Angel Guerra Cabrera - rodelu.net |
20 de enero de 2008
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Colombia
Forzar a Uribe a una salida política
La liberación de Clara Rojas y Consuelo González por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha hecho tambalear la tozuda
renuencia de Álvaro Uribe, en connivencia con Washington, a dar pasos
reales hacia la distensión del largo y sangriento conflicto bélico en ese
país. Lograda gracias al tesón, la pasión y transparencia –a veces
desconcertante– del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha conseguido,
pese a los obstáculos que puso Uribe, lo que hasta hace unos meses parecía
imposible: reinstalar en la agenda política colombiana e internacional el
tema de la solución negociada al largo y cruento contencioso. Por las
declaraciones de González en Caracas se pudo conocer de las intensas
operaciones de hostigamiento montadas por el ejército colombiano en la
zona donde serían liberadas ella y Rojas, que pusieron en grave peligro
sus vidas y podrían haber abortado su entrega por los guerrilleros a la
Cruz Roja Internacional.
Angel Guerra Cabrera
Frente a la guerra en Colombia hay cuestiones clave a considerar. Ante
todo, que a contrapelo de lo que arguyen Estados Unidos, los pulpos
mediáticos y Uribe, el conflicto armado no se debe a la existencia de la
guerrilla, sino que ésta surgió y ha podido sobrevivir, y hasta
fortalecerse, debido a la hiriente desigualdad económica y social
imperante y a la clausura por el Estado colombiano de los espacios de
participación democrática para grandes sectores de la población, unidos a
un ejercicio inaudito y sistemático de la represión contra la protesta
social y los intentos alternativos de hacer política en el país andino.
Cabe recordar los cientos de activistas de la Unión Patriótica asesinados
cuando las FARC y el Partido Comunista intentaron contender electoralmente
a través de esa denominación, los homicidios de líderes del M-19 después
del proceso de paz con esta organización, los miles de sindicalistas y
luchadores sociales victimados o que permanecen en prisión en la
actualidad. Éstos, por cierto, ignorados por la alharaca mediática con que
se ha manipulado tanto la liberación de Clara y Consuelo como la razonable
propuesta formulada por Chávez de reconocer la beligerancia de las FARC y
del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al objetar esa propuesta aduciendo que sus adversarios en la guerra
civil son terroristas, el régimen colombiano intenta desviar la atención
de su histórica condición de terrorista de Estado, calificado en un lúcido
ensayo del poeta William Ospina, como uno de los “más cerrados” del mundo
occidental. Ninguno de los dos protagonistas del conflicto está en
posibilidad de vencer al otro por las armas, como pretenden Washington y
Uribe. De modo que, para evitar más derramamiento de sangre y luto a los
colombianos y por elemental realismo político no queda más alternativa que
la búsqueda de una solución política negociada entre el gobierno y las dos
organizaciones armadas con participación de las organizaciones
sociales.
Además, al cambiar las condiciones políticas en América Latina el
conflicto armado interpone un enorme obstáculo a las luchas populares y a
la permanencia y surgimiento de gobiernos más democráticos e
independientes de Washington. Esto es así porque ayuda a justificar la
descomunal injerencia de Estados Unidos mediante el Plan Colombia y su
creciente presencia militar en el área sudamericana, le facilita enrolar
al ejército y los paramilitares colombianos en una eventual acción contra
Venezuela o Ecuador que dé pie a su intervención armada y hace imposible
la victoria electoral de una opción popular en Colombia.
Ello explica el gran interés de Washington en impedir un intercambio
humanitario entre las personas en poder de las FARC y los guerrilleros
presos, no digamos una salida política al conflicto. Como también que,
desde la acera de enfrente, el ELN esté tejiendo alianzas dentro de la
sociedad civil para lograr el fin de la guerra. Por eso es tan importante
que las FARC marchen por el mismo camino, pongan punto final a la práctica
de tomar rehenes civiles y otras acciones que los lesionen, exponiendo así
al gobierno de Uribe a una presión nacional e internacional que lo fuerce
a reconocer lo obvio: la beligerancia de las dos organizaciones armadas.
Ése sería el primer paso para llegar a un cese del fuego y a un proceso de
pacificación justo y democrático, seguramente largo y difícil, pero la
única vía para que ganen las mayorías de Colombia y América
Latina.
Publicado en
La Jornada el 17 de enero de 2008
Angel
Guerra Cabrera
Columnista
de La Jornada de México
aguerra_123@yahoo.com.mx
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