A la fecha, la experiencia en este aspecto fundamental de la democracia de ser representados en el Estado ha sido muy mala, en tanto los dignatarios del Ejecutivo y el Legislativo han actuado pensando en sus intereses personales y de grupo y nunca en los del país y menos en los de los electores. Los resultados están a la vista y hoy por hoy el naufragio político de la representatividad partidaria es de tal naturaleza que en la práctica nadie cree en nadie; sin embargo, el pueblo tiene de nuevo que elegir sabiendo de memoria que los políticos tradicionales han actuado con desprecio absoluto a las críticas a su comportamiento y que recién, en este nuevo momento electoral, se acuerdan de la existencia y las necesidades de los ciudadanos.

Esta conducta, común en los políticos de turno, significa la falsa democracia, el proceder de quienes conforman la clase política tradicional con sus caducos partidos que la representan. Entonces no resulta extraño, ni llama a sorpresa, que Ollanta Humala, nuevo líder en la contienda aparezca favorito de las preferencias debido al carácter renovador de su propuesta y al discurso nacionalista ausente en la plataforma de los tradicionales. Por ello también, el casi descontado triunfo del comandante Humala es el castigo que la clase política tradicional debe pagar a consecuencia de sus propios actos. Todas las fuerzas representadas en el Congreso actual y el gobierno de Alejandro Toledo son responsables directas de la corrupción y la inmoralidad continuada desde 1980 hasta nuestros días (Belaúnde, García, Fujimori, Toledo.) Fueron estas fuerzas políticas usurpadoras del poder (de acuerdo a la Constitución de 1979) las que prometieron la transición hacia la democracia después de la renuncia por fax de Alberto Fujimori. Y fueron también las que se negaron tercamente a la sistematización jurídica del país; y no sólo sostuvieron el espurio y dictatorial estatuto del delincuente japonés preso en Chile, sino que lo perfeccionaron para seguir facilitando la entrega de las riquezas naturales del país a las transnacionales mineras, petroleras y de servicios públicos indispensables. Por ello no hay equivocación al afirmar que el esquema de esta expoliación nacional, fraude y estafa, es el que se pretende mantener por encima de todos las cosas, debido a que los partidos tradicionales sirven a la globalización y al neoliberalismo como un evangélico puritano sirve la Biblia. Siendo la única diferencia que los políticos se llenan los bolsillos de dinero y los otros lo hacen por satisfacer su fanatismo religioso.

Desde este punto de vista los partidos tradicionales (UN, APRA, AP, PP, FIM y Fujimoristas) ven en el Estado un codicioso botín imposible de perder. Una red organizada de poder corrupto donde se combinan intereses privados de empresarios, jueces, militares, consejeros, abogados, políticos, funcionarios y periodistas. No ven o no quieren ver la crisis sistémica de la clase política tradicional que conforman y sus embustes electorales. Pero a tanta mentira en los últimos 25 años el pueblo ha madurado y ha llegado la hora de negarles el pillaje. De ahí la derrota anticipada de candidatos consumidos en esta descomposición moral como Lourdes Flores, Alan García, Valentín Panigua y Martha Chávez, caras de la misma moneda que representan la globalización que viene arruinando a los países del tercer mundo. Por eso también, todos ellos navegan a favor de salvar el caduco sistema de libertinaje y desenfreno en el que cohabitan hace mucho, sin observar la presencia de gobiernos progresistas en América Latina (Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile) que significan el afianzamiento del movimiento social regional expresado en el rechazo a la imposición del consenso de Washington. Y aunque no se note claramente, estas elecciones del Perú están anexas al mismo desplazamiento social que los tradicionales niegan y combaten a fin de no verse derrotados por la historia. La verdad es que la defensa del Estado-botín juega dos papeles fundamentales con los líderes tradicionales a la cabeza; por un lado la entrega sin condiciones de la economía del país a intereses foráneos o la extranjerización de ella; y por el otro, el mantenimiento de la inmoralidad y la corrupción de las instituciones y los políticos, sin las cuales lo otro no progresa.

Para demostrar en todo su sucio candor este postulado de neoliberalismo y corrupción en nuestros países, los gobiernos mantienen a hombres providenciales como Cavallo en Argentina o Kuczynski en Perú y muchos otros que han jugado el mismo papel de expertos infalibles y apóstoles de la economía moderna globalizada. Individuos que han sido especialistas, gerentes o asesores de empresas transnacionales; de la banca internacional o de sus organismos y casi al mismo tiempo ministros de Estado contratantes con sus ex-representaciones. Afortunadamente en estos días de elecciones en el Perú se ha presentado un escandaloso incidente en el proyecto de explotación del gas natural de Camisea, el mismo que pone al desnudo el comportamiento de la clase política tradicional y los sucios manejos de Alejandro Toledo, los ministros, los funcionarios y los parlamentarios, quienes en un tinglado obsceno fabricaron leyes especiales, anularon contratos, festinaron trámites, permutaron estudios; y además quebrantaron proyectos técnicos que fueron reemplazados por otros de dudosa reputación; y todo ello, con la finalidad de suministrar cuantiosas utilidades a las empresas ligadas (Hunt Oil y subsidiarias) a un ex funcionario internacional convertido en ministro de Economía y luego Primer Ministro.

El desgraciado accidente de la quinta ruptura consecutiva de la tubería principal de transporte del gas natural de Camisea, aparte de las victimas acarreadas y la contaminación del medio ambiente, ha sacado a luz un desvergonzado manejo de enriquecimiento ilícito a ser probado de Toledo y Kuczynski en perjuicio del país, que no solamente frustra la esperanza de gas más cómodo y asequible a los consumidores internos de las principales ciudades, sino también aniquila los pensados réditos de la exportación. ¿Quién no conoce en el mundo de los negociados internacionales al ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski, nada menos que Primer Ministro de Toledo en el cierre grotesco de su advenedizo gobierno? ¿Quién no sabe que este ciudadano extranjero fue respaldado por todos los partidos tradicionales en el Congreso y felicitado por su nombramiento cumbre luego de hacer y deshacer a su gusto en el ministerio de Economía y Finanzas? Pues, este sujeto con la anuencia de Alejandro Toledo y el respaldo de la clase política tradicional ha actuado y actúa como virrey plenipotenciario representando a Estados Unidos y a las empresas transnacionales.

Kuczynski es un reconocido experto protector de los intereses de la globalización privatizadora, hombre que necesitan para invertir en América Latina y por supuesto en el Perú, en condiciones no sólo favorables a las empresas transnacionales, lo cual sería normal, sino mafiosas y delincuenciales a favor de exorbitantes ganancias exoneradas de impuestos. Aquí no se niega la necesidad de la inversión extranjera y de la tecnología avanzada; sin embargo, cuando en estas negociaciones y en las firmas de los contratos intervienen políticos corrompidos como Carlos Andrés Pérez, Alan García, Carlos Menem, Alberto Fujimori, Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Alejandro Toledo y los expertos Kuczynskis, la depredación y la piratería están más que aseguradas porque hay componentes comunes en todos ellos: el cinismo político norteamericano aprendido de Dick Cheney y otros como él diciendo “todo es legal”. Viene al caso nombrar a Cheney porque el vicepresidente norteamericano fue director ejecutivo por varios años de Halliburton Corporation, la empresa más grande del mundo para construcciones de la infraestructura de los campos petrolíferos, hoy en día la principal contratista de la reconstrucción de Irak. Un tanto raro ¿verdad?

Ollanta Humala en este contexto de putrefacción del Estado, ha ganado el apoyo del campo popular orientado hacia la izquierda y de ninguna manera es responsable de los excesos de la clase política tradicional y sus partidos, protagonistas principales de la corrupción inmersa en las grandes inversiones extranjeras, el remate de las empresas públicas, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses.