| MASIOSARE/LA
JORNADA de México - 9 de Noviembre de 2003
La ilegalidad de las reformas
en Irak
Un país
hipotecado para siempre
Naomi
Klein
Según expertos en derecho
internacional, si el próximo gobierno iraquí decide que no
quiere ser una sucursal propiedad de Bechtel y Halliburton tendrá
fundamentos legales para volver a nacionalizar los bienes que fueron privatizados
bajo los edictos de la Autoridad Provisional de la Coalición.
No
es demasiado tarde para negarle a los invasores de Irak la miríada
de premios económicos por los cuales se lanzaron a la guerra
Cancelen los contratos. Abandonen
los acuerdos. Hagan trizas las reglas.
Estas son algunas sugerencias de
lemas que podrían ayudar a unificar el creciente movimiento contra
la ocupación de Irak. Hasta ahora, los debates de los activistas
se han enfocado en si la demanda debería ser un retiro total de
las tropas o que Estados Unidos le ceda el poder a las Naciones Unidas.
Pero la discución que gira
en torno a "que se salgan las tropas" no toma en cuenta un importante hecho.
Aún si el último soldado se sale del Golfo mañana
y un gobierno soberano llega al poder, Irak seguiría ocupada: por
las leyes escritas pensando en los intereses de otro país, por las
empresas extranjeras que controlan sus servicios básicos, por el
70% de desempleo provocado por los despidos en el sector público.
Cualquier movimiento que tome en
serio la autodeterminación iraquí debe demandar no sólo
el fin de la ocupación militar en Irak, sino también de su
colonización económica. Eso significa revertir las reformas
de terapia de shock que el administrador estadunidense de Irak, Paul Bremer,
fraudulentamente hizo pasar como "reconstrucción", y cancelar todos
los contratos de privatización que emanan de estas reformas.
¿Cómo se puede lograr
una meta tan ambiciosa? Fácil: mostrando que, para empezar, las
reformas de Bremer son ilegales. Claramente violan la convención
internacional que gobierna el comportamiento de las fuerzas de ocupación,
las Regulaciones de La Haya de 1907 (la compañera de las Convenciones
de Ginebra de 1949, ambas ratificadas por Estados Unidos), así como
el propio código de guerra del ejército estadunidense.
Las regulaciones de La Haya declaran
que una fuerza de ocupación debe respetar, "a menos que se vea absolutamente
imposibilitada de hacerlo, las leyes bajo las cuales se rige el país".
Con gozoso desafío, la Autoridad Provisional de la Coalición
(APC) hizo trizas esta simple regla. La constitución de Irak no
permite que los bienes clave del Estado sean privatizados y prohíbe
que los extranjeros sean dueños de empresas iraquíes. No
hay manera de argumentar que la APC estuvo "absolutamente imposibilitada"
de respetar esas leyes, y sin embargo, hace dos meses, la APC las revocó
unilateralmente.
El 19 de septiembre, Bremer promulgó
la ahora tristemente famosa Orden 39. Anunciaba que 200 compañías
estatales iraquíes serían privatizadas; decretaba que las
empresas extranjeras podían retener 100% de la propiedad de bancos,
minas y plantas iraquíes; y permitía que esas empresas sacaran
100% de sus ganancias de Irak. The Economist declaró que las nuevas
reglas eran un "sueño capitalista".
La Orden 39 también viola
las Regulaciones de La Haya de otras maneras. La convención declara
que las fuerzas de ocupación "serán tomadas en cuenta sólo
como administradoras y usufructuarias de edificios públicos, bienes
raíces, bosques y tierras agrícolas pertenecientes al Estado
hostil, y situados en el país ocupado. Debe salvaguardar el capital
de estas propiedades, y administrarlas de acuerdo a las reglas de usufructo".
El Diccionario de Leyes de Bouvier
define "usufructo" (probablemente la palabra más fea del idioma
inglés) como un arreglo que otorga a una parte el derecho de usar
y derivar beneficios de la propiedad de otro "sin alterar la sustancia
de la cosa". Puesto de manera más simple, si eres una niñera,
puedes comerte los alimentos que están en el refrigerador, pero
no puedes vender la casa y convertirla en condominios. Sin embargo, esto
es lo que está haciendo Bremer: ¿qué podría
alterar más "la sustancia" de un bien público que volverlo
privado?
Por si aún no le quedaba claro
este detalle a la APC, la ley de guerra terrestre del ejército estadunidense
declara que "el ocupante no tiene derecho a vender la propiedad [no militar]
o a hacer un uso de ella para el que no está calificado". Esto queda
bastante claro: bombardear algo no te da el derecho a venderlo. Todo parece
indicar que la APC está consciente de lo ilegal de su plan de privatización.
En un memorándum filtrado, escrito el 26 de marzo, el procurador
general de Gran Bretaña, Lord Peter Goldsmith, advirtió al
primer ministro Tony Blair de que "la imposición de grandes reformas
económicas estructurales no estaría autorizada por la ley
internacional".
¿Un feliz matrimonio?
Hasta ahora, la mayor parte de la controversia
que rodea la reconstrucción de Irak se ha centrado en el derroche
y la corrupción a la hora de otorgar los contratos. Esto no le da
en el clavo a la amplitud de la violación: aunque el remate de Irak
se hiciera con trasparencia total y licitación abierta, de todos
modos sería ilegal por la simple razón de que Irak no es
de Estados Unidos para que lo venda.
El reconocimiento del Consejo de
Seguridad de la autoridad de ocupación de Estados Unidos y el Reino
Unido no provee de una cobertura legal. La resolución de las Naciones
Unidas que se aprobó en mayo requiere que los poderes de ocupación
"acaten a plenitud sus obligaciones bajo las leyes internacionales, incluyendo
las Convenciones de Ginebra de 1949 y las Regulaciones de La Haya de 1907".
Según un creciente número
de expertos en derecho internacional, esto implica que si el próximo
gobierno iraquí decide que no quiere ser una sucursal propiedad
de Bechtel y Halliburton, tendrá poderosos fundamentos legales para
volver a nacionalizar los bienes que fueron privatizados bajo los edictos
de la APC. Esa es la opinión de Juliet Blanch, la encarga legal
de arbitraje en materia energética e internacional del importante
despacho, Norton Rose. Dice que debido a que las reformas de Bremer contradicen
directamente la constitución de Irak, "no acatan la ley internacional
y probablemente no se puedan hacer cumplir". Blanch argumenta que la APC
"no tiene ninguna autoridad o habilidad para firmar esos contratos [de
privatización]" y que un gobierno soberano iraquí tendría
"serios argumentos a favor de volver a nacionalizar sin pagar compensación".
Las empresas que se enfrentan a este tipo de expropiación no tendrían,
según Blanch, "ningún remedio legal".
La única salida para la administración
actual es asegurarse de que el próximo gobierno iraquí sea
todo menos soberano. Debe ser lo suficientemente complaciente como para
ratificar las leyes ilegales de la APC, que entonces serán festejadas
como el feliz matrimonio de los libres mercados y los pueblos libres. Una
vez que eso suceda, será demasiado tarde: los contratos estarán
firmados, los acuerdos hechos y la ocupación de Irak será
permanente.
Razón por la cual las fuerzas
contra la guerra deben usar esta ventana que rápidamente se cerrará
para demandar que el próximo gobierno iraquí esté
libre de los grilletes de las reformas impuestas por Bremer. Es demasiado
tarde para parar la guerra, pero no para negarle a los invasores de Irak
la miríada de premios económicos por los cuales se lanzaron
a la guerra en primer lugar.
No es demasiado tarde como para cancelar
los contratos y abandonar los acuerdos.
(Traducción: Tania Molina
Ramírez. Copyright 2003 Naomi Klein. Una versión de este
artículo fue publicado en The Nation -www.thenation.com) |