La urgencia por detener la proliferación de armas nucleares y
avanzar hacia su eliminación, difícilmente pudo ser mayor. Un
fracaso en hacerlo conducirá casi con certeza a sombrías
consecuencias. Pero por muy amenazante que sea la crisis, existen
los medios para diluirla.
Antes de 1979, cuando el Sha estaba en el poder, Washington
apoyaba con firmeza estos programas. Hoy, el argumento estándar es
que Irán no necesita energía nuclear, por lo tanto tiene que estar
desarrollando un programa armamentista secreto. El año pasado, Henry
Kissinger escribió en “The New York Times”: “Para un gran productor
de petróleo como Irán, la energía nuclear es un despilfarro en el
uso de sus recursos”. Sin embargo, hace 30 años, cuando Kissinger
era secretario de Estado del Presidente Gerald R. Ford, sostuvo que
“la incorporación de la energía nuclear contribuirá, tanto a las
crecientes necesidades de la economía iraní como a liberar las
reservas de petróleo para su exportación o su conversión
petroquímica”.
El año pasado, Dafna Linzer, del “Washington Post”, preguntó a
Kissinger sobre su cambio de opinión. Kissinger respondió con su
atractiva franqueza habitual: “Era un país aliado”. Linzer escribió
que, en 1976, la administración Ford “respaldó los planes iraníes
para construir una industria masiva de energía nuclear, pero también
trabajó duro para llevar a cabo un acuerdo por miles de millones de
dólares que habría permitido a Teherán controlar grandes cantidades
de plutonio y uranio enriquecido, las dos vías a la bomba nuclear”.
Los principales planificadores del Gobierno de Bush II, que ahora
denuncian estos programas, ocupaban en ese tiempo puestos claves en
seguridad nacional: Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz.
Los iraníes, de seguro no están dispuestos como los occidentales
a echar la historia al tacho de basura. Saben que EEUU, junto a sus
aliados, los han venido atormentando por más de 50 años, desde que
un golpe militar anglo-estadounidense derrocó al Gobierno
parlamentario e instaló al Sha, quien gobernó con mano de hierro
hasta que una sublevación popular lo expulsó en 1979.
Después, la administración Reagan apoyó la invasión a Irán por
las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein, brindándole a éste ayuda
militar y de otros tipos que le sirvió para masacrar a cientos de
miles de iraníes y kurdos iraquíes.
Luego, vinieron las duras sanciones impuestas por el Presidente
Clinton, seguidas por las amenazas de Bush de atacar a Irán; en
ambos casos, serias violaciones a la Carta de Naciones Unidas. El
mes pasado, el Gobierno de Bush accedió condicionalmente a unirse a
sus aliados europeos en conversaciones directas con Irán, pero se
negó a retirar la amenaza de ataques. La historia reciente brinda
buenas razones para ser escéptico en torno de las verdaderas
intenciones de Washington.
De acuerdo a Flynt Leverett, por entonces funcionario de alto
rango en el Consejo de Seguridad Nacional de Bush, en 2003 el
Gobierno reformista de Mohammad Khatami propuso “una agenda para un
proceso diplomático tendiente a resolver de modo coherente todas las
diferencias bilaterales entre EEUU e Irán”. Se incluían “las armas
de destrucción masiva, una solución al problema israelo-palestino
sobre la base de dos Estados, el futuro de la organización libanesa
Hezbollah y la cooperación con la Agencia de Control Nuclear de
Naciones Unidas”, según informó hace un mes el “Financial Times”. La
administración Bush se negó y reprendió al diplomático suizo que
transmitió la oferta.
Un año después, la Unión Europea e Irán alcanzaron un compromiso:
Irán suspendería temporalmente el enriquecimiento de uranio y, a
cambio de ello, Europa le daría seguridades de que EEUU e Israel no
atacarían al país asiático. Bajo presión estadounidense, Europa dio
pie atrás e Irán reanudó su proceso de enriquecimiento.
Hasta donde se sabe, los programas nucleares iraníes se amoldan
al artículo IV del Tratado de No Proliferación, que concede a los
Estados no nucleares el derecho a producir combustible para energía
nuclear. La administración Bush argumenta que el artículo IV debería
ser reforzado, y creo que esto puede tener sentido.
Cuando el tratado entró en vigor, en 1970, existía una brecha
considerable entre la producción de combustible para energía y su
producción para armas nucleares. Pero los avances en la tecnología
han estrechado la brecha. Sin embargo, cualquier revisión semejante
del artículo IV tendría que asegurar un acceso irrestricto para el
uso no militar, de acuerdo al compromiso inicial del tratado entre
las potencias nucleares y los Estados no nucleares.
En 2003, una propuesta razonable en este sentido fue formulada
por Mohamed el Baradei, jefe de la Agencia Internacional de Energía
Atómica. Consistía en que toda la producción y procesamiento de
materiales utilizables en armamentos se pusiera bajo control
internacional, dando las “seguridades de que los futuros usuarios
legítimos obtendrían sus suministros”. Propuso que ello fuera el
primer paso hacia la plena implementación de la resolución de
Naciones Unidas de 1993 para un Tratado de Interrupción de
Materiales Fisibles (Fissban).
Que yo sepa, la propuesta de El Baradei ha sido aceptada por un
solo Estado: Irán. El Gobierno de Bush rechaza un Fissban
verificable y está practicamente sólo en esa posición. El Comité de
Desarme de la ONU votó a favor del Fissban verificable en noviembre
de 2004, por 147 contra 1 (EEUU), con dos abstenciones, de Israel y
Gran Bretaña. A EEUU se le unió después Palau (Micronesia).
Hay maneras de mitigar y probablemente de acabar con estas
crisis. La primera es terminar con las más que creíbles amenazas de
EEUU e Israel, que prácticamente obligan a Irán a desarrollar armas
nucleares como elemento disuasivo.
Un segundo paso podría ser unirse al resto del mundo aceptando un
tratado Fissban verificable, así como la propuesta de El Baradei o
algo parecido. Un tercer paso sería apegarse al artículo VI del
Tratado de No Proliferación, que compromete a los Estados nucleares
a hacer esfuerzos “de buena fe” para eliminar las armas nucleares,
una obligación legal vinculante, como lo ha determinado la Corte
Internacional.
Ninguno de los Estados nucleares ha cumplido con esa obligación,
pero EEUU es quien más la viola. Pasos claros en estas direcciones
podrían mitigar la crisis que se avecina con Irán. Sobre todo es
importante acoger las palabras de Mohamed El Baradei: “No hay
solución militar para esta situación. Es inconcebible. La única
solución perdurable es una solución negociada”. Y está al alcance.
(The New York Times Syndicate)