Las causas son varias: una es la cultura dominante, que ha clavado en las mentes la libertad de los dueños como sinónimo de libertad de prensa; otra, que las corporaciones mediáticas siguen ocultando los hechos. Omiten que, salvo pocas excepciones, los medios de comunicación de Venezuela -en más de 80 por ciento privados-, además de cubrir diariamente de improperios y calumnias a las autoridades, con frecuencia llaman, abierta o solapadamente, al golpe de Estado y al asesinato del presidente. No hago una afirmación sesgada. Invito al lector a tomarse unos minutos y buscar en Youtube u otros sitios de Internet los videos que documentan mi aserción. Son particularmente interesantes los que muestran las trasmisiones de las cadenas venezolanas sobre el golpe de Estado de 2002. La convocatoria desenfrenada a salir a la calle y poner fin a la "tiranía", el aplauso a los golpistas y a la clausura por decreto de las instituciones republicanas. Cuando el pueblo, en efecto, inundó las calles, pero para derrotar la asonada y rescatar al presidente secuestrado, llenaron dos días sus pantallas con películas y dibujos animados. Apenas dormí entonces. Seguí paso a paso el golpe en diversos medios y la reacción popular por la televisión cubana, única en el mundo en reportarla, al extremo de que ante el hecho irreversible del victorioso contragolpe se convirtió en fuente de la misma maquinaria mediática internacional, puesta en apuros al haber anunciado hasta última hora lo contrario. Sus enviados en Caracas quedaron desacreditados. Recuerdo que CNN, sin solución de continuidad, se vio obligada a sustituir con Lucía Newmann al personal que hasta minutos antes ocultaba deliberadamente el desbordamiento del pueblo reclamando el regreso del presidente cuando ya, junto a los militares constitucionalistas, había barrido al gobierno ilegítimo de Carmona El breve.

El debate, pues, no es sobre la libertad de expresión en Venezuela, sino sobre el deber constitucional de una república de defender el mandato entregado por los votantes. ¿Permitiría otro gobierno legalmente constituido en el mundo la permanencia de medios que instigan a su derrocamiento por la fuerza y hacen parte activa de éste? La respuesta parecería obvia, pero no lo es porque Chávez, sostenido por un apoyo popular sin precedente, se reservó la adopción de las medidas legales que lo asistían e intentó hacer rectificar a los medios golpistas mediante el diálogo. Lamentablemente, casi todos continúan hasta hoy con la actitud sediciosa.

Lo otro que oculta aterrorizada la mafia mediática es el modelo de comunicación que, cumpliendo preceptos constitucionales, impulsa la revolución bolivariana. Ha creado cientos de medios comunitarios que dan voz a los que nunca la tuvieron, propiciando el desarrollo del debate y del talento que antes no tenía cauce. Teves, la emisora de carácter social que sustituyó a RCTV, amplifica esta orientación a escala nacional apoyándose en productores independientes excluidos hasta ahora, pero también en los silvestres que surgen de los consejos comunales, sindicatos, cooperativas y otras expresiones de poder popular surgidas a estímulo de Hugo Chávez.

Venezuela, Bolivia y, al parecer Ecuador, viven una revolución social e impulsan la que incuba América Latina. El nuevo plan golpista se explica por la obsesión yanqui de aplastarlas.

El fracaso estrepitoso de la Condoleezza, nada menos que en la OEA, donde no encontró oídos receptivos a su bravata antivenezolana, confirma que los tiempos han cambiado. Los pueblos se han puesto en marcha.

Publicado en La Jornada el 7 de junio de 2007