Doble juego de enviado de Bush para Irak

Baker tramita condonar deudas,
pero a trasmano cobra 27 mil mdd para Kuwait

Naomi Klein

El Grupo Carlyle, de Baker, es un consorcio que maniobra en secreto para tratar de cobrar 27 mil millones de dólares por cuenta de Kuwait, uno de los mayores acreedores de Irak, y para ello se vale de influencias políticas de alto nivel. Se afirma que Baker no obtendrá beneficios en lo personal, pero el consorcio podría ganar millones en honorarios y comisiones.

Otros países, entre ellos Bahrein, son objeto de las exigencias de Baker para que aligeren la deuda de 200 mil millones de dólares que carga el nuevo régimen iraquí. A Gran Bretaña se le deben más o menos mil millones.

Un litigante internacional describió la estrategia como "tráfico de influencias de la especie más descarada".

Jerome Levinson, experto en ética empresarial y política en la American University, en Washington, declaró a The Guardian: "El consorcio dice al gobierno de Kuwait: 'Con nosotros tienes oportunidad de recuperar una parte sustancial de la deuda. ¿Por qué? Por quienes somos y por lo que sabemos'".

El 5 de diciembre de 2003, cuando Bush designó enviado honorario al ex secretario de Estado, definió su encargo como una "noble misión". Pero Baker es también consejero y socio accionista con una inversión de 180 millones de dólares en Grupo Carlyle, que es un banco comercial y contratista de defensa.

En enero, el consorcio envió al Ministerio del Exterior de Kuwait un documento confidencial de 65 páginas titulado Propuesta para ayudar al gobierno de Kuwait a proteger y hacer efectivas demandas contra Irak, según documentos obtenidos por la revista The Nation, en Nueva York, los cuales se publicaron el 13 de octubre en el sitio web de The Guardian.

En una carta fechada el 6 de agosto de 2004, el grupo informa al ministerio kuwaití que las deudas vencidas de Irak "están en peligro inminente".

Otra carta advierte que la opinión mundial está a favor de la condonación de la deuda iraquí, lo cual se evidencia con "la designación del ex secretario de Estado, James Baker, como enviado personal de Bush para negociar las quitas".

La propuesta del consorcio hace explícita la amenaza: no sólo es improbable que Kuwait vuelva a ver uno solo de sus 30 mil millones de dólares de deuda soberana iraquí, sino que además los 27 mil millones en reparaciones de guerra que Irak debe a Kuwait por la invasión de Saddam Hussein, en 1990, "podrían ser una baja en este esfuerzo estadunidense (de liberación de la deuda)".

Frente a esta amenaza, el consorcio ofrece sus servicios. Su equipo de ex políticos de alto nivel, en Estados Unidos y Europa, tiene "estrecha relación personal con los participantes en las negociaciones previstas" y puede "llegar hasta los encargados de tomar decisiones en Naciones Unidas y en capitales claves".

Kathleen Clark, profesora de derecho en la Universidad de Washington y experta en ética y normas de gobierno, señala que esto significa que el enviado especial se encuentra en "un clásico conflicto de intereses. Baker está en los dos lados de esta transacción: se supone que representa los intereses de Washington, pero también es asesor principal de Carlyle, y éste quiere que le paguen por ayudar a Kuwait a recuperar sus créditos a Irak.

"Carlyle y las otras compañías -añade- explotan la actual posición de Baker para tratar de lograr un acuerdo con Kuwait, que socavaría los intereses del gobierno estadunidense."

La noche del 12 de octubre, un vocero de Carlyle aseguró que la empresa había reducido su participación después del nombramiento de Baker. "Ni Grupo Carlyle ni James Baker escribieron, corrigieron o autorizaron esta propuesta al gobierno kuwaití. Cuando Baker fue nombrado enviado especial, lo cual fue antes de que la propuesta se preparara y enviara, Carlyle restringió explícitamente su papel a invertir activos por cuenta de Kuwait, actividad en la que Baker no tendría papel alguno ni recibiría ningún beneficio de ella."

Según los documentos, Carlyle pretende obtener como parte del trato una inversión extraordinaria de un millón de dólares del gobierno kuwaití.

La propuesta principal consiste en transferir la titularidad de 57 mil millones de dólares de la deuda iraquí a una fundación creada y controlada por un consorcio cuyos principales miembros son Grupo Carlyle, Grupo Albright (encabezado por Madeleine Albright, también ex secretaria de Estado) y otras empresas con buenos contactos.

Conforme al trato, el gobierno de Ku-wait aportaría también al consorcio 2 mil millones de dólares para invertir en un fondo privado creado por éste, y la mitad de esa aportación iría a Carlyle.

Hecha la aportación, el consorcio utilizaría sus contactos personales para persuadir a los líderes del mundo de que Irak debe "maximizar" sus pagos de reparación a Ku-wait. Mientras más dinero logre el consorcio que Bagdad pague en cierto periodo, más cobrará Kuwait, y el consorcio obtendrá una comisión de 5 por ciento o más.

El objetivo de maximizar los pagos de deuda de Bagdad contradice el propósito de política exterior expresado por Washington, de reducir drásticamente la carga de la deuda iraquí.

Chris Ullman, vocero de Carlyle en Washington, reconoció que el consorcio estaba al tanto de que como parte de la propuesta recibiría una inversión de mil millones de dólares: "Estábamos enterados de eso. Pero no tomamos parte en las negociaciones para obtener esa inversión".

"Es decir, ¿ustedes estaban dispuestos a recibir los mil millones, pero no iban a tratar de obtenerlos?", se le preguntó. "Correcto", respondió.

Ullman aseguró que Baker no recibiría beneficios de esa inversión. "Tenemos controles que regulan la forma en que se retribuye a los socios, contamos con una gran oficina de respaldo. Tenemos los mecanismos."

Al preguntársele si la Casa Blanca fue informada de que el consorcio Carlyle estaba en negociaciones con el gobierno de Kuwait sobre las deudas en el momento de la designación de Baker, contestó: "Más tarde les informaré sobre eso".

En documentos confidenciales, el consorcio parece estar más que consciente de la delicadeza de la posición de Baker como socio de Carlyle y al mismo tiempo enviado del gobierno en relación con la deuda.

Inmediatamente después de enlistar a todos los participantes, poderosos asociados con Carlyle -entre ellos el ex presidente George Bush, el ex primer ministro británico John Major y el propio Baker-, el do-cumento expresa: "La extensión en la cual estos individuos pueden tener un papel de-cisivo en la preparación de estrategias es ahora más limitada, debido al reciente nombramiento del secretario Baker como enviado presidencial sobre la deuda internacional, y la necesidad de evitar un aparente conflicto de interés".

Sin embargo, añade que eso cambiará pronto: "Creemos que con el retiro del se-cretario Baker de su encargo temporal (co-mo enviado especial), Carlyle y los destacados individuos asociados con el grupo estarán en libertad de tener de nuevo un papel más decisivo".

El 21 de enero de 2004 las vidas duales de Baker convergieron. Esa mañana voló a Kuwait como enviado especial de Bush. Se reunió con el primer ministro kuwaití, el mi-nistro del Exterior y otros funcionarios de primer nivel, con el objetivo declarado de pedirles condonar las deudas iraquíes.

Los colegas de Baker en el consorcio escogieron ese mismo día para entregar en propia mano su propuesta completa al mi-nistro del Exterior, Mohammad Sabah Salem Sabah, el mismo hombre con quien Baker se reunía.

La propuesta llevaba una carta de presentación firmada por Madeleine Albright; por David Huebner, presidente del bufete jurídico Coudert Brothers (otro miembro del consorcio), y por Shahameen Sheik, presidente de Internacional Strategy Group, compañía creada por el consorcio para los propósitos de este trato.

Shahameen Sheik, quien hizo la entrega, dijo que la fecha fue mera coincidencia. "No tuvo nada que ver con la visita del se-ñor Baker... Yo estaba en la región, y se me ocurrió hacer una parada en el camino a Europa y entregar la propuesta".

La propuesta "toma en cuenta la nueva dinámica que se ha desarrollado en la re-gión", señala la carta de Albright: esa dinámica incluía "las negociaciones del secretario Baker" sobre alivio de la deuda.

Si Kuwait acepta la oferta del consorcio, agrega la carta, "distinguiremos los reclamos de Kuwait -legal y moralmente- de la deuda soberana cuya condonación busca Washington".

Irak es el país más endeudado del mun-do. "Esta deuda pone en peligro las perspectivas iraquíes de salud política y prosperidad económica a largo plazo", expresó el presidente Bush cuando nombró a Baker, en diciembre pasado.

En ese tiempo los críticos expresaron dudas de que Baker fuera la persona idónea para el cargo, pero la Casa Blanca las hizo a un lado. "Jim Baker es un hombre de gran integridad", aseguró Bush a los reporteros. "Tenemos suerte de que haya decidido tomar una parte de lo que es una vida activa y dar un paso adelante para servir a Estados Unidos."

El vocero Chris Ullman declaró en ese tiempo que la nueva misión de Baker no tendría "ningún impacto en absoluto para el Grupo Carlyle".

Un día antes de que se anunciara el nombramiento, John Harris, director gerente de Grupo Carlyle, firmó una declaración dirigida al magistrado Alberto Gonzales, consejero del presidente Bush. En ella afirmaba que Carlyle "no participa en cabildeos o consultas" y que "no tiene inversión alguna en la deuda pública o privada de Irak".

Según los documentos, en la época de tal declaración el consorcio tenía por lo menos cinco meses de haber recibido el encargo del gobierno kuwaití de "preparar una detallada propuesta financiera para la protección y monetización" del pago de reparaciones por Irak.

El encargo fue acordado en una reunión de alto nivel con varios funcionarios kuwaitíes realizada en Londres el 16 de julio de 2003, según los expedientes obtenidos por The Guardian.

La profesora Kathleen Clark señaló que las normas administrativas y penales prohíben a funcionarios del gobierno participar en negocios gubernamentales en los cuales tengan interés financiero, inclusive asuntos que afecten a una empresa extranjera que contrate al funcionario.

En la declaración al magistrado Gonzales, Harris escribió que "el secretario Baker ha renunciado a su participación accionaria en beneficios futuros, si los hay, que pudieran constituir un conflicto con sus deberes oficiales, y no recibirá beneficio personal en sus ingresos como socio de Carlyle de su trabajo como enviado especial del gobierno".

Pero el trato propuesto a Kuwait es tan grande que resulta difícil ver cómo podría Baker escaparse de recibir beneficios: Carlyle pretende obtener una inversión de mil millones de dólares, la cual representa 10 por ciento del valor accionario de la empresa.

Y conforme a esa propuesta, la empresa recibiría beneficios de ese acuerdo por lo menos durante 12 años.

"Incluso si existe algún mecanismo para que Baker no reciba beneficio directo de este trato", señala la profesora Clark, "Carlyle utiliza su posición en el gobierno para beneficiarse." La experta sostiene que ya es tiempo de que la Casa Blanca haga limpieza. "Hay aquí una tremenda necesidad de transparencia."

Según el especialista Jerome Levinson, "lo que proponen es sabotear por completo la misión de Baker, y explotan la conexión que tienen por medio de Baker con Ahmed Fahad, subsecretario del primer mi-nistro de Kuwait". 

Este funcionario kuwaití declaró esta semana: "He visto (la propuesta) y estoy totalmente al tanto de la situación". Pero cuando los periodistas le preguntaron por el papel que desempeña James Baker en esa negociación, respondió: "Es difícil con-testar sobre ese punto, en especial ahora. Espero que me entiendan".