La herencia del 11 de septiembre:
la guerra como franquicia

El limpiador multiusos de oposiciones

Naomi Klein *

El hotel Marriot en Yakarta aún ardía cuando Susilo Bambang Yudhoyono, el ministro coordinador para asuntos políticos y de seguridad de Indonesia, explicaba las implicaciones del ataque de ese día.

“Aquellos que critican y dicen que se violan los derechos humanos deben entender que todas las víctimas del bombardeo son más importantes que cualquier asunto de derechos humanos”.

En una frase obtuvimos el mejor resumen, hasta la fecha, de la filosofía que subyace bajo la llamada “guerra contra el terror” de Bush. El terrorismo no sólo vuela edificios; vuela cualquier otro asunto del mapa político. El espectro del terrorismo, el real y el exagerado, se ha convertido en un escudo de la impunidad, protegiendo a los gobiernos de todo el mundo de un escrutinio a sus violaciones a los derechos humanos.

Muchos argumentan que la Guerra contra el Terror (GcT) es la débil excusa del gobierno estadunidense para construir un imperio clásico, siguiendo el modelo de Roma o Bretaña. A dos años de la cruzada, queda claro que esto es un error: la pandilla de Bush no tiene la suficiente consistencia como para exitosamente ocupar un país, y mucho menos una docena.

Bush y la pandilla sí tienen, sin embargo, el empuje de buenos comerciantes, y saben cómo hacer contratos. Lo que Bush ha creado con la GcT™; no es una “doctrina” hacia la dominación mundial, sino más bien un estuche de herramientas fácil de ensamblar para cualquier mini-imperio que busca deshacerse de su oposición y expandir su poder.

La guerra contra el terror nunca fue una guerra en el sentido tradicional de la palabra, carecía de un blanco específico o una locación fija. Es, en vez, una especie de marca, una idea que fácilmente puede ser hecha franquicia, como un limpiador multiusos de oposiciones, por cualquier gobierno en el mercado.

Ya sabemos que la GcT™; funciona con grupos internos que usan tácticas terroristas, como Hamas o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero esa es sólo su aplicación más básica. La GcT™; puede ser usada contra cualquier movimiento de liberación u oposición. También puede ser aplicada liberalmente contra inmigrantes no deseados, latosos activistas de derechos humanos y hasta contra periodistas de investigación que sea difícil quitarse de encima.

El primer ministro israelí, Ariel Sharon, fue el primero en adoptar la franquicia de Bush, arremedando las promesas de la Casa Blanca de “extirpar desde las raíces estas plantas silvestres, destruir su infraestructura”, mientras enviaba bulldozers a los territorios ocupados a arrancar árboles de olivo y tanques para arrasar con las casas de civiles. Pronto, la “infraestructura del terror” de Sharon incluía a observadores de derechos humanos que atestiguaban los ataques, así como a trabajadores sociales y periodistas.

Pronto se abrió una nueva franquicia en España, con el primer ministro José María Aznar extendiendo su GcT™ del grupo guerrillero vasco ETA a todo el movimiento separatista vasco, cuya mayoría es completamente pacífica. Aznar ha resistido los llamados a negociar con el gobierno autónomo vasco y prohibió el partido político Batasuna (a pesar de que, como apuntó The New York Times en junio, “no se ha establecido ningún vínculo directo entre Batasuna y los actos terroristas”). También cerró grupos de derechos humanos vascos, revistas, y el único periódico completamente en vasco. El pasado febrero, la policía incursionó en la Asociación de Colegios Vascos, acusándola de tener ligas terroristas.

Parece ser que este es el verdadero mensaje de las franquicias de guerra de Bush: ¿por qué negociar con tus opositores políticos cuando los puedes aniquilar? En los tiempos de la GcT™, pequeñas preocupaciones como los crímenes de guerra y los derechos humanos simplemente no se registran.

Entre los que cuidadosamente han tomado nota de las nuevas reglas está el presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze. El pasado octubre, cuando extraditó a cinco chechenos a Rusia (sin haber seguido el proceso legal), como parte de su GcT™, declaró que “los compromisos internacionales en derechos humanos pueden palidecer en comparación con la importancia de la campaña contra el terrorismo”.

La presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri, recibió el mismo memorándum. Ella llegó al poder prometiendo limpiar el corrupto y brutal sector militar y traer la paz al convulsionado país. En vez, suspendió el diálogo con el Movimiento por un Aceh libre, y en mayo invadió esta provincia, rica en petróleo, en lo que ha sido la mayor ofensiva militar del país desde la invasión de Timor en 1975. La organización de derechos humanos TAPOL describe la situación en Aceh como “un infierno, un cotidiano repaso del trauma y el mayor miedo, un cotidiano peinar pueblos, captura de personas al azar y, horas después, sus cuerpos son abandonados a la orilla de los caminos”.

¿Por qué creyó el gobierno de Indonesia que se podía salir con la suya en la invasión después de la indignación internacional que lo forzó a salirse de Timor del Este? Fácil: tras el 11 de septiembre, el gobierno catalogó al movimiento por la liberación de Aceh como “terrorista”, lo cual implica que las preocupaciones respecto a los derechos humanos ya no aplican. Rizal Mallarangeng, un alto consejero de Megawati, lo llamó la “bendición del 11 de septiembre”.

Parece que la presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, se siente similarmente bendecida. No perdió el tiempo y lanzó su batalla contra los separatistas islámicos en la sureña región Moro. Como parte de su GcT™, Arroyo, al igual que Sharon, Aznar y Megawati, abandonó las negociaciones de paz y se enfrascó en una cruenta guerra civil, desplazando a 90 mil personas el año pasado.

Pero ahí no paró. El pasado agosto, al dirigirse a soldados en una academia militar, Arroyo expandió la guerra más allá de los terroristas y separatistas armados para que también incluyera a “aquellos que aterrorizan las fábricas que proveen trabajo”, o sea, los sindicatos. Los grupos laborales en las zonas de libre comercio de Filipinas reportan que los organizadores sindicales se enfrentan a crecientes amenazas y las huelgas son disueltas usando una extrema violencia policiaca.

En Colombia, la guerra del gobierno contra las guerrillas izquierdistas ha sido usada durante mucho tiempo como pretexto para asesinar a cualquiera que tenga lazos izquierdistas, ya sean activistas sindicales o campesinos indígenas. Pero hasta en Colombia, las cosas se han puesto peores desde que el presidente Alvaro Uribe asumió el poder en agosto de 2002, bajo una plataforma de GcT™. El año pasado, 150 activistas sindicales fueron asesinados. Como Sharon, Uribe rápidamente se movió para deshacerse de los testigos, expulsó a observadores extranjeros y subestimó la importancia de los derechos humanos. Sólo después de que “las redes terroristas sean desmanteladas... veremos un completo acatamiento de los derechos humanos”, dijo Uribe en marzo.

A veces, la GcT™ no es una excusa para iniciar una guerra, sino para prolongarla. El presidente mexicano Vicente Fox llegó al poder en 2000 prometiendo arreglar el conflicto zapatista “en 15 minutos” y atacar los extendidos abusos a los derechos humanos cometidos por militares y policías. Ahora, tras el 11 de septiembre, Fox abandonó ambos proyectos. El gobierno mexicano no ha tomado ninguna iniciativa por reiniciar el proceso de paz con los zapatistas y la semana pasada, Fox cerró la publicitada oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Esta es la era a la que el 11 de septiembre le dio la bienvenida: la guerra y la represión andan sueltas, no gracias a un solo Imperio, sino a una franquicia global de ellos. En Indonesia, Israel, España, Colombia, Filipinas y China, los gobiernos se han agarrado de la mortal GcT™ de Bush y la están usando para erradicar a sus opositores y para afirmar su poder.

La semana pasada, otra guerra llegó a las noticias. En Argentina, el senado anuló las dos leyes que otorgaban inmunidad a los sádicos criminales de la dictadura de 1976-1983. En aquel momento, los generales llamaban a su campaña de exterminio una “guerra contra el terror”, y usaban una serie de secuestros y ataques violentos a grupos izquierdistas como un pretexto para tomar el poder.

Pero la mayoría de las 30 mil personas que “desaparecieron” durante la dictadura no eran terroristas, eran líderes sindicales, artistas, maestros, psicólogos. Como todas las guerras contra el terror, el terrorismo no era el blanco, era la excusa para librar la verdadera guerra: contra aquellos que se atrevieran a disentir.

(Traducción: Tania Molina Ramírez.
Copyright 2003 Naomi Klein.)