Por añadidura, la Chiquita hizo ingresar armas a Colombia (más de 3 mil fusiles AK-47 y millones de municiones) con destino a los paramilitares. Una nota periodística señala que en la región de Urabá, donde operaba la transnacional, se registraron en el período señalado (de 1997 a 2004) 62 masacres en las que murieron 432 personas, en su mayoría campesinos pobres, y muchos trabajadores de la bananera. La Drummond, por su parte, es objeto de un juicio en EEUU llevado adelante por el juez Karon Bowdre en relación con el asesinato de tres sindicalistas. El diario El Tiempo de Bogotá recoge informaciones de los abogados de la organización sindical colombiana Sintramienergética, según las cuales el ex jefe de informática del servicio secreto colombianos, Rafael García, (que está preso por sus nexos con los paramilitares y por haber eliminado la información sobre sus antecedentes penales y sus vínculos con los narcotraficantes) actuará como testigo en el proceso en curso en EEUU. García declaró con anterioridad que estuvo presente en una reunión en la cual el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, hizo entrega de un maletín con 200 mil dólares cash para que se pusiera en manos del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo.

Paraempresismo y paracocracia

Aquí vemos reaparecer en escena a uno de los máximos jefes paramilitares, conocido por el alias de "Jorge 40" y que está condenado por haber perpetrado, en operativo conjunto con el hoy también preso Alvaro Araújo Noguera (padre de la renunciante canciller María Consuelo Araújo), el secuestro del dirigente opositor Víctor Ochoa Daza, en un proceso en que se fraguaron elecciones y se digitaron candidatos para favorecer la reelección de Uribe a través de diversos partidos y coaliciones sostenidos por los paramilitares, que se jactaban por lo demás de tener su propia bancada en el Congreso.

Tampoco es la primera vez que resurgen en primer plano los capitostes de los servicios de inteligencia del régimen uribista. También está encarcelado el ex jefe del DAS Jorge Noguera, (aunque al parecer ahora lo soltaron) porque pasaba información privilegiada a las AUC para sus operativos criminales, lo que es de extrema gravedad en un país en el cual se ha segado la vida en forma sistemática de dirigentes opositores, candidatos presidenciales, líderes sindicales y figuras democráticas.

Los hechos que ahora involucran a Chiquita Brands y a la Drummond fueron definidos como "paraempresismo" y se ubican como un ingrediente de la "paracocracia" o "democracia paramilitar" en que se ha transformado Colombia. Según una definición periodística, "el paraempresismo se suma al escándalo de la parapolítica, que tiene a nueve congresistas, un gobernador y el ex director del más importante organismo de investigación en prisión". Todos estos hechos están documentados con toda precisión (como surge del disco duro de la computadora de Rodrigo Tovar, entre otros elementos) y se han ventilado en los tribunales. (Véase al respecto mis notas: Colombia, democracia paramilitar; Rechazo conjunto a la política de Bush y Uribe; y El padre, el hijo y la Interpol, de los días 4, 13 y 15 de marzo).

El aliado de Bush

Es precisamente sobre esta base podrida que se levanta el gobierno de Uribe. El mismo que, para desviar la atención de sus conexiones flagrantes con el paramilitarismo (sin hablar ya de las que mantuvo como gobernador de Antioquia) tuvo la osadía de acusar de "terroristas con traje de civil" a los dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA), que unifican al conjunto de las fuerzas de izquierda para bregar por la reinstauración de la democracia en Colombia. Para seguir llevando adelante esta política, que incluye la negativa pertinaz al intercambio humanitario, Uribe ha contado con el pleno apoyo del presidente Bush en su reciente gira, expresado en particular en la ampliación del Plan Colombia.

27 de marzo de 2007