Juan Gelman - rodelu.net |
31 de enero de 2008
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Página12
de Argentina - 31 de enero de 2008
La doma de los jóvenes bravíos
Hay una verdadera parafernalia para lograrlo en EE.UU.
y el remedio es sencillo: consiste en criminalizar y más, en patologizar a los
jóvenes norteamericanos rebeldes, disconformes con el autoritarismo y que lo
retan. Se los considera trastornados mentales y carne de tranquilizantes,
anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas. La Asociación Estadounidense de
Psiquiatría bautizó el presunto padecer en 1980: porta el nombre de desorden de
oposición desafiante (ODD, por sus siglas en inglés) y no se aplica a los
delincuentes juveniles. Más bien a quienes no incurren en actividades ilegales,
pero muestran “un comportamiento negativo, hostil y desafiante”. Los síntomas
incluyen “desafiar o negarse activamente a cumplir las demandas y normas de los
adultos” y “discutir a menudo con ellos”. Son definiciones oficiales de la
Asociación (alternet.org, 28-1-08).
Juan
Gelman
El especialista en salud mental Bruce E. Levine indica que sus colegas
estadounidenses no toman en cuenta que un medio opresivo suele originar esa
clase de rebelión juvenil y la “curan” con drogas. Las grandes empresas
farmacéuticas, muy agradecidas. Como señalara Fernando Savater, la tendencia a
considerar “enfermos” a quienes se comportan de manera “excéntrica, vituperable
o peligrosa... es una tradición bien documentada desde comienzos de nuestra
época moderna y racionalista” (Clarín, 31-10-04). Existe en EE.UU., desde luego.
John Adams, su segundo presidente y uno de los Padres Fundadores del país,
promulgó en junio de 1798 cuatro leyes de eterna duración: a) el plazo para
optar por la ciudadanía estadounidense se amplió de 5 a 14 años de residencia;
b) el presidente puede deportar a los extranjeros “peligrosos” según su soberana
voluntad; c) el presidente puede expulsar o encarcelar a extranjeros enemigos en
tiempos de guerra; d) toda conspiración contra el gobierno, incluyendo los
disturbios, es un delito mayor.
Otro Padre Fundador, el médico presbiteriano Benjamin Rush, diagnosticó en
1813 que la rebelión contra la autoridad federal centralizada es “un exceso de
pasión por la libertad” y que “constituye una forma de insania”. En 1851, el Dr.
Samuel Cartwright descubrió la “drapetomanía”, mal que, según él, provocaba en
los esclavos el deseo de huir, y también lo que llamó dysaesthesia aethiopis,
enfermedad que impedía que los esclavos prestaran la debida atención a las
órdenes del amo. No había esclavitud, había enfermedades. Hoy sucede lo
mismo.
El gobierno estadounidense necesita una juventud sumisa, dispuesta a
sacrificar su vida en cualquier guerra que a la Casa Blanca se le antoje, y que
no participe en pujas “subversivas” como los movimientos por la paz o en defensa
de los derechos humanos. Drogas aparte, el Pentágono ha tomado medidas para
evitar esos “peligros”, particularmente en las universidades, cuna del rechazo a
la guerra de Vietnam. La ley de prevención de la radicalización violenta y del
terrorismo en el país, aprobada por la Cámara de Representantes, está destinada
precisamente a los campus. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU,
por sus siglas en inglés) ha revelado que el Pentágono acumulaba, en 2006, 186
expedientes de “protestas antimilitares” –algunas calificadas de “amenazas
probables”– de grupos universitarios (The Nation, 25-1-08).
Los cuerpos policiales de dos tercios de las universidades cuentan –según el
Departamento de Justicia– con un arsenal que incluye desde balas de goma y
proyectiles de pimienta hasta rifles y armas semiautomáticas, aunque suelen más
bien utilizar paralizantes eléctricos, esos parientes de la picana eléctrica,
para reprimir manifestaciones. La “guerra antiterrorista” impulsó a incrementar
la vigilancia en los campus mediante incontables circuitos cerrados de
televisión, que se decuplicaron desde el 11/9. La industria electrónica y otras,
muy agradecidas. Por lo pronto, el Departamento de Educación y el FBI han
confeccionado una base de datos que registra a los 14 millones de estudiantes
que solicitaron cada año becas en el período 2001-2006. ¿La razón? Identificar a
“gente de interés” por su posible vinculación con alguna “actividad
terrorista”.
Los estudiantes extranjeros gozan de una vigilancia especial: el Departamento
de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) lleva registrado el nombre
de más de 4,7 millones de ellos, aunque sólo uno de cada veinte indocumentados
ingresa en la universidad. Algunos carecen de medios y otros tienen buenas
razones para no hacerlo: no pocos fueron deportados antes de graduarse. Pero no
todos los estudiantes son candidatos a demonio para el DHS: otorga becas a
alumnos y profesores para “promover una cultura de la seguridad interior en la
comunidad académica” y ha fundado seis centros de excelencia en la materia
(www.dhs.gov). Se trata de crear “un capital intelectual” contra el terrorismo.
Más bien parece que el DHS se aplica a controlar estrictamente todo capital
intelectual.
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