En fecha reciente, en varias regiones de México, los precios de las tortillas subieron más del 50%. En enero, en Ciudad de México, decenas de miles de trabajadores y campesinos realizaron una demostración en El Zócalo, la plaza central de la ciudad, para protestar por el alto costo de las tortillas.

En respuesta, Gl gobierno del Presidente Felipe Calderón llegó a un acuerdo con productores y minoristas mexicanos para limitar el precio de las tortillas y de la harina de maíz, muy probablemente una solución temporal.

El alza de precios amenaza al producto principal de comida de los trabajadores mexicanos y los pobres. Forma parte de lo que nosotros podríamos llamar el efecto etanol, una consecuencia de la estampida de Estados Unidos hacia el producto energético basado en el maíz como un sustituto del petróleo, cuyas más importantes fuentes, por supuesto, están en regiones que desafían con más ahínco el orden internacional.

También en Estados Unidos el efecto etanol ha aumentado el precio de la comida en una apmlia gama, incluyendo otras cosechas, la ganadería y las aves de corral. La conexión entre la inestabilidad en el Medio Oriente y el costo de alimentar a una familia en Estados Unidos no es directa, claro está. Pero, como en todo comercio internacional, el poder inclina la balanza. Una meta principal de la política exterior de EEUU ha sido, por largo tiempo, crear un orden global en el cual las corporaciones norteamericanas tengan libre acceso a los mercados, recursos y oportunidades de inversiones. El objetivo es comúnmente llamado “libre comercio”, una posición que cuando se la examina colapsa rápidamente.

No es diferente a lo que Gran Bretaña, una predecesora en la dominación mundial, imaginó durante la última parte del siglo XIX, cuando adoptó el libre comercio, después de que 150 años de intervención estatal y violencia habían ayudado a la nación a conseguir un poder industrial mucho más grande que el de cualquiera de sus rivales.

Estados Unidos ha seguido en gran parte el mismo modelo. Generalmente, las grandes potencias se muestran deseosas de entrar en cierto grado limitado de libre comercio cuando están convencidas de que a los intereses económicos bajo su protección les va a ir bien. Esto ha sido, y sigue siendo, un atributo primario del orden internacional.

El auge del etanol continúa el modelo. Tal como lo indican los expertos en agricultura C. Ford Runge y Benjamin Senauer en el actual número de “Foreign Affairs”, “la industria del biocombustible ha estado por largo tiempo dominada no por las fuerzas del mercado, sino por la política y por el interés de unas pocas empresas grandes”; en gran parte, por Archer Daniels Midland, el productor más importante de etanol.

La producción de etanol es factible gracias a subsidios estatales sustanciales y a tarifas muy altas para excluir un etanol brasileño basado en azúcar, mucho más barato y más eficaz. En marzo, durante el viaje a Latinoamérica del Presidente George W. Bush, el único logro proclamado fue un acuerdo con Brasil para una producción conjunta de etanol.

Pero Bush, al mismo tiempo que declamaba la retórica del libre comercio para los otros a la manera convencional, enfatizaba que las altas tarifas para proteger a los productores de Estados Unidos se mantendrían, por supuesto junto con las muchas formas de subsidios gubernamentales para la industria.

Pese a las enormes ayudas a la agricultura, financiadas por los contribuyentes, los precios del maíz y las tortillas han estado subiendo con gran rapidez. Un factor es que los usuarios industriales de maíz importado de Estados Unidos comienzan a adquirir las variedades mexicanas más baratas usadas para las tortillas, incrementando así los precios.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) de 1994, patrocinado por Estados Unidos, también puede jugar un rol significativo, que probablemente aumentará. El impacto del tratado fue inundar a México con exportaciones de agroempresas fuertemente subsidiadas, desalojando de sus tierras a productores del país azteca.

El economista mexicano Carlos Salas ha demostrado que después de un aumento estable hasta 1993, el empleo en la agricultura comenzó a declinar cuando el TLC entró en vigencia, principalmente entre los productores de maíz; una consecuencia directa del tratado, concluyen él y otros economistas. Una sexta parte de la fuerza mexicana de trabajo en la agricultura ha sido desplazada durante los años del TLC, y el proceso continúa. Eso reduce los salarios en otros sectores de la economía y propulsa la emigración hacia el vecino del Norte.

Max Correa, secretario general del grupo Central Campesina Cardenista, estima que “por cada cinco toneladas adquiridas a productores extranjeros, un campesino se vuelve candidato para emigrar”.

Tal vez sea más que una coincidencia que el ex Presidente Bill Clinton militarizara la frontera mexicana, previamente bastante abierta, en 1994, junto con la implementación del TLC.

El régimen de “libre comercio” conduce a México del autoabastecimiento de comida hacia la dependencia de las exportaciones de Estados Unidos. Y a medida que el precio del maíz aumenta en este país, estimulado por el poder de las corporaciones y la intervención estatal, uno puede anticipar que el precio de las materias primas puede continuar aumentando de manera drástica en México.

Cada vez más, los biocombustibles posiblemente van a “hacer pasar hambre a los pobres” del mundo, según Runge y Senauer, en la medida en que las materias primas sean convertidas en producción de etanol para los privilegiados. El casabe en el África subsahariana es un ejemplo palpable y ominoso de ello.

Mientras tanto, en el sudeste asiático, las selvas tropicales son taladas y quemadas para obtener aceite de palma destinado al biocombustible, y hay también en Estados Unidos amenazantes efectos en el medio ambiente a raíz de la producción del etanol basado en el maíz.

El alto precio de las tortillas y otros crueles caprichos del “orden internacional” ilustran la interconexión de los eventos, del Medio Oriente al Midwest, la región central de Estados Unidos, y la urgencia para establecer comercios basados en acuerdos verdaderamente democráticos entre las personas, y no en intereses cuya voracidad principal son las ganancias para las corporaciones protegidas y subsidiadas por un Estado que dominan ampliamente, sin importar el costo humano que ello conlleve.

(The New York Times Syndicate)