Velasco inició un proceso de ruptura con la oligarquía, los terratenientes y la sujeción al mandato imperialista expulsando de palacio de gobierno, en octubre de 1968, a Fernando Belaúnde, un presidente que si bien llegó al poder como líder progresista en pos de la reforma agraria, la reforma de la empresa y la nacionalización del petróleo, terminó en medio de los escándalos de la corrupción y el inhumano entreguismo que agobia a nuestros pueblos hasta ahora. Allende como sabemos sucumbió en el intento de llevar el socialismo adelante por la vía democrática y constitucional, pero el imperialismo norteamericano terminó con la vida del presidente y su gobierno. Ya para nadie es un secreto que el sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet fue una hechura del gobierno de Nixon y Kissinger; y que la cruenta dictadura militar de los 17 años en Chile contó siempre con el apoyo directo de la Casa Blanca.

Velasco Alvarado fue un general del ejército fuera del estándar, pues encabezó un gobierno de la Fuerza Armada como tratando de vencer con ello el síndrome de todas las derrotas, en especial la de la guerra con Chile. Y desde el comienzo no sólo rompió con la oligarquía y los terratenientes sino, principalmente, con la hegemonía de Estados Unidos en el aspecto militar y económico. La compra de armamento y equipamiento de la Fuerza Armada hasta su modernización más completa en lo fue la historia del país se realizó con la Unión Soviética; y la nacionalización de los yacimientos de Talara pertenecientes a la Internacional Petroleum Company IPC subsidiaria de la Standard Oil y la de todos los yacimientos mineros importantes en manos extranjeras como la Cerro de Pasco, Marcona, etc. marcaron el carácter del proceso y la recuperación de la dignidad nacional. Sin embargo, aquello no fue todo. Lo fundamental del nacionalismo castrense fueron las reformas estructurales hacia una sociedad distinta enumerada como Democracia Social de Participación Plena. En efecto, el proyecto denominado plan Inca inició un camino sindicado como irreversible con la reforma agraria, la reforma de la empresa, la reforma educativa, la reforma judicial, la comunidad industrial (participación de los trabajadores en la gestión y la propiedad de las empresas), la movilización social y el sistema prioritario de propiedad social como base del futuro autogestionario de la sociedad peruana.

La reforma agraria bajo el lema "campesino: el patrón no comerá más de tu pobreza" confiscó de manera radical los latifundios azucareros, algodoneros y todas las propiedades consideradas como una representación antisocial de la tenencia de la tierra. Esta confiscación tuvo dos ejes principales: el de la justicia social, sin llegar a destruir el complejo industrial en torno a la propiedad de la tierra; y el de promoción, a través de la incorporación de nuevas tierras de cultivo, la eliminación del minifundio y la propuesta pro-industrialista de usar los bonos del tesoro público producto del pago a justiprecio de las tierras expropiadas en la creación de empresas productivas de los diversos sectores. Sólo en estos casos los bonos de la reforma agraria se hacían efectivos de inmediato en un cincuenta por ciento de la inversión estimada, el otro cincuenta por ciento lo ponía el inversionista. Dionisio Romero, dueño del banco de Crédito (el principal del Perú) y de múltiples empresas industriales aprovechó al máximo los bonos de la reforma agraria para multiplicar su fortuna. Los resultados hablan por sí solos. El establecimiento de las cooperativas agrarias de producción para operar los latifundios y la creación de distintas empresas asociativas de base campesina con la finalidad de dar cabida al esfuerzo de los agricultores fue otro de los aspectos fundamentales de la ley. Así surgieron las sociedades agrícolas de interés social SAIS, las asociaciones agrarias y las ligas agrarias de campesinos.

Dentro del proyecto de la Fuerza Armada, la sustitución de la gran propiedad privada se encausaba hacia un sistema de propiedad social autogestionaria y hacia la industria básica y estratégica en manos del Estado; allí también podían convivir las empresas privadas medianas y pequeñas reformadas a través de la comunidad industrial. El tránsito progresivo de una sociedad existente a otra totalmente distinta significaba por supuesto la transformación global de las estructuras sociales, económicas y políticas; proceso en el que los sectores populares de marginados urbanos, de trabajadores, obreros y campesinos debían jugar el papel dinámico de la revolución nacional. Sin embargo, planteado el esquema de transformación revolucionaria faltó la clara visión de la institucionalización democrática constitucional que diera legalidad al trabajo organizativo de la población a cargo del sistema de la movilización social. La revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez sí posee esta herramienta fundamental de la legalidad constitucional, ventaja que le da argumento y base en torno a la aplicación de su programa nacionalista, revolucionario y organizativo. No obstante, guardando la distancia de treinta años y las características de cada país, Perú y Venezuela, los proyectos tienen muchas más semejanzas que diferencias. Chávez viene reafirmando el proceso de cambios revolucionarios en permanente consulta popular, disputando a los corruptos partidos políticos tradicionales el espacio ciudadano. Competencia de irrestricto orden constitucional donde la revolución bolivariana lleva una ventaja enorme, habiendo ganado el liderazgo de Chávez ocho consultas nacionales y otras tantas comunales, municipales y estatales. En retrospectiva este ingrediente fue una ausencia sensible en la revolución peruana de la Fuerza Armada y sobre todo de Velasco Alvarado.

Pero no se piense que Velasco Alvarado carecía de sustento popular. Lo tenía, y mucho más que cualquiera de los partidos políticos tradicionales; y lógicamente aflige ahora el que ninguno de sus asesores le hiciera ver la necesidad de refrendar las reformas del proceso a través de una Asamblea Constituyente al tercer año de producidas; y por supuesto su elección como presidente constitucional de la república. Pues creo que de esa ausencia se aprovechó la derecha y las fuerzas retardatarias internacionales para combatir a Velasco hasta derrocarlo, conspiración que también se presenta y seguirá presentándose con Hugo Chávez si se descuida. La institucionalidad de la Fuerza Armada en el proceso peruano jugó el papel principal, sin embargo, pasada la euforia popular por el cambio revolucionario tantos años esperado, no fue suficiente. Faltó la institucionalización del país, más aún porque a inicios del proceso éste nació también como un movimiento militar contrainsurgente habida cuenta de las derrotadas guerrillas del MIR y ELN en 1965. En ese entonces los estrategas de la Fuerza Armada tomaron juicio de un país convulsionado, enfrentado y dividido, sujeto a ser visto bajo la lupa de la justicia social; y no les faltó razón porque al cabo de seis años de derrocado Velasco, Sendero Luminoso inició la insurgencia armada y el MRTA lo suyo propio. Inicio de quince años de una guerra civil en la práctica, la misma que trajo el lamentable saldo de 70,000 víctimas como ha calculado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y todavía no está dicho todo porque el país continúa dividido aún más entre los inmensamente ricos y las grandes mayorías marginadas y hambrientas; situación endeble, sostenida por una legalidad deleznable, espuria y corrompida, auspiciada por el estatuto de Fujimori que presume de ley de leyes, muy acorde a la putrefacción de la clase política en el gobierno. Contexto propicio para los golpes de la insurgencia popular en contra de la usurpación del poder soberano del pueblo.