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23 de noviembre de 2007
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Brecha
de Uruguay - 23 de noviembre de 2007
(Medio)ambiente enrarecido
El control de Botnia por duplicado
Con la planta de Botnia en funcionamiento, la batalla
bilateral se concentra ahora en los controles ambientales. Argentina
dispuso 2 millones dólares para eso y Uruguay podría requerir ayuda
técnica internacional. Desde ambos lados del río se mira hacia La
Haya, adonde llegan los ecos de un áspero intercambio
epistolar.
Fabián Werner
La directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, celebró que los
controles realizados hasta ahora por la Dinama hayan dado
“perfecto”, aunque reconoció que para tener un panorama general de
la situación ambiental habrá que esperar alrededor de seis meses.
Más allá de este optimismo, el ministro Mariano Arana dijo que es
partidario de que ese monitoreo uruguayo sea supervisado por
técnicos internacionales, como forma de dar mayor sustento a la
posición uruguaya.
Mientras Uruguay realiza estos estudios por
su cuenta, el gobierno de Néstor Kirchner destinó 5 millones de
pesos argentinos (en el entorno de 2 millones de dólares) para el
financiamiento de análisis ambientales en el río Uruguay. El
objetivo es recopilar datos que confirmen la presunción argentina
sobre la polución que generará Botnia en el recurso compartido, y
anexar esos datos a la causa que se presentó ante La Haya. El
control estará coordinado por la Secretaría de Ambiente que encabeza
Romina Picolotti, y participarán varias dependencias federales,
provinciales y municipales.
El canciller Reinaldo Gargano evaluó
como “positivo” este control unilateral argentino, aunque aclaró que
no tiene “validez” porque “lo ideal es que se realice de manera
conjunta”. Gargano envió el miércoles 21 la réplica uruguaya a la
protesta que su par argentino le había enviado la semana anterior
por el comienzo de la actividad de Botnia, considerando la decisión
como “unilateral” y violatoria del Estatuto del Río Uruguay.
La misiva, de una carilla y media, puso énfasis en la “decisión
soberana” del país, “fundada en el derecho inalienable que tiene
Uruguay a determinar que se instalen en su territorio plantas
industriales”. Como el gobierno uruguayo ya anunció que enviará una
copia de la carta a La Haya, la administración de Kirchner evalúa
enviar una dúplica, que entregaría al embajador Francisco Bustillo,
y remitir una copia al mismo tribunal en Holanda.
El debate
ambiental a dos orillas fue abonado por un informe de la consultora
canadiense Ecometrix –la misma que asesoró al Banco Mundial para la
concesión del préstamo a Botnia– en el que se consignó la
utilización de nueve sustancias potencialmente “peligrosas”, tres de
ellas “tóxicas” y cuatro “irritantes”. Mencionó también la
eventualidad de 16 posibles accidentes por el manejo de estos
químicos que pueden afectar el ambiente y la salud, seis de los
cuales ocasionarían “serios” efectos, nueve de ellos presentarían
consecuencias “significativas” y sólo uno tendría derivaciones
“moderadas”. Además, el documento señala que Botnia producirá
anualmente entre 100 y 150 toneladas de residuos peligrosos,
mientras que la planta química Kemira –también propiedad de Botnia–
producirá entre 300 y 350 toneladas de residuos por año adicionales,
que también presentan peligrosidad.
A pesar de estos datos, el
informe sostiene que Botnia ya cumplió con todos los requisitos
exigidos para prevenir accidentes, y que en algunos casos esos
requerimientos son cumplidos en exceso. Añade que “la planta se
construyó de acuerdo a los cánones de las mejores técnicas
internacionales disponibles”, y por lo tanto las sustancias
peligrosas “serán manipuladas de forma apropiada”.
En medio de
este intercambio epistolar, los ambientalistas de Gualeguaychú
contrataron al abogado uruguayo Gustavo Casola Perezutti para
iniciar una ofensiva jurídica en nuestro país, que tiene como
objetivo lograr que la justicia obligue al Estado a detener los
trabajos de Botnia hasta que exista un pronunciamiento en la Corte
Internacional de La Haya. Antes de eso se planteará una petición
para que se entregue a los denunciantes toda la información
disponible sobre el funcionamiento de la planta.
En esta misma
línea, el fiscal Enrique Viana –quien ya fue contactado por los
argentinos y dijo estar dispuesto a declarar en el juicio que se
sigue en Argentina contra los directivos de Botnia– pidió informes
al gobierno sobre el traslado de sustancias tóxicas en las barcazas
de la pastera finlandesa y acerca de la realización de al menos ocho
perforaciones, cuya profundidad oscila entre 60 y 100 metros, en el
predio de la zona franca de la empresa en Río Negro.
Por si todo
esto no fuera suficiente para poner el tema ambiental en el centro
de la discusión, en los últimos días continuaron los “episodios de
olor” en las inmediaciones de la fábrica, y esta vez afectaron
directamente a seis escolares fraybentinos que sufrieron mareos y
debieron ser asistidos. “El olor quemaba la nariz, fue realmente
insoportable. Antes no lo habíamos sentido de esa manera”, dijo la
maestra de los niños, Erika Perroux (El País, de ayer jueves). Más
allá de estos inconvenientes, la empresa informó oficialmente que
“fue un evento transitorio y de corta duración” y que “no genera ni
generará ningún impacto en la salud”.
DESBLOQUEO COMO GESTO
Después de que el viernes 16 la intervención de la gendarmería
argentina abortara el intento de los ambientalistas de bloquear los
tres puentes binacionales, como parte de los festejos por el primer
aniversario del corte del puente general San Martín,* comenzó a
manejarse la posibilidad de que este “gesto” fuera respondido desde
Uruguay con otro similar. Así fue que el levantamiento del cierre
del paso de frontera comenzó a manejarse en el Poder Ejecutivo, lo
cual fue rechazado desde Nueva Zelandia por el presidente Tabaré
Vázquez, ante el anuncio de nuevas protestas por parte de los
ambientalistas de Gualeguaychú.
Es que a pesar de aquel traspié,
los festejos continuarán mañana sábado en la noche con una
movilización nocturna que terminará sobre el puente general San
Martín, con antorchas, avanzando “hasta donde la Policía uruguaya
nos deje llegar”, según explicó uno de los asambleístas. Al día
siguiente está previsto cruzar a Uruguay por Colón y dirigirse al
balneario Las Cañas, aunque en los últimos días comenzó a analizarse
la posibilidad de dejar sin efecto la protesta debido a la reacción
que se generó en Uruguay. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf,
ya anunció que se comunicará con la ministra del Interior para
manifestarle su preocupación por esta nueva “provocación” de los
ambientalistas.
Con este panorama parece difícil que el cierre
de frontera sea levantado en los próximos días, dados los informes
de inteligencia policial y militar que recomiendan lo contrario.
* A propósito de este aniversario, el Poder Ejecutivo
resolvió resarcir a los damnificados por el corte del puente General
San Martín. El Estado destinará un monto de 2,5 millones de pesos
para indemnizar a alrededor de 50 familias de comerciantes, entre
quienes se encuentran despachantes de aduana, trabajadores del
sector gastronómico y funcionarios de free shops.
Malas aguas para Buenos Aires
La barcaza Buenos Aires, la más pequeña de
las tres que utiliza Botnia para trasladar la pasta de celulosa por
el río Uruguay, quedó encallada cerca de la desembocadura del Río
Negro cuando transportaba 1.300 toneladas de carga desde el muelle
de Botnia hasta la terminal de Nueva Palmira. El hecho, que es usual
debido a las complicaciones de navegabilidad del río, se produjo en
la madrugada del martes 20, cuando la proa de la embarcación tocó
uno de los veriles del canal (debido a la falta de señalización y la
baja marea) y quedó encallada. Según medios argentinos, los
ambientalistas aprovecharon la ocasión para realizar una incursión
en lancha hasta la barcaza en la noche del miércoles 21 y pintaron
con aerosoles en uno de los costados de la embarcación las
inscripciones “Fuera Botnia” y “No a las papeleras”.
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