La
frontera
México-EE
UU (III)*
Grupo
Beta,
guardias
de frontera “eficientes y honestos”
Roberto
Bardini
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“Somos una
nueva generación de policías en México, sin equivalente
en ninguna frontera del mundo”, afirma José María Salazar,
jefe del Grupo Beta en Tijuana. En una pared de su oficina, ubicada junto
a las rejas metálicas de la línea fronteriza con Estados
Unidos, por la que diariamente entran y salen miles de personas, cuelga
un cuadro con la frase: “El Grupo Beta probablemente sea el cuerpo policial
más eficiente y honesto que opera actualmente en el país”.
Sobre el escritorio de Salazar hay
una pequeña cartilla de 28 páginas, titulada Guía
de derechos humanos para migrantes. La tomo y echo un vistazo. En la
página 17, un dibujo muestra dos personas que se protegen detrás
de un fornido agente de civil, quien viste una camiseta con la leyenda
“Beta” y se enfrenta a un maleante armado. En la misma hoja está
escrito: “¿Te encuentras en peligro? Tanto en el norte como en el
sur de México existen los Grupos de Protección a Migrantes,
que están para protegerte de la violencia y los abusos”.
Salazar reconoce: “La verdad es que
todos se aprovechan de los migrantes, incluyendo a algunos malos policías,
agentes de Migración y elementos del Ejército”. El policía
evita cuidadosamente utilizar palabras como “ilegal” o “indocumentado”,
acorde con otra frase enmarcada en su despacho: “Para el gobierno mexicano,
ni los migrantes extranjeros que ingresan al país, ni los migrantes
mexicanos que salen de él, son ilegales”.
Los Grupos de Protección a
Migrantes se crearon el 29 de agosto de 1990, con 45 integrantes: 15 del
Instituto Nacional de Migración, igual número de la Policía
Ministerial del Estado y otro tanto de Seguridad Pública Nacional.
“El Grupo Beta es una fuerza municipal, estatal y nacional. Su principal
tarea es asesorar, apoyar y proteger a los migrantes”, explica el jefe
del Grupo Beta en Tijuana.
Quizá lo que efectivamente
hace original a esta fuerza de tareas, y la diferencia de otras policías
fronterizas del mundo, es que trabaja en coordinación con diversas
instituciones oficiales y privadas: Relaciones Exteriores, la secretaría
de Salud y la Procuraduría General de la República (fiscalía).
También coordina su acción con organizaciones no gubernamentales,
grupos de derechos humanos, organismos de protección a la mujer,
el Ejército de Salvación y la Asociación Cristiana
de Jóvenes, conocida internacionalmente por sus siglas en inglés:
YMCA. Todas estas instituciones procuran alojamiento, asistencia médica
y alimentos a los migrantes mexicanos y centroamericanos rescatados del
desierto, asaltados por forajidos o deportados por el Servicio de Inmigración
y Naturalización (SIN) de Estados Unidos.
“El SIN y la Patrulla Fronteriza
no ven al migrante como una persona pacífica que llega a trabajar;
lo consideran un criminal, ni siquiera un delincuente”, declara Salazar.
“Delincuente es alguien que comete un delito, que puede ser menor; criminal,
en cambio, es alguien que ejerce un acto violento, un hecho de sangre.”
Existen diez Grupos Beta, repartidos
en Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, aunque su prestigio
no es parejo. Se han divulgado denuncias de que en Mexicali, por ejemplo,
hay un grupo denominado Alfa que “cobra peaje” a los polleros o
coyotes que transportan a indocumentados a territorio estadunidense
y extorsionan a los migrantes que intentan cruzar la frontera por su cuenta.
La fuerza adquirió triste
notoriedad el 8 de junio de 2000, cuando un equipo de televisión
de Matamoros (Tamaulipas), registró las imágenes de dos indocumentados
que se ahogaban en el río Bravo al intentar huir de la Patrulla
Fronteriza de Brownsville (Texas), ante el escaso o nulo esfuerzo por rescatarlos
de integrantes del Grupo de Protección a Migrantes de la región.
El video muestra a dos jóvenes que pierden la vida mientras los
agentes se demoran en arrojarles una cuerda desde la orilla y evitan mojarse
los pies. Para colmo, después trascendió que ninguno de los
policías sabía nadar.
El antropólogo Víctor
Clark Alfaro, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de San Diego y director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana,
opina que el Grupo Beta de esta ciudad cumple una función positiva
y no ha sido corrompido. “Me refiero específicamente a la fuerza
en Tijuana, donde me consta que desarrolla una labor eficiente”, aclara
el profesor, quien facilitó la entrevista con José María
Salazar. “Tengo entendido que en otros lugares hay malos elementos dentro
de las filas del grupo, que le dan una imagen verdaderamente vergonzosa”.
Del activista por los derechos humanos
no puede decirse que sea miedoso o intente quedar bien con la autoridad:
desde hace años ha denunciado públicamente a contrabandistas
de armas, narcotraficantes y funcionarios corruptos, entre ellos policías,
oficiales de aduanas y agentes migratorios. En dos ocasiones sufrió
atentados contra su vida. Actualmente se desplaza con un custodio armado.
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* Tercero de una serie de seis
artículos
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