El informe de Europol –organismo de inteligencia creado en virtud del Tratado de Maastricht de 1992– establece que en 2006, el año investigado, se produjeron 498 atentados terroristas en las naciones de la UE, de los cuales 424 fueron realizados por grupos independentistas, 55 por anarquistas y de extrema izquierda, 17 por actores varios, uno por extremistas de derecha y uno por islamitas. Sin embargo, el informe señala que “a pesar del escaso número de ataques terroristas islamitas, la mitad de los arrestados por terrorismo son islamitas”. De los 706 arrestados, 257 son ciudadanos de países islámicos y el organismo sólo ha desarticulado tres operativos en estado de diseño o de preparación o a punto de llevarse a cabo en Dinamarca, el Reino Unido y Alemania. ¿Acaso ese relativamente exagerado número de detenciones algo tendría que ver con las tensiones raciales y la barrera contra los inmigrantes que levantan los gobiernos de la UE? Pareciera.

“El terrorismo islamita es claramente una prioridad”, subraya Max-Peter Ratzel, director de Europol, en el prefacio del informe. Tal vez por eso de sus 44 páginas, nueve se dedican al análisis del terrorismo islamita, cinco al terrorismo de ETA, Taldes Y, el Frente de Liberación Nacional de Córcega y la Unión de Combatientes Corsos y no más de tres al terrorismo de extrema izquierda. El otro merece una calificación especial: “La violencia de extrema derecha se investiga principalmente como extremismo de extrema derecha y no como terrorismo de extrema derecha”. Diferencias son diferencias. Los países más afectados por el terrorismo independentista –así lo define el informe– son España y Francia, que en el 2006 han padecido el 60 por ciento de atentados de esa índole.

Menos del 10 por ciento de los detenidos en relación con atentados islamitas son sospechosos de planear o llevar a cabo operativos terroristas. Ante la falta de pruebas de su participación concreta en tales actividades, el informe de Europol hace centro en los que llama delitos de propaganda y lamenta la ausencia de leyes y reglamentaciones que permitan investigarlos y penalizarlos. Destaca que la propaganda islamita es hoy “más refinada, de mejor calidad, más profesional”, que se subtitulan en inglés los videos de dirigentes de Al Qaida y otras agrupaciones terroristas y que “esos hechos pueden indicar que se asiste a una ofensiva mediática global y coordinada de los terroristas islamitas”. Sería natural que las agencias de publicidad atendieran a estas definiciones, aunque no les moleste el apoyo que los grandes medios estadounidenses le prestan al terrorismo que el gobierno Bush despliega, incluso en Europa.

El gobierno de Alemania ha pedido a Interpol, a solicitud de un fiscal de Munich, la detención de 13 norteamericanos sospechosos de participar a finales del 2003 en el secuestro, el traslado a Afganistán, la tortura y la violación del ciudadano alemán Khalid el Masri. El estadounidense tribunal de apelaciones del circuito 4 ha rechazado semejante pretensión. Un fiscal italiano expidió órdenes de extradición de 22 agentes de la CIA y otros cuatro involucrados en el secuestro del clérigo egipcio Mustafá Hassan Nasr, arrancado de una calle de Milán, llevado a Egipto y torturado. John Bellinger, asesor legal de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, anunció ya que EE.UU. no extraditará a sus agentes a Italia y advirtió que la investigación de las actividades secretas de la CIA en la Unión Europea podría socavar la cooperación euro-norteamericana en materia de espionaje (AP, 28/2/07). Como dijera el profesor de Harvard Viktor Mayer-Schoenberger: “Lo que se considera delictivo en Alemania no se considera delictivo en EE.UU.”. Así ocurre en muchos otros lugares del planeta.

El Parlamento Europeo acusó a Gran Bretaña, Italia, Polonia y otros países de complicidad con la CIA en el traslado de sospechosos de terrorismo a prisiones clandestinas de terceros países y registró en un informe que aeronaves de la CIA realizaron con ese fin 1254 vuelos secretos en el espacio aéreo europeo en violación de las leyes internacionales vigentes. Para Bellinger, el informe “carece de equilibrio, es inexacto e injusto”. Para Bellinger, las solicitudes de los tribunales de Italia y Alemania están fuera de lugar: los secuestros y las torturas de ciudadanos inocentes “son simplemente hechos de la vida”.