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23 de noviembre de 2007
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ALAI
Agencia Latinoamericana de Información - 22 de noviembre de 2007
Chile
El pueblo mapuche de pie
Una larga huelga
de hambre de cinco presos políticos mapuche, rodeada de importante
solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la larga lucha
de un pueblo por la recuperación de sus tierras y el control de sus
territorios.
Raúl Zibechi
“Denunciamos
que Chile es el único país de América Latina donde se persigue y encarcela
a miembros de un pueblo originario ancestral que lucha por sus derechos”,
señala la Carta Abierta enviada el 11 de noviembre por los cinco presos en
huelga de hambre desde el 10 de octubre en el penal de Angol. Patricia
Troncoso, Jaime Marileo, Juan Millalen, José Huenchunao y Héctor Llaitul
asumieron la representación de los 18 presos mapuche en diversas cárceles
de Chile y lanzaron una huelga de hambre “líquida e indifenida” con dos
objetivos básicos: la libertad de todos los presos que se definen como
“presos políticos”, y no como terroristas como apunta el gobierno de
Michelle Bachelet, y “la desmilitarización y el fin de la represión hacia
las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y
territoriales”.
Los presos se consideran “rehenes del Estado
chileno” y denuncian la gran cantidad de carabineros estacionados en las
zonas de Lleu Lleu, Ercilla, Vilcún, Chol Chol, Traigen y Alto Bio Bio. En
esta ocasión la represión no está consiguiendo aislar la lucha mapuche. En
las ciudades sureñas de Temuco y Valdivia se han realizado manifestaciones
y acciones en solidaridad con los presos, así como en Santiago, y se han
desarrollado varias jornadas de solidaridad en países europeos. El 12 de
noviembre una delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de
Angol y manifestó su preocupación por el estado de salud de los presos que
habían perdido entre 15 y 20 kilos. La Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) envió una carta a la presidenta Bachelet,
a través de su coordinador Miguel Palacín, en la que le exige abrir un
diálogo con las autoridades del pueblo mapuche.
Hasta ahora el
gobierno chileno mostró total indiferencia, pero el 19 de noviembre la
Gendarmería interpuso un recurso para intervenir la huelga de hambre e
internar a los presos en algún centro asistencial en caso de que se
registre un deterioro mayor de su salud. El 21 de noviembre, familiares y
amigos de los presos políticos mapuche iniciaron una huelga de hambre en
la catedral de Cañete. En un comunicado recuerdan que bajo los gobiernos
de la Concertación Democrática (desde 1990) han sido procesados 400
mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley Antiterrorista, ya que
el Estado chileno considera la resistencia mapuche por sus tierras como
terrorismo.
Una nueva etapa de la lucha mapuche
Según el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, el
actual movimiento mapuche que emerge en los años 80, en la etapa final de
la dictadura de Augusto Pinochet, “ha protagonizado por lo menos tres
grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos”
[1].
El primero se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las
tierras comunitarias. Luego, al comienzo de la transición democrática, en
1989, se realizó el acuerdo de Nueva Imperial por el cual la Concertación
se comprometió a impulsar una nueva ley indígena a cambio de que los
mapuche renunciaran a la movilización. Muchos temían, señala Toledo, que
se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas de los años 1970-1973
durante el gobierno de Salvador Allende.
En respuesta a la
cooptación que supuso ese acuerdo, nace en 1990 el Consejo de Todas las
Tierras que exige autonomía y participación política y realiza tomas
simbólicas de tierras. En 1992, el gobierno detiene a 70 comuneros y los
acusa de “delincuentes”, y la justicia procesa a 144 mapuche por
“usurpación” y “asociación ilícita”. El proceso estuvo plagado de vicios y
fue considera una aberración jurídica.
Hacia 1997 se abre un nuevo
ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las
grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional
de las empresas, ve desbordada su política indígena ya que las dos
organizaciones estatales de asistencia (la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas) colapsan al
no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política y sin
querer conceder derechos, el gobierno endurece la represión.
El
caso Ralco (1997), un megaproyecto energético en tierras mapuche en el
Alto Bio Bio, supuso un parteaguas ya que el gobierno violó la legislación
para echarlo a andar. “El murallón de Ralco levantó una frontera política
entre los mapuche y el Estado”, asegura Toledo. Ese mismo año, el caso
Lumaco, dos millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales
y una planta de celulosa, se convirtió en “un enclave que ha transformado
la geografía y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y
empobreciendo a las regiones”.
Forzado a la movilización ante la
inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche, el movimiento se
fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de
comunicación propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la
Coordinadora Arauco Malleco y la Asociación Nankucheo de Lumaco. Fruto de
la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales
de compras de tierras para las comunidades pasan de unos 5 millones de
dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo
Lagos.
Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de
movilizaciones fue la criminalización de la protesta. Se abrieron procesos
ante la Justicia Militar durante los años 2000 y 2001, hasta que a fines
de este año se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el
marco del clima generado por los atentados del 11 de setiembre de 2001 en
Estados Unidos. Se combina represión con labores de inteligencia y
cooptación de la intelectualidad indígena. Entre noviembre de 2001 y
octubre de 2003 son procesados 209 mapuche sólo en la región de la
Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y
maltratados. Según Toledo, se trata de una verdadera “guerra sucia”.
En noviembre de 2004 los mapuche ganan una batalla jurídica en un
terreno en que no cosechaban más que derrotas. Uno de los pilares de la
criminalización de la protesta se desmorona ante la estrategia de los
defensores que demuestran que “terrorismo” no son daños a bienes sino
“desprecio de la vida humana, o poner en peligro el orden constitucional”.
Los incendios y lanzamientos de artefactos, que son los medios que
utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los
acusados son absueltos.
Hacia la profundización de las luchas
Con el gobierno de Michelle Bachelet (1996) las
cosas no cambiaron. La represión se mantiene intacta aunque ya no se
aplica la Ley Antiterrorista. “El movimiento mapuche logró sortear los
embates de la criminalización, con movilización social y una activa
apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo
oportunidades para un cambio de marco de la política indígena y
profundización de la democracia”, sostiene Toledo.
Iván
Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, quien estuvo
dos meses en prisión y fue puesto en libertad el 9 de noviembre, sostiene
que recién a partir de las luchas de 1997 “se pasa a otra etapa en la
lucha mapuche que consiste en entrar a un fundo, trabajar, defenderlo y en
definitiva ejercer control territorial”
[2].
A través de la acción directa, su comunidad ha conseguido recuperar cientos
de hectáreas de las 10 mil usurpadas por los colonos y traspasadas luego a
las forestales.
En esta nueva etapa ya no se ocupan las tierras de
forma simbólica como a comienzos de los 90, sino de forma permanente y
para producir su vida cotidiana. Y ya no piden tierras sino territorio.
Esto los lleva a un enfrentamiento frontal e inevitable con las
multinacionales de la minería, la energía y el papel. Ellos mismos
aseguran que no tienen otra opción. Los mapuche se definen como “un pueblo
que se resiste a desaparecer”. La Coordinadora Arauco Malleco, que se
define como “anticapitalista, antimperialista y libertaria”, difundió un
comunicado en el que asegura que “nos encontramos en una coyuntura
histórica de extinción o continuidad cultural, social y territorial, es
decir, entre la vida o la muerte de nuestro mundo mapuche”
[3].
-Raúl Zibechi es miembro del
Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e
investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de
América Latina, y asesor de varios grupos sociales.
Notas
[1]Víctor
Toledo Llancaqueo, “Prima ratio. Movilización mapuche y política penal”,
en revista OSAL No. 22, Buenos Aires, setiembre de
2007,
[2]“Entrevista
a Iván Llanquileo”, 19 de noviembre de 2007, en http://www.eutsi.org/
[3]“Los
mapuche en pie”, revista Ojarasca, México, noviembre de 2007.
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http://alainet.org/active/20825&lang=es
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