulosa no deberían ocultar que está en juego un
dilema: la profundización de la disputa por atraer inversiones
externas compitiendo en un “sálvese quien pueda” que puede
conducir a insospechados enfrentamientos regionales, o bien la
apuesta a un proyecto regional soberano.
Antonio Elías*/Jorge Marchini**
El conflicto por la instalación de las plantas
de celulosa sobre el río Uruguay desvela y enfrenta a nuestros
países. La tensión sigue en aumento y, en medio de la
creciente agitación que se vive en ambas orillas, resulta
natural preguntarse: ¿se trata sólo de un conflicto puntual
explicado por la magnitud de las inversiones e intereses en
juego? ¿Es esta una disputa que demuestra la inviabilidad
actual del MERCOSUR, el mayor proceso de integración y
complementación económica regional puesto en marcha en
Latinoamérica?
Por lo pronto, llama la atención que
existiendo tanto en Argentina como Uruguay gobiernos
denominados, en una imprecisa definición común, de
centroizquierda, que han definido en forma permanente su
vocación común prioritaria hacia la “unidad latinoamericana”,
nos encontremos en un estado de crisis y tensión de enorme
seriedad. Las respuestas “chovinistas” han estado a la orden
del día, acicateadas por los sectores más conservadores, tanto
de la “nueva izquierda” como de la vieja derecha.
Las
autoridades de Argentina y Uruguay habían reafirmado “el
espíritu y la voluntad de diálogo” y el reconocimiento de la
importancia de los estrechos vínculos históricos, lo que se
expresó en el preacuerdo de Santiago de Chile (levantar los
cortes y suspender las obras por 90 días), pero el rechazo
unilateral de la empresa finlandesa Botnia impidió que
continuara el proceso de negociaciones y la relación bilateral
parece marchar a un callejón sin salida.
Las condiciones,
exigencias y presiones de Botnia, que cuenta con el respaldo
del gobierno finlandés y la Unión Europea, impidieron un
proceso de negociación, lo que demuestra hasta qué punto son
inconvenientes para nuestros países los tratados de protección
recíproca de inversiones.
Nosotros y ellos, pero ¿quién es
quién? Una creciente manipulación chovinista puede hacer
aparecer el conflicto por “las papeleras” como insuperable. El
clima de antagonismo es fogoneado, en ambas orillas, por
aquellos que representan los intereses económicos de los
sectores dominantes, que esperan favorecerse en un nuevo
proceso de balcanización de América Latina, y a la vez es
favorecido por irresponsables dirigentes “progresistas” que no
miden los costos culturales e ideológicos de sus
afirmaciones.
A no engañarnos, lo que realmente organiza el
alineamiento de fuerzas políticas de nuestros países en este
conflicto no es un tema de banderas. La confrontación no debe
ser asimilada y azuzada irresponsablemente como si fueran
pasiones futbolísticas entre rioplatenses. Se trata ni más ni
menos que de una polémica generada por la radicación de
empresas trasnacionales con un correlato de consecuencias
nacionales y disputas intrarregionales políticas, económicas y
sociales trascendentes.
Son dos los aspectos ordenadores de
referencia real en debate: por un lado, la defensa u oposición
a la expansión del modelo capitalista que se expresa en la
penetración de nuestros mercados por las empresas
trasnacionales; por otro, la defensa de las fuentes de
ingreso, tanto de los trabajadores como de los empresarios
implicados en este proceso.
Los gigantescos proyectos de
procesamiento de materia prima con masiva utilización de
recursos naturales y productos químicos en un área común, el
río Uruguay, generan efectos multiplicadores sobre el empleo y
la actividad económica en el lado uruguayo y, como
contrapartida, efectos mayores o menores sobre el ambiente que
afectarán negativamente otras actividades productivas
radicadas en ambas orillas, como el turismo.
Los mecanismos
utilizados por los dos gobiernos para imponer sus posiciones
no han respetado el marco institucional. No lo hizo Uruguay,
al incumplir el tratado del río Uruguay, y tampoco Argentina,
al impedir el libre tránsito en puentes
internacionales.
Los actuales caminos de confrontación no
permiten avanzar hacia una proclamada “imprescindible unidad
latinoamericana” sino que, por el contrario, forman parte de
un proceso de rebalcanización. Si las disputas específicas por
“ganar” inversiones del exterior llevan a la competencia/pelea
por definir cuál es el país que da mayores ventajas y
beneficios al capital extranjero –bajos salarios, zonas
francas, exenciones impositivas, garantías de inversión y
menores controles al movimiento de capitales o a las
características de los emprendimientos productivos–, no es
temerario afirmar que el destino que espera a América Latina
es el de la postración y la resignación a los hechos
consumados, el aumento de la dependencia y la creciente
multiplicación de conflictos entre sus naciones.
Un tema
central, para una posible negociación y acuerdo, es la
evaluación de las externalidades, positivas y negativas, que
generan estas inversiones extranjeras, las mayores de la
historia reciente de Uruguay. Esto conlleva necesariamente la
creación de mecanismos de compensación a los sectores
perjudicados de ambos países y/o a una mejora sustancial de la
tecnología de producción que reduzca las externalidades. El
financiamiento de ello deberá tomar en cuenta necesariamente
las asimetrías de las economías involucradas.
Entre el
neoliberalismo y la ortodoxia económica. Sin duda luego de los
altísimos costos sociales y económicos de la desastrosa oleada
“neoliberal” parecía que la confianza casi infantil en las
recetas del Consenso de Washington –apertura, desregulación y
privatización– había quedado atrás. Sin embargo, el Fénix
vuelve redivivo.
Aquel principio –en su momento presentado
como inexpugnable– de “absoluta confianza en el libre
mercado”, ya instalado en las dictaduras militares, no ha
quedado en el olvido en sucesivos gobiernos civiles electos.
No han bastado las crisis de nuestras sociedades y los
sufrimientos de los más desposeídos, que han tenido y tienen
que asumir los durísimos costos del desbarajuste que conllevó
una evasión masiva de capitales, gigantescos negocios
especulativos y niveles de corrupción inéditos.
Aunque
muchos dirigentes y referentes de opinión no hablen más, en
nuestros países, en los mismos términos que en los
dictatoriales y catastróficos sesenta, la “década perdida” de
los ochenta o los “felices años noventa” de crecimiento con
exclusión, sigue presente una lógica predominante de espera,
condicionamientos y subordinación a los intereses del gran
capital y operadores multilaterales.
Por lo pronto, debe
reconocerse que existe una cada vez más notoria y grosera
distancia entre, por un lado, la necesidad y la expectativa de
los pueblos por modificar una realidad oprobiosa y, por otro,
las políticas económicas que se implementan en nuestros
países. Se repiten promesas de “prioridad social y
productiva”, pero continúa el asistencialismo –llámese Plan de
Emergencia o Plan Jefes y Jefas de Hogar– mal tapando las
brechas, la exclusión y la segmentación social que genera la
falta de fuentes de trabajo genuinas.
En nuestros países
las instituciones y condiciones económicas, tanto en períodos
de crisis como de expansión, siguen favoreciendo la
concentración del ingreso y crean condiciones para excluir a
una buena parte de las poblaciones. Siguen vigentes los
privilegios, no se modifican las estructuras regresivas
implantadas en el auge neoliberal y, en nombre de la
“estabilidad de las reglas” y de la creación y desarrollo del
“clima de negocios”, se siguen subordinando políticas y
acciones de Estado.
Es un buen ejemplo de ello la idea de
presentar pagos adelantados al FMI como “paso para ganar mayor
grado de independencia”, cuando se trata en realidad de
afrentas en países con visible subdesarrollo y deudas sociales
gigantescas. El gasto público sigue subsidiando malos negocios
capitalistas y no inversiones públicas básicas, la
regresividad impositiva sigue inalterada, más allá de reformas
que no avanzan en lo sustancial, y el mejoramiento de
salarios, jubilaciones y gastos sociales queda postergado para
el tiempo de las campañas políticas y los discursos de
ocasión, pero no para ser afrontado como prioridad inmediata.
Más aun: habiendo un cambio notorio reciente del ciclo
económico por el mayor valor de las exportaciones y los bajos
intereses financieros, el crecimiento de la “torta” ha ido
paralelo al asentamiento de un regresivo reparto no sólo entre
sectores sociales sino también entre países. Las pequeñas
mejoras redistributivas, en el marco de aumentos más que
significativos del pbi, no muestran un cambio de tendencia en
el proceso de concentración de la riqueza.
El conflicto
actual entre Argentina y Uruguay no refleja los cambios sino
las continuidades del “sálvese quien pueda” de toda una época.
Como muestra de debilidad es posible observar el profundo
contrasentido que significa que, cuando se cuenta con
gobiernos supuestamente más progresistas que reclaman más que
nunca la necesidad de que los latinoamericanos asumamos
nuestras responsabilidades y rol histórico en forma madura, el
Banco Mundial –el cuestionado organismo señalado tantas veces
como causante de las “semillas de destrucción”– se convierta
en el árbitro esperado para laudar el conflicto. O que la
Corte de la Haya, cuya ineficacia en resolver conflictos
internacionales es bien reconocida, se convierta en ámbito de
dilucidación de la disputa. O, peor aun, se busque que la
salida salvadora sea terminar con los acuerdos regionales o
avanzar en entendimientos individuales de preferencia
comercial con países mayores (¿y las quejas de subordinación y
falta de independencia?), en lo que sin duda sería un salto al
vacío con impredecibles costos para nuestras
sociedades.
Alternativas. Si se asume que la crisis se
vincula a la estrategia aplicada por el neoliberalismo en las
últimas décadas, entonces es necesario desmontar un andamiaje
normativo al servicio de la expansión capitalista, tanto en lo
que tiene que ver con las reglas formales que liquidaron los
mecanismos de protección de la economía nacional y redujeron
el papel del Estado, como con las normas informales, la
cultura y la ideología predominantes que privilegian el éxito
individual respecto a las diferentes formas de soluciones
colectivas.
En una perspectiva más general, este conflicto
demuestra la falta de visión, programas, mecanismos de
resolución de conflictos y líneas de acción y cooperación
comunes. O el MERCOSUR asume cambios profundos en su marco
institucional o no tendrá capacidad de unificar criterios y
acciones mínimas de complementación.
Los objetivos de la
integración regional deben ser el desarrollo armónico y
sostenido de nuestras sociedades, el cuidado de nuestros
recursos, el fortalecimiento de nuestras economías. Deben
tomarse acciones inmediatas y unificadas en relación con temas
básicos, como ser: políticas laborales, económicas y
financieras; negociaciones por la deuda externa; el control
sobre capitales especulativos; negociaciones comerciales con
terceros países; cuidado del ambiente y la complementación de
inversiones. Debe abrirse sin demora el debate de alternativas
para el aprovechamiento de los recursos y capacidades
productivas y humanas regionales. Deben darse pasos concretos
por parte de los países más grandes de la región (Argentina y
Brasil) para considerar la situación desventajosa –por el
menor desarrollo relativo, localización y escala de los
mercados– de los más pequeños (Paraguay y Uruguay).
Los
resultados de las últimas décadas demuestran que el
neoliberalismo y su complemento cepalino, el regionalismo
abierto, han fracasado en su supuesta capacidad para resolver
los graves problemas de nuestras economías, aunque han tenido
éxito en facilitar la penetración del capital trasnacional. La
solución no es separarnos ni declamar por los problemas sino
estar más unidos que nunca en la búsqueda de soluciones, lo
que implicará, necesariamente, recrear las fronteras de
nuestras economías, pero ahora al nivel regional más amplio
posible. En ese sentido, la unidad no sólo es conveniente sino
imprescindible.* Docente de la Universidad de la
República, miembro de la Red de Economistas de Izquierda de
Uruguay.
** Docente de la Universidad de Buenos Aires,
miembro del Encuentro de Economistas de Izquierda.
Ambos
son miembros de la Junta Directiva de la Sociedad
Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento
Crítico.
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