Traigan a Halliburton a casa

INCLUSO SI LA VENTA DE Iraq al mejor postor se hubiese llevado a cabo con plena transparencia, seguiría siendo ilegal: Iraq no es de EE.UU.

Naomi Klein *

Hasta ahora, los debates de los activistas se han concentrado en si debe exigirse una retirada total de las tropas, o si Estados Unidos debe entregar el poder a las Naciones Unidas. Pero el debate para “sacar a las tropas” descuida un factor importante. Si son sacados todos los soldados norteamericanos de Iraq y un gobierno soberano asume el poder, esa nación seguirá bajo la ocupación extranjera. Se han redactado leyes en favor de otro país. Corporaciones extranjeras controlan sus servicios esenciales. Y hay un 70 por ciento de desempleo causado por despidos en el sector público. 

Cualquier movimiento serio por la autodeterminación de Iraq debe exigir no sólo el fin de la ocupación militar, sino también el cese de su colonización económica. Eso significa revertir la “terapia de shock” que el jefe civil de las fuerzas ocupantes, Paul Bremer, ha hecho pasar de manera fraudulenta por tareas de “reconstrucción”, y cancelar todos los contratos privados surgidos de esas reformas. 

¿Cómo puede lograrse un objetivo tan ambicioso? Es fácil. Basta demostrar que las reformas de Bremer son ilegales, pues violaron la convención internacional que gobierna la conducta de las fuerzas ocupantes, las convenciones de La Haya de 1907 (complementaria de la convención de Ginebra de 1949, ambas ratificadas por Estados Unidos) así como el código de guerra del ejército norteamericano. 

Las regulaciones de La Haya señalan que una potencia ocupante debe respetar “las leyes vigentes en el país”. La Autoridad Provisional de la coalición ha destruido esa simple norma. La constitución de Iraq prohíbe la privatización de importantes bienes del Estado o la posesión de empresas iraquíes por parte de extranjeros. Y sin embargo, hace dos meses, la Administración liderada por Bremer acabó con esas disposiciones de manera unilateral. 

El 19 de septiembre, Bremer puso en vigor la orden 39, que autorizó la privatización de 200 empresas estatales. Además, se decretó que las empresas extranjeras podían retener un ciento por ciento de la propiedad de bancos, minas y fábricas. Y se permitió a esas firmas sacar de Iraq un ciento por ciento de sus ganancias. 

La revista “The Economist” dijo que las nuevas normas eran “el sueño de todo capitalista”. La orden 39 violó las regulaciones de La Haya también de otras maneras. La convención señala que las potencias ocupantes deben “ser consideradas sólo como administradoras y usufructuarias de edificios públicos, bosques y propiedades agrícolas pertenecientes a un país hostil, y situadas en una nación ocupada. Debe amparar el capital de esas propiedades y administrarlas según las normas del usufructo”. 

El usufructo es un acuerdo por el cual una persona puede utilizar y obtener beneficios de la propiedad de otro “sin alterar la sustancia de la cosa”. Por ejemplo, si una persona está cuidando una vivienda, puede comer los alimentos que hay en la nevera, pero no vender la casa. Y sin embargo, eso es lo que Bremer está haciendo. 

En caso de que la Autoridad Provisional de la coalición desconociera este detalle, la ley sobre guerra terrestre de las fuerzas armadas norteamericanas señala que “el ocupante no tiene el derecho de vender o de utilizar de manera descalificada la propiedad (civil)”. Eso es bastante claro. El hecho de que se bombardee un territorio no da derecho a los atacantes a que lo vendan. 

Existen varias indicaciones de que la Administración encabezada por Bremer sabe bien que el plan de privatización es ilegal. En un memorándum escrito el 26 de marzo, el procurador general de Gran Bretaña, Peter Goldsmith, advirtió al primer ministro británico, Tony Blair, de que “la imposición de reformas económicas estructurales no está autorizada por la ley internacional”. 

Hasta ahora, la mayor parte de la controversia que rodea la reconstrucción de Iraq se ha concentrado en el despilfarro y en la corrupción al otorgar contratos. Pero inclusive si la venta de Iraq al mejor postor se hubiese llevado a cabo con plena transparencia y en licitaciones abiertas, seguiría siendo ilegal, por la simple razón de que Iraq no pertenece a Estados Unidos. Es un país soberano. 

El reconocimiento por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la auto-ridad de ocupación no ofrece cobertura legal. La resolución de la ONU aprobada en mayo pasado exige a las potencias ocupantes “acatar a plenitud sus obligaciones bajo la ley internacional”. 

Según varios expertos en legislación inter-nacional, eso significa que si el próximo gobierno iraquí decide no ser una subsidiaria de Bechtel y Halliburton, tendrá poderosos argumentos legales para volver a nacionalizar los bienes privatizados por los ocupantes. 

Juliet Blanch, directora de arbitraje internacional para la firma de abogados Norton Rose, dice que las reformas de Bremer violan la Constitución de Iraq, y que la Autoridad Provisional de la coalición “no tiene la autoridad o capacidad para firmar esos contratos (de privatización)”. Un gobierno iraquí soberano “tendrá una razón muy seria para volver a nacionalizar sin pagar compensación alguna”. 

La única forma de que la Administración se salga con la suya es asegurarse de que el próximo gobierno de Iraq no sea soberano. Debe ser lo bastante sumiso para ratificar las leyes ilegales de las autoridades de ocupación, que entonces serán celebradas como el feliz matrimonio del mercado libre y del pueblo libre. Una vez eso ocurra, será demasiado tarde. Los contratos serán sellados, los convenios firmados, y la ocupación de Iraq se hará permanente. 

Es por eso que las fuerzas pacifistas deben usar esta ventana que se está cerrando rápidamente para exigir que el próximo gobierno iraquí no sea encadenado por esas reformas. 

Es demasiado tarde para poner fin a la guerra, pero no para negar a los invasores los premios de índole económica que incentivaron la invasión de Iraq. No es demasiado tarde para cancelar los contratos y sepultar los convenios.

* NAOMI KLEIN, periodista y autora de “No logo”, ha dado conferencias en las universidades de Harvard y Yale y en la London School of Economics
© 2003 Naomi Klein
Distribuido por The New York Times Syndicate