Los partidos políticos tradicionales o la corrupta "clase política" de la región, en defensa del status quo o de sus propios fueros, clasifican a los GIP como el rechazo público a un mal gobierno; sin embargo, este singular fenómeno va bastante más allá del rostro de los gobernantes, sus forma de gobierno, sus errores y compromisos, su política económica, sus intereses personales o de grupo, ya que con certeza la complicación de fondo es la falta de respuesta del sistema político frente a las situaciones de crisis. En pocas palabras, el sistema político llamado democrático no funciona, no puede ejercer el poder en circunstancias difíciles puesto que carece de representatividad real y las instituciones que sustentan este sistema son muy endebles y precarias. Envejecidas por años de corrupción, cohecho e inmoralidad, todas las instituciones supuestamente representativas de los Estados latinoamericanos como los poderes Ejecutivos, Legislativos, Judiciales, Electorales; o de la sociedad como son las entidades empresariales, profesionales, sindicales, militares y hasta eclesiásticas, son desbordadas por las fuerzas sociales que no tienen acceso al sistema político.

Frente a esta realidad concreta de predominio de una minoría sin base social auténtica, el no acceso al sistema político de las fuerzas sociales, deja una única puerta de entrada en el acontecer nacional y éste ingreso se presenta en el rechazo al orden supuestamente democrático y a sus representantes elegidos o no. Así los GIP se constituyen en una necesidad perentoria de los gobernados, quienes hartos de no percibir una solución a sus problemas económicos y sociales apuntan a la caída de los presidentes en la perspectiva, también equivocada, de reemplazar a unos por otros dentro del mismo sistema político, dejando la opción de gobierno a los mismos sujetos con distinta cara. La gran media por su lado alimenta la idea de que con las protestas y la insurgencia se está atacando a la democracia, asumiendo por sí y ante sí que a determinadas fuerzas sociales les interesa los regímenes fuertes o que son proclives a las dictaduras. Esto último se ensambla en la perfecta manipulación de salvar el sistema político con cualquier rostro presidencial, pues al final de cuentas no interesan los líderes, buenos o malos, sino el orden establecido.

En esta dinámica de responsabilizar a los presidentes y de catalogar a unos como buenos y a otros como malos, las fuerzas sociales no se dan cuenta de su error. No se dan cuenta que la misión de cualquier presidente, obediente a la política imperial del neoliberalismo y la globalización, consiste en garantizar los intereses de las finanzas internacionales, la banca acreedora y los mercados, antes que iniciar la mínima reforma social o económica a favor de los gobernados pobres, los trabajadores, los campesinos o de las clases medias. En ese único plan, indigno de cualquier gobernante nacionalista, la "clase política" en su conjunto pide cada vez mayores sacrificios a los trabajadores, les reduce los salarios, les arrebata las conquistas sociales, los reduce a la inestabilidad constante, abusa de los jubilados, se burla de los pobres, de la salud, de la educación, del desempleo, etc., siempre bajo el engaño y la trampa de poner el presupuesto nacional en equilibrio como la única manera de mantener el crecimiento económico. Crecimiento económico que como ya hemos señalado en análisis anteriores favorece sólo a las empresas transnacionales y a la ambición desmedida del capital financiero internacional.

Tres palabrejas han jugado un papel preponderante en la política de los últimos tiempos. La gobernabilidad o sea la desesperada búsqueda de estabilidad política. La concertación o sea la alianza partidaria de sostén del sistema político. Y el consenso o sea el equilibrio de mantener discrepancias -no confrontacionales- entre los partidos políticos, donde inclusive hacen la corte al neoliberalismo ciertas fuerzas del sindicalismo, de la izquierda cristiana y de la ex izquierda marxista. Pero es muy claro que estos visibles componentes del ensamblaje político en defensa del status quo tampoco han servido a los partidos tradicionales ni a la "clase política" para asegurar la permanencia y duración de los presidentes elegidos y sus gobiernos, continuidad vacilante donde todos los que tienen acceso al sistema político, ahora en decadencia, comparten el poder, ya sea en oposición o en alianza.

Los ideólogos y analistas de este tipo de democracia no se explican el fenómeno, la razón de la caída de los gobernantes elegidos cuando todos los esfuerzos se destinan a no hacer olas y a hacer durar el mandato constitucional; y no se lo explican porque olvidan la ausencia de representatividad de las instituciones, olvidan que están situados en el esqueleto de las elecciones generales como sinónimo de democracia y no en el cuerpo vigoroso de la democracia real, aquella de la participación mayoritaria de la población que no tiene acceso al sistema político controlado por una minoría de elementos corruptos e inmorales enganchados a la maraña de los Estados putrefactos. Esta confusión es sencillamente el mal de todos sus males; y lo es fundamentalmente porque la alternancia en el poder a la que todos los partidos aspiran ya no marcha, menos en la mentalidad del ciudadano común y corriente que juzga a todos por igual, porque iguales son en considerar al Estado como un botín para el enriquecimiento ilícito y la desnacionalización de los países en aras de sus bolsillos personales, familiares y amigos.

La llamada crisis de gobernabilidad es, pues, en sí misma, una crisis de representación y también una crisis de valores; una crisis de incumplimiento de promesas electorales, de engaño y trampa porque es imposible cumplir con las reformas sociales mientras el sistema esté reclutado a los designios de los entes internacionales como operadores directos en las políticas nacionales, los mismos que toman las principales decisiones: el FMI, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro norteamericano y la Casa Blanca. Todas estas manifestaciones de debilidad sistémica como bien puede observarse son las gestoras del carácter insurreccional de las fuerzas sociales a través de los GIP que surgen espontáneamente y casi sin dirección política con la mira de derrocar a los presidentes, en lo fundamental, como una manera de simbolizar el desencanto popular debido a una situación de insoportable indiferencia, marginación y pobreza. Sin embargo, la simbología de tirarse abajo a la cabeza del sistema no soluciona el problema de fondo de la inexistente democracia en el sistema político actual de la región, régimen amparado por Estados Unidos, la OEA y la mayoría de los gobiernos de la región. Y entendiéndolo de esta forma son justamente estos defensores del sistema político -y sus cartas democráticas- los que vienen dando salidas institucionales a los GIP antes de enfrentarlos con la represión y el choque de asalto, es decir antes de hacer uso de las fuerzas armadas y policiales. La idea de arreglar el conflicto insurreccional vía la sucesión institucional, significa ni más ni menos que admitir la derrota para quedarse en el poder con otro títere por cabeza. Pero la recompensa de los insurrectos está en la legalización de los GIP, en la aceptación de la derrota por la "clase política" obligada a dar un paso desesperado, un paso que los desestabiliza a futuro. Esta especie de empate estratégico permite a los partidos tradicionales, no nos equivoquemos, a rearmar sus fuerzas a fin que los gobiernos continúen con otro jefe pero con el mismo sistema y hasta con las mismas políticas económicas y sociales. En el futuro, en el caso boliviano, dadas las características de la presión social por la nacionalización de los hidrocarburos, la constituyente, la presencia de las asambleas populares revolucionarias y el peligro de las autonomías regionales con intenciones de desintegración del país, podría darse una evolución distinta a lo que hasta ahora hemos visto con los GIP. Sería, por supuesto, una progresión diferente a ser analizada.

Entonces, prestemos atención que a los numerosos golpes de la insurgencia popular se les ha dado una salida institucional, no escrita en ninguna constitución; y si bien la "clase política" ha seguido una línea de sucesión presidencial en concordancia a la norma constitucional, ésta ha sido forzada y hasta negociada con los insurgentes de las fuerzas sociales, creándose así una jurisprudencia aceptada a regañadientes. Una jurisprudencia, mal les guste, del laberinto social, de la rebelión de los sectores populares, del desafío a la ley, del levantamiento contra la tiranía de aspecto legal, del motín contra las medidas del gobierno, de la revuelta contra los planes del imperialismo nutridos por la servidumbre de los líderes políticos apátridas.